Ante los intentos del Gobierno de Canarias de imponer el gas ciudad en nuestra Isla sin contar con la ciudadanía, los ayuntamientos o el Cabildo, me he dirigido a distintas instituciones de la UE para hacerles llegar la oposición del Gobierno de Gran Canaria a una iniciativa que vulnera los principios más elementales de sostenibilidad y cambio climático de la UE y para expresarles nuestro compromiso ineludible y firme en la apuesta por políticas energéticas y sociales de vanguardia, con visión de futuro y adaptadas a las recomendaciones de la comunidad científica, de la Unión Europea y de Naciones Unidas. Este es el contenido literal.
Estimado Sr. Werner Hoyer,
Me dirijo a Vd. para trasladar la más profunda preocupación de la entidad que represento, tras conocer que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha otorgado un préstamo de al menos 125 millones de euros a la empresa privada REDEXIS para financiar la expansión masiva de nuevas estructuras de hidrocarburos (gas) en las Islas Canarias. En este sentido, le ruego intervenga para valorar y activar en consecuencia los oportunos mecanismos de la entidad financiera que preside a fin de reconsiderar dicho préstamo, dirigiendo este importante capital público hacia aquellas actividades que respondan positivamente a los tres principios fundamentales establecidos por el propio BEI. Como Vd. sabe, los objetivos prioritarios de la corporación que representa son: impulsar el potencial de crecimiento y empleo de Europa; apoyar medidas para mitigar el cambio climático y, en tercer término, fomentar las políticas de la UE en otros países. En consecuencia, entendemos que la decisión de sufragar con capital público europeo la actividad expansiva de combustibles fósiles en Europa -o en cualquier otro territorio del planeta-, vulnera los postulados del propio BEI por contravenir explícitamente los acuerdos internacionales de mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI), afectando al tiempo los intereses presentes y futuros sociales, territoriales, económicos y medioambientales de Canarias y, por ende, de la Unión Europea.
La magnitud de la amenaza del calentamiento global en el planeta requiere potenciar con la máxima urgencia el desarrollo de energías renovables y, en esta prioridad, las instituciones públicas europeas desempeñan un papel decisivo por su necesaria contribución para implementar modelos energéticos limpios y sostenibles en todas las geografías de los Estados miembros. Aunque las Islas Canarias poseen unas características climáticas excepcionales para el desarrollo de este tipo de modelos, la realidad actual (2017) cifra en un 92´3 % la cuota de generación eléctrica producida por combustión de hidrocarburos en el conjunto del archipiélago, generando, junto a las emisiones derivadas del tráfico rodado, marítimo y aéreo (más de 17 millones de turistas acudieron a las Islas en 2017) una de las más altas cotas de emisiones GEI de toda Europa. Esta huella de carbono es insostenible desde todas las perspectivas analizadas en las dinámicas de progreso de la Unión Europea, y aunque el grado de dependencia de los hidrocarburos podrá reducirse con la progresiva apertura de futuros parques eólicos proyectados en las Islas, la introducción del gas como fuente energética masiva representa un inaceptable freno a las fuentes renovables impidiendo al tiempo -sin ningún género de duda- alcanzar los objetivos de mitigación desde Canarias instados por la propia Unión Europea y por Naciones Unidas.
El acuerdo suscrito recientemente entre el BEI y REDEXIS, alude a que la inversión dirigida a expandir el gas en Canarias se enmarca en el denominado Plan Junker para impulsar la creación de empleo, el crecimiento y la competitividad en sectores energéticos, medioambientales y lucha contra el cambio climático, pero es evidente que la anunciada inversión del BEI choca frontalmente también con los principios fundamentales del mencionado Plan Europeo. Como puede Vd. verificar, diversos países de la Unión Europea y grandes ciudades del continente abordan en la actualidad el progresivo cierre de plantas y redes de distribución de gas respondiendo a sus firmes compromisos de reducción de emisiones contaminantes, por lo que resulta muy difícil explicar y entender que en Canarias fomenten ustedes políticas antagónicas sobre tan denotados y necesarios esfuerzos.
La inversión capitalizada por el BEI para crear redes de almacenamiento y distribución del gas aire propanado en Canarias, se sustenta, según el promotor REDEXIS, en una supuesta benignidad de este hidrocarburo al conllevar reducciones del 30 % en las emisiones de CO2, del 20 % de GEI, del 85 % de partículas, del 50 % de óxidos de nitrógeno y del 90 % de óxidos de azufre con respecto a otros hidrocarburos. Sin embargo, aun otorgando validez a estos parámetros que en realidad no se cumplen, el aire propanado mantendría emisiones del 70 % de CO2, del 80 % de GEI, del 15 % de partículas, del 50 % de óxidos de nitrógeno y del 10 % de óxidos de azufre con respecto a otros hidrocarburos.
Y expresamos que dichos parámetros no son correctos porque los datos expuestos por los promotores están determinados exclusivamente por las emisiones derivadas de la combustión, excluyendo los cómputos de emisiones generadas en los procesos de extracción, procesamiento, transporte y distribución del hidrocarburo en cuestión. Desde la perspectiva económica, debe Ud. Saber que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo público español, ha rechazado, en un informe del pasado 7 de septiembre, la viabilidad de la regasificadora de Tenerife “hasta que no se disponga de las mencionadas garantías de uso de la planta y de los correspondientes estudios económicos que comprueben la sostenibilidad del sector del gas natural tras la gasificación de las Islas Canarias”.
Es evidente que la inversión de REDEXIS, que podría alcanzar los 500 millones de euros solo en la canalización del gas en decenas de municipios isleños, será finalmente sufragada por la ciudadanía canaria mediante un proceso inherente de endeudamiento durante décadas, incluyendo el riesgo de que, en caso de déficit futuro de la operación, los sobrecostes se cargarían también a los usuarios contractuales del gas en primer término y a los no usuarios en segundo término, como ha sucedido en el caso de la Plataforma Castor (Castellón/Tarragona, España) que el BEI conoce con precisión. También debe Vd. ser informado que la rentabilidad de esta operación debe ser evaluada en relación al volumen de consumidores que decidan contratar voluntariamente el gas en sus domicilios o empresas, y este dato ni está determinado en la actualidad ni puede estimarse porque no existe obligatoriedad para ser contratado; considere Vd. en este contexto que, un número también indeterminado pero importante de usuarios, rechaza hoy este modelo energético en Canarias por razones económicas, de seguridad y medioambientales. En este sentido, es destacado informar que en Canarias no existe, a diferencia de otros territorios continentales europeos, ninguna red tradicional a gran escala de suministro de gas natural o aire propanado, por lo que acometer esta infraestructura en el Siglo XXI cuando las políticas inducen y exigen reducir y eliminar hidrocarburos, es del todo contradictorio y perjudicial. Y especialmente contradictorio en un territorio como las Islas Canarias, dotado de una de las más elevadas riquezas ambientales por su biodiversidad, de un elevado potencial de fuentes renovables y, obviamente, expuesto a serias fragilidades y vulnerabilidades derivadas de los efectos del calentamiento global. Como Usted bien sabe, la política energética de la Unión Europea para las islas de las Regiones Ultraperiféricas, prioriza en el uso de energías limpias para reducir su dependencia de los combustibles fósiles, resultando a todas luces un contrasentido que desde la Unión Europea y desde el Banco Europeo de Inversiones se sufrague una nueva infraestructura de gran magnitud para almacenar, procesar, distribuir, consumir y quemar más combustibles fósiles.
El Banco Mundial anunció el pasado mes de diciembre en París su compromiso para abandonar la financiación de operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos a partir del próximo año 2019, por lo que instamos al Banco Europeo de Inversiones a promover de forma efectiva una senda homóloga de reducción de causas y efectos del cambio climático, focalizar sus inversiones energéticas a las fuentes sostenibles, limpias y renovables, y rechazar con firmeza el respaldo a intereses privados sustentados en la producción y comercialización de combustibles contaminantes con inevitable proyección de declive.
Somos muy conscientes del relevante papel del Banco Europeo de Inversiones en el diseño, avance y consolidación de políticas sociales para beneficio de la población europea, y por ello traslado nuestra más sincera y abierta disposición a cooperar con la entidad que representa en la consecución del conjunto de tan trascendentes objetivos.
Atentamente,
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria
CC:
Mr. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea
Mr. Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo