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Alejandro Marichal: “Es insuficiente, pero es un paso necesario. Lo siguiente debe ser la derogación total de la Ley 2/2013, una normativa obsoleta y perjudicial para la gestión del suelo en Canarias”.
El primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana y líder de Coalición Canaria en el municipio, Alejandro Marichal, ha agradecido al presidente del Gobierno de Canarias su mediación para la aprobación de la suspensión definitiva de los procedimientos sancionadores a los residentes en suelo turístico, “una demanda que realizamos a principios de legislatura a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias y que el Consejo de Gobierno ha aprobado a través del Decreto Ley de medidas urgentes que modifica la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias”.
Por otro lado, Marichal destaca que, además de la suspensión de los procedimientos sancionadores, se añade la eliminación del régimen de sustitución, que permitía a la Administración intervenir en establecimientos turísticos que no cumplían su uso. La nueva norma introduce cambios clave, como la regularización del uso residencial en parcelas turísticas preexistentes antes de 2017, la suspensión de sanciones por incumplimiento del uso turístico por un período de hasta tres años y la flexibilidad en la planificación municipal, permitiendo a los ayuntamientos adaptar su normativa a la realidad de cada municipio.
Marichal ha señalado que estos cambios son el resultado de años de lucha para consolidar el uso residencial en suelo turístico y garantizar el derecho a la vivienda de miles de canarios. “Siempre hemos defendido que la normativa turística debe adaptarse a la realidad del Archipiélago. No tiene sentido seguir penalizando a propietarios de viviendas que llevan décadas en estas zonas”, afirmó. Sin embargo, continúa el secretario local de Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana, aún queda trabajo por hacer. “El siguiente paso debe ser la derogación total de la Ley 2/2013, una normativa obsoleta y perjudicial para la gestión del suelo en Canarias”.
“Este decreto soluciona parte del problema, pero la Ley 2/2013 sigue siendo una barrera para el desarrollo equilibrado de nuestro territorio. Es una norma que ha generado inseguridad jurídica, conflictos innecesarios y ha limitado la capacidad de los ayuntamientos para gestionar su propio urbanismo”, destacó el edil.
El primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana sigue adelante con la estrategia municipal de modificar el Plan General con el fin de aclarar “que ha sido, es y será compatible el uso residencial y de segunda residencia con el uso turístico”. Su compromiso, señala, es seguir impulsando medidas que garanticen un modelo turístico sostenible, sin que ello suponga un obstáculo al derecho a la propiedad privada y al desarrollo de las comunidades locales. “No podemos quedarnos aquí. La derogación de esta Ley es el único camino para ofrecer una regulación justa, flexible y adaptada a las necesidades de Canarias, y agradezco al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que haya atendido la demanda de los propietarios y esté trabajando en la derogación final”, concluyó.