Durante las últimas semanas el debate de la inmigración en Canarias vuelve a ocupar el protagonismo de la información en los medios de comunicación y vemos como se repiten situaciones vividas hace una década. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, estuvo la semana pasada en Canarias en una cumbre bilateral entre las islas y el Gobierno de España para hablar sobre inmigración y más concretamente sobre el repunte en la llegada de personas migrantes a las islas en los últimos meses. Pero se fue y no aportó ninguna solución más allá de decir con claridad que la responsabilidad es de Europa. Que Europa obliga a la devolución en caliente a las personas que tocan en nuestras puertas pidiendo asilo. Pero el futuro no parece muy halagüeño si esperamos que sea la misma Unión Europea que tiene a 15.000 personas hacinadas en el campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos -en un espacio preparado para 2.800, en tiendas de campaña y en condiciones insalubres e infrahumanas- la que ofrezca soluciones. Porque además la ausencia de una política común de migración y asilo siempre ha sido una de la principales carencias de la UE.
El principal problema con el que nos encontramos cuando hablamos de migraciones es que gran parte de lo que se dice o se piensa sobre el tema son mitos sin sustento real. Para empezar, la migración (la emigración y la inmigración) no es un problema, sino un fenómeno natural, consustancial a toda la historia de la humanidad. En otras palabras, migraciones han habido, hay y seguirán habiendo. Y Canarias y España son el mejor ejemplo de esto. Entre 1882 y 1935 entre 3,5 y 4,7 millones de españoles emigraron a América Latina. Recientemente la periodista Almudena Ariza recordaba en twitter que en los años 60 unos 2 millones de españoles emigraron a países del norte de Europa. Por su parte Canarias ha sido durante casi toda su historia un pueblo de emigrantes. Tan solo en los primeros 20 años del siglo XX se vieron obligados a salir del Archipiélago en una situación irregular más de 180.000 personas con destino a Cuba, Venezuela y África.
Ahora bien, se trata de un fenómeno complejo, multifactorial y en constante evolución, que si se gestiona mal (como se está haciendo) puede generar serios problemