El Grupo Popular ha presentado una enmienda contra la modificación de la ordenanza que, por la vía de urgencia, pretende aprobar el gobierno Tripartito (Podemos-PSOE-NC) para subir –en algunos casos más del doble- la tasa que el Cabildo cobra a los ayuntamientos de la Isla por el servicio de tratamiento de residuos en los vertederos de la Isla.
El Grupo Popular recuerda, en primer lugar, que existe una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC de abril de 2015, consecuencia de un recurso presentado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que declara nula la ordenanza fiscal reguladora de la tasa.
“Si bien se podría argüir que la sentencia no es firme y que se podría llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento demandante, sería una temeridad pasar por alto una sentencia unánime tan contundente, y cuyos argumentos podrían ser utilizados en cualquier momento por otro demandante”, explica el portavoz popular Felipe Afonso El Jaber.
“Ahondar en sentido contrario a esta sentencia, ignorándola por completo, significa agrandar un problema generando una posible deuda que lastre las cuentas de la Corporación insular, y constituiría además una gran irresponsabilidad (por parte del gobierno Tripartito)”, añade el consejero del Grupo Popular.
Por otra parte, en la enmienda se propone que el Cabildo continúe asumiendo el canon que deben pagar los municipios por el uso de los complejos ambientales de Salto del Negro y Juan Grande, un coste que la Corporación insular podría asumir por el incremento de los ingresos en el presupuesto actual y la previsión de que sigan aumentando en próximos ejercicios gracias al Régimen Económico y Fiscal (REF).
“Los grupos políticos que ahora conforman el gobierno Tripartito, ante una subida de tasas de menos de la mitad de lo que ahora se propone, abogaron en su momento por no repercutir el incremento en los municipios y por establecer una subida del canon progresiva en el tiempo, por lo que en circunstancias económicas mucho mejores resulta incomprensible que no mantengan la misma posición”, recalca Felipe Afonso El Jaber.
Uso fraudulento del trámite de urgencia
El Grupo Popular critica además que, después de tener el expediente paralizado varios meses, el Tripartito pretenda tramitar la modificación de la ordenanza por la vía de urgencia, recortando además a los grupos de la oposición los plazos para la presentación de enmiendas.
A este respecto, el portavoz popular considera que “la declaración de urgencia no puede convertirse en una arbitrariedad para evitar el debate en un tema tan importante, abriendo además el período de exposición pública en pleno mes de agosto, una táctica utilizada habitualmente para aprobar los diferentes asuntos de la manera menos transparente posible”.
Esta pretensión oscurantista del Tripartito se evidencia en el hecho de que, el día antes de ser aprobado por el Consejo de Gobierno el proyecto de modificación de la ordenanza, el consejero del área (el podemita Juan Manuel Brito) se negara en la Comisión de Pleno a facilitar la información requerida por el Grupo Popular.
“No podemos aceptar que, cuando no existe justificación alguna, un tema de esta naturaleza se apruebe por este procedimiento, haciendo un uso abusivo y fraudulento de la urgencia”, subraya Felipe Afonso El Jaber.
Por todo ello, y ante la falta de un estudio económico riguroso que justifique las nuevas tarifas propuestas, el Grupo Popular solicita la devolución de la modificación de la ordenanza propuesta por el Tripartito y la elaboración de una nueva, ya que “es razonable pensar que un tema de esta naturaleza debe ser debatido y consensuado con los ayuntamientos en el Consejo Insular de Corporaciones Locales al afectar directamente a las finanzas municipales.
Cabe recordar que la tarifa por el tratamiento de los residuos municipales pasará de 26,15 euros por tonelada a 53,33 euros (más del doble), mientras que en el caso de lodos y residuos animales, por citar otro ejemplo, la tarifa se triplica al pasar de 17,21 euros a 57,46 euros.