Después de la sentencia del llamado “Juicio al Procés” se debe abrir una nueva etapa cuyo centro debe ser que las élites del Procés respondan, primero ante la sociedad catalana, de todo el daño causado. Se puede, y es plenamente legítimo, coincidir o discrepar de esta sentencia. Lo que no se puede es confundir y mentir, como hacen Torra o Puigdemont.
Nadie ha sido condenado por sus ideas, ni se ha sancionado a millones de votantes, ni siquiera se ha juzgado al independentismo. Lo que el Supremo ha juzgado son los actos de dirigentes concretos que han vulnerado la Constitución, han pretendido fracturar el país y dividir al pueblo.
Las élites del Procés forzaron el Parlament el 6 y 7 de septiembre, silenciando a la oposición para aprobar la “Ley de Referéndum” y las “Leyes de Desconexión con España”. Luego convocaron un referéndum sin las mínimas garantías democráticas. Y esgrimieron la participación del 38% del censo el 1-O para aprobar una DUI que la mayoría rechazaba.
No son víctimas con las que hay que solidarizarse, ni mucho menos son “el pueblo catalán”. Forman parte de una élite que tiene el poder de la Generalitat, y ha colocado un presupuesto autonómico de un cuarto de billón de euros al servicio del Procés.
Los encausados han sido condenados por malversación de fondos. Eso es corrupción. Son una “organización criminal” que saqueó las arcas públicas bajo la bandera del 3%. No son “luchadores víctimas de un Estado represor”. Ellos, junto a Mas, Puigdemont o Torra, han ejecutado los mayores recortes en Sanidad, Educación, ayudas sociales… contra la mayoría de los catalanes.
Calificarlos de “presos políticos”, además de faltar el respeto a muchos luchadores antifranquistas, es respaldar a quienes dividen y enfrentan al pueblo. Y sabemos que se divide para saquear, para que a un pueblo más débil se le puedan aplicar mayores recortes.
Van a intentar utilizar la sentencia para sembrar mayor división y enfrentamiento, utilizándolo para proteger a las élites del 3%, los recortes y la DUI, responsables de todo lo sucedido. No lo podemos permitir.
Las posiciones que reclaman “indultos” o “amnistía” no trabajan por “restaurar la convivencia”, sino por exoneran a las élites del Procés. Habrá tiempo para la generosidad, pero ahora es el momento de que respondan de todo el daño causado. No solo quienes han sido condenados, también Torra a Puigdemont se han enriquecido y aumentado su poder, sembrando división.
Debemos exigir que Torra dimita como presidente de la Generalitat. Y que se convoquen unas elecciones que den lugar a un gobierno que de verdad represente a todos los catalanes, y no excluya a una parte, que revierta los recortes y no robe el dinero público para financiar el Procés.
Solo así podremos desarrollar una convivencia democrática y reforzar la unidad.