El 9 de mayo finalizó el plazo para presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas que se convertirá en la Futura Ley de Vivienda Vacacional de Canarias, presentada por la Consejería de Turismo y Empleo, dirigida por Jessica de León (PP). Un texto con grandes contradicciones entre la exposición de motivos y disposiciones legales propuestas. Diversos colectivos sociales y ecologistas, así como grupos de expertos en geografía, urbanismo y juristas, y población en general hicieron sus alegaciones en este proceso de participación ciudadana ya que entienden que la vivienda es un derecho y la vivienda vacacional no es un fenómeno que se pueda aislar del contexto social, económico y territorial.
Actualmente, en Canarias existen más de 54.000 viviendas vacacionales registradas, más que antes del anuncio del anteproyecto de ley, y que ofrecen cerca de 200.000 plazas alojativas, sin contar las miles de viviendas irregulares disponibles en los diferentes portales de internet. Este anuncio del anteproyecto ha sido un efecto llamada que ha generado un aumento de unos 70 nuevos alquileres vacacionales por día. La actual normativa sólo permite darse de alta para la Vivienda Vacacional con una declaración responsable y no hay suficiente número de inspectores turísticos para hacer inspecciones. La ley no establece mecanismos de control ni prevé la contratación de inspecciones para garantizar el cumplimiento de la normativa por parte de las VUT. No hay previstas sanciones para los propietarios de viviendas vacacionales que sigan operando incumpliendo los requisitos establecidos, sin pérdida de la licencia, por lo que los propietarios siguen operando incumpliendo la ley. Es una normativa laxa y con unos estándares menores que los que exige la normativa de ordenación turística, por lo que la problemática no ha hecho más que agravarse y dar pie a la especulación inmobiliaria, la gentrificación y turistificación de las zonas residenciales, la escasez y encarecimiento de la vivienda y la consiguiente expulsión de la población de sus espacios, teniendo en Canarias una emergencia habitacional.
La permisividad del Gobierno de Canarias en esta materia está provocando que la vivienda pierda su función social, que es la de habitar. Por ejemplo, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), tres de cada diez viviendas son utilizadas como alquiler vacacional, algo que está expulsando y desplazando a la población local de los pueblos y barrios donde han nacido e imposibilitando el acceso a la vivienda de miles de canarios y canarias. Esta circunstancia es aún más llamativa si tenemos en cuenta la propia Constitución Española, que en su artículo 47 establece claramente que toda la ciudadanía tiene el derecho de disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que, además, son los propios poderes públicos los encargados de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Sin embargo, el ejecutivo canario no solo no cumple con su obligación de defender el interés general, sino que promueve actuaciones completamente contrarias a él y abre la puerta a la turistificación de todos los espacios insulares, desplazando el uso turístico del suelo hasta zonas rústicas, urbanas residenciales e incluso parques naturales.
Es absolutamente necesaria y urgente una normativa que regule, controle y limite el alquiler turístico y ponga fin a la grave crisis habitacional que sufren las islas. Por ello, consideramos insuficiente una Ley de Vivienda Vacacional que no solo no regula la problemática actual sino que, además, la potencia y perpetúa. En España, la ratio de pisos turísticos por cada 100 inmuebles es de 1,29, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En Canarias es de 4,08. Este anteproyecto pone un techo de hasta un 10% incluso al 20% en algunas islas. En vez de disminuir el problema, lo dobla o quintuplica, sin justificar el porqué de esos porcentajes.
El primer paso para regular esta actividad debería ser tener conocimiento pleno de la situación del mercado vacacional en las islas, realizando estudios para catalogar y controlar el número real de viviendas vacacionales existentes, regladas y no regladas. Medidas como una moratoria que permita frenar las nuevas licencias, una tasa o impuesto para esta actividad o los incentivos fiscales para las viviendas vacacionales que vuelvan al alquiler residencial ayudarían a paliar en el corto plazo los efectos negativos de esta actividad. Sin embargo, ninguna de ellas se contempla en la regulación propuesta por el Gobierno de Canarias.
A continuación, detallamos las alegaciones y presentadas por diversos colectivos y por ciudadanía a título personal:
- Realizar estudios para catalogar y controlar el número real de viviendas vacacionales que hay en Canarias, regladas y no regladas.
- Justificación con estudios de capacidad de carga y sostenibilidad de los posibles porcentajes que se establezcan y no arbitrariamente. Necesidad de estudios de impacto.
- Que el porcentaje de viviendas vacacionales implantadas vaya vinculado al número de viviendas construidas y habitables y no al número de viviendas planeadas.
- Regulación más efectiva para abordar la problemática detectada y evitar potenciarla tal como ha sucedido con el anteproyecto planteado disparándose el número de licencias con carácter especulativo.
- Moratoria turística para todo tipo de alojamiento turístico. Que las plazas ofertadas por las viviendas vacacionales sean contabilizadas conjuntamente con el resto de plazas turística de las islas, estableciendo un techo de camas en cada
- Armonización de las políticas propuestas de esta Ley con las establecidas en el Decreto Ley habitacional con las conclusiones de expertos para garantizar una regulación
- Proteger el suelo residencial. Contra la disposición transitoria
- Ajustar los plazos a dos años para el cumplimiento de los requisitos para las viviendas vacacionales para garantizar que estas no sigan contribuyendo negativamente a la crisis habitacional. Agrava la escasez de vivienda para los residentes
- Establecer el porcentaje de la reserva de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística con destino exclusivo para uso residencial y excluyente del uso turístico al alza para las “islas verdes” (en un 95%).
- Determinar el procedimiento de cómo se reducirán los excesos en aquellos municipios que ya superan el límite máximo establecido.
- Aumentar las exigencias a aquellas viviendas vacacionales existentes con al menos la conexión a la red de alcantarillado Implementar control de consumo de agua y contadores individuales en el abastecimiento de estas viviendas. Regular sobre otras cuestiones que ejercen presión sobre el local: aparcamiento, uso de espacios naturales protegidos, ruido, etc.
- Inclusión de un régimen sancionador claro y efectivo para garantizar el cumplimiento de la normativa.
- Aplicación de una tasa o impuesto específico para este tipo de
- Cuestionar el agravio comparativo implícito en la disposición transitoria tercera y solicitar un trato equitativo para todos los propietarios de viviendas en el mercado de alquiler de larga duración.
- Limitar la compra con fines especulativos y protección de pequeños propietarios.
- Aplicar la Ley de Vivienda Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. “Barrios y zonas tensionadas”.
- Aumentar las Medidas de Control y Establecer Protocolos de Verificación en Plataformas
- Por último, queremos añadir que, de manera urgente, debe aprobarse una moratoria que prohíba la tramitación y autorización de nuevas licencias hasta la aprobación de la ley de forma definitiva, ley que debe aplicarse con carácter
Firma la Coordinadora de colectivos de “20A: Canarias Tiene un Límite” de Gran Canaria: Ben Magec-Ecologistas en Acción
Salvar Agaete Regulación Ya ADNV-AAMOC
SOS Maspalomas Recreandome Guanarteme se Mueve Las Kellys Gran Canaria Tanekra
Esas Zorras Lokas Canarias en Brega
Plataforma Salvar Chira-Soria Barranco de Arguineguín El taller de la Isleta
El Legado Cultura y Patrimonio Las Sororas Subversiva
Frente Común por Canarias Tamaimos
Café D´espacio
Tamaranae Activistas. SOS Barranco de Arguineguín
REDESSCAN ( Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales)