Este domingo 28 de julio, la Coordinadora 20A Gran Canaria llevó a cabo una protesta en Maspalomas para seguir denunciando la inacción de los dirigentes políticos, tres meses después de las masivas manifestaciones que se realizaron en todas las islas. Los diferentes colectivos han desplegados sus sillas de playa con carteles reivindicativos como “Piscina + Hotel = ¡Menos Tierra y Agua Pa Comer!”, “Esta playa no es de los hoteleros, es mía que la herede de mis abuelos.”, manteniéndose en silencio y ocupando el espacio como acto de protesta. En este contexto, la Coordinadora 20A señala al Cabildo de Gran Canaria como el principal responsable del deterioro medioambiental y social de la isla. Aunque el Cabildo dice promover un modelo de isla “ecosostenible”, su plan de expansión turística está llevando a Gran Canaria al borde del colapso.
En los últimos 30 años, Canarias ha visto un incremento del 130% en su superficie urbanizada, superando la media estatal del 105%. Este crecimiento desmedido, impulsado principalmente por el turismo, ha devastado las zonas costeras. La construcción masiva de infraestructuras turísticas, junto con la contaminación y la instalación de barreras artificiales, ha alterado gravemente los ecosistemas costeros. El soterramiento de barrancos ha agravado estos problemas, interfiriendo con los sistemas naturales de drenaje y sedimentación, contribuyendo a la erosión de las playas. Además, la contaminación por vertidos es un problema alarmante en Canarias. El 72% de los puntos de vertido al mar no están autorizados, poniendo en riesgo tanto la calidad del agua como la salud pública.
A este desastre provocado por el modelo de desarrollo se añade el cambio climático, que está acelerando la subida del nivel del mar y tendrá un impacto devastador en Canarias. Para 2030, se prevé que todo el litoral canario sufrirá este aumento, con la posibilidad de que entre el 48% y el 80% de las playas desaparezcan para finales de siglo.
Otro de los problemas de esta crisis, que el Cabildo sigue ignorando y que no parece que vaya a remediar, es el acceso a la vivienda. La vivienda vacacional en Canarias ha crecido un 25,7% en el último año, alcanzando cerca de 50.000 establecimientos con un número de plazas alojativas por encima de las 205.000. Este brutal crecimiento, junto con la carencia de una política pública de vivienda que atienda las necesidades de la población, ha provocado el encarecimiento escandaloso de los precios de los alquileres y la concentración de la oferta hacia el negocio de las viviendas vacacionales. Como resultado, el precio medio del alquiler en Canarias ha superado por primera vez los 1.000 euros mensuales, lo que representa aproximadamente el 51% del salario promedio en la región.
Pero la crisis no se limita al territorio ni a la vivienda. Las trabajadoras del sector turístico se enfrentan a jornadas interminables, salarios de miseria y condiciones de trabajo precarias. A estas alturas, no cabe duda de que el modelo turístico en Canarias vive a nuestra costa, mientras nosotras simplemente intentamos sobrevivir.
Exigimos a las instituciones que lleve a cabo todas las demandas sociales que la población canaria gritó en las calles el 20 de abril: el fomento de la vivienda pública, la regulación de la venta de propiedades a no residentes, la implementación de una ecotasa, la moratoria turística, la protección del territorio natural y el fin de la proliferación de la vivienda vacacional.