Hace unos días elperiódicodelaenergía.com publicó un artículo que tituló “El gas natural perderá la batalla contra las renovables en cinco años”. El digital afirmaba que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) no es muy optimista sobre el futuro del gas en el mundo. Según su último estudio Medium Term Gas Market Report 2016, el desarrollo de ese combustible fósil no tendrá un buen comportamiento en los próximos años porque es difícil para el gas competir en un mundo de caída de costes de las renovables y del continuo apoyo de políticas favoreciendo las energías limpias. Según este informe, desde 2012 la demanda mundial de gas solo ha aumentado en un 1 % cada año, una situación muy parecida a la que se da con el resto de los combustibles fósiles.
No se trata de un hecho aislado. La AIE viene publicando este informe desde hace algunos años con las mismas predicciones. La directora ejecutiva de la Agencia ha manifestado en distintos momentos que el crecimiento de las renovables es imparable frente a las energías fósiles por la bajada de sus precios y a pesar de que los subsidios que reciben los combustibles fósiles a escala global son seis veces más elevados que los incentivos económicos que perciben las energías renovables. Y va más allá y llega a afirmar que la implantación de las energías limpias aportará en 2018 el 25 % de la electricidad en el mundo.
La eólica y la solar –especialmente atractiva y competitiva en lugares como Canarias, con altos precios pico en la electricidad-, ganan cada día más posiciones en el mundo en detrimento de los combustibles sucios, aunque la AIE no deja de denunciar también el debate contra las políticas de apoyo a las renovables y por la incertidumbre regulatoria que se produce en muchos países: como está sucediendo en España donde el Gobierno del PP ha suprimido las ayudas a las renovables con carácter retroactivo y a las de nueva generación y ha creado un impuesto al sol disuasorio para el autoconsumo. Una situación bien distinta a la que sucede en Noruega –un país productor de petróleo-, donde todos los partidos políticos, de derechas y de izquierdas, han acordado que en 2025 se prohíba la circulación de vehículos propulsados por combustibles fósiles. Todos los vehículos que circulen por sus carreteras a partir de esas fechas deberán ser eléctricos o propulsados por hidrógeno. O lo que ha sucedido en Chile en los últimos meses donde la industria solar se ha expandido tan rápido que está literalmente regalando la electricidad, como afirma elEconomista.es.
La realidad es que en 2015 la inversión mundial en renovables y la instalación de aerogeneradores, placas solares e hidroeléctricas han vivido el mayor aumento a nivel mundial que se haya visto nunca, según El Mundo. Las orientaciones de la última Cumbre del Clima apuntan en ese sentido: la sustitución de las energías convencionales y sucias por limpias e inagotables y la irrupción de la generación distribuida y el autoconsumo con pequeñas redes locales de distribución. Según el Acuerdo de París contra el cambio climático, en España en 2050 todos los coches deberían ser eléctricos y el 90 % de la electricidad renovable.
No hay otro camino, por más que se empeñen algunos en seguir apostando por el gas en Canarias. Una auténtica locura a tenor de lo que sucede en el mundo. Y en España también. A pesar del desmedido ataque a las renovables por el Gobierno de Mariano Rajoy, la eólica fue la tecnología que produjo la electricidad más barata de España en 2015: un total del 37,1 % de los kilovatios generados, aunque el año anterior supuso el 43 %. Y es que las políticas del Partido Popular en esta última legislatura no han tenido otro objetivo que poner palos en las ruedas a un sector que se había conseguido posicionar como vanguardia mundial en la innovación y en la producción de renovables y que hoy tiene que emigrar buscando nichos de negocios en el exterior. Durante 2015 en España no se instaló ni un solo MW de energías renovables (desde 2013 hasta ahora solo se han instalado 27) mientras en Europa el año pasado se generaban 12.800 MW (Alemania, 6.000, Polonia, 1.300, Francia 1.000, Reino unido, 975…). Aun así, España es el segundo país europeo con energía eólica instalada. Y sucede lo mismo con la solar donde nos ha tomado la delantera hasta Reino Unido, que como todos saben tiene muchas más horas de sol que nosotros. En España se provee de electricidad con fotovoltaicas a 1,4 millones de personas y en Alemania (también con muchas más horas de sol que nosotros) a 5,1 millones…
Quien mejor expresa la posición del PP y del Gobierno frente a este tema es el secretario de Estado de Energía Alberto Nadal, fiel discípulo de José Manuel Soria cuando estuvo al frente del Ministerio de Industria, Turismo y Energía. Para este neocon los autoconsumidores son unos “depredadores” y las renovables son muy caras para el sistema y no se debería “avanzar ni un 1 % en ellas a partir de 2030”. Y defiende a ultranza el gas que se nos pretende vender –por el Gobierno de Canarias también-, como el combustible fósil más respetuoso con el medio ambiente y el compañero ideal para la penetración de las energías renovables.
La realidad es que las presiones de las petroleras y las grandes empresas de generación energética –hasta que consigan hacerse con el mercado de las renovables, claro- no cejan en su intento de vendernos la idea de que el gas es un elemento de transición cuando en realidad lo que está haciendo es competir directamente con las energías limpias en el mundo, afortunadamente cada vez con menos éxito, a pesar de la complicidad de distintos gobiernos de turno. La lucha por seguir instalando plantas de regasificación, ciclos combinados y el resto de infraestructuras (redes, gaseoductos, depósitos, puertos, etc.) se recrudece en Europa, en España (con más virulencia) y nos lo pretenden introducir en Canarias con la misma dinámica, aun sabiendo que es imposible que se pueda después cortar su consumo mientras no se agoten los largos plazos de amortización de las inversiones.
Las grandes productoras de petróleo y gas no escatiman esfuerzos una y otra vez para impedir que se incentive la producción de renovables y el aumento de la eficiencia energética. Y es en España donde mejor apoyo han encontrado sin ninguna duda. Y eso a pesar de que su implantación está siendo ruinosa. Desde 2002 hasta 2011 en España se instalaron 67 plantas de ciclo combinado con una inversión de más de 13.000 millones de euros. En los últimos años su producción ha caído en un 72 %. En la actualidad distintas plantas instaladas por toda la geografía peninsular se han tenido que parar (Huelva, Castellón,…). Red Eléctrica plantea que se deberían cerrar al menos diez ciclos combinados nuevos. Que sobran 6.000 MW de gas. La planta regasificadora de El Musel, en Gijón, se inauguró y ni siquiera se ha puesto en funcionamiento… Según la CNMC se deberían cerrar distintas plantas de ciclo combinado porque muchas de ellas no han funcionado ni al 10 % de su capacidad y porque sería más rentable sustituirlas por renovables. Según un informe de UBS, Europa podría cerrar en los próximos dos o tres años un total de 127 gigavatios de carbón y gas.
Pero se resisten como gato panza arriba. Hace unos días Gas Natural ha presentado una demanda contra el Estado español en la Audiencia Nacional reclamando nada más y nada menos que 400 millones de euros por responsabilidad patrimonial a causa, dicen, del impacto que ha tenido en su cuenta de resultados la expulsión de sus centrales térmicas de gas desde el año 2009 debido a que se sobreincentivó a las renovables. Es algo parecido a lo que hizo Iberdrola cuando se le impidió que cerrara la planta de Arcos de la Frontera y pidió entonces una indemnización de 900 millones. Esto se hace por aquí. En otros lugares recurren directamente al soborno para orientar sus políticas. Hace unos días The Guardian hizo pública una investigación en la que se nos mostraba como el gigante americano de la industria del carbón Peabody Energie financiaba a decenas de organizaciones empresariales y científicas para que negaran el cambio climático…
Lo cierto es que Monitor Deloitte asevera en un estudio reciente que España necesitaría una inversión en renovables para cumplir con los objetivos de Europa de 10.000 millones, lo que conseguiría abaratar el precio de la luz en un 42 %. Y es que en España aumentaron las emisiones en 2015 mientras caían en el resto del mundo. El secreto para Canarias está en la eficiencia (Europa acaba de advertir por incumplimiento a 160 empresas), el ahorro, la generación distribuida, el autoconsumo, las centrales hidroeólicas, las plantas solares, los parques eólicos en tierra y en el mar, la geotermia, la aerotermia, la energía marina, la movilidad eléctrica, el tratamiento limpio de los residuos, la arquitectura bioclimática, la reforestación, la creación de industrias renovables, la formación de los jóvenes para hacer frente a un nuevo modelo energético… Todo eso, menos el gas.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria
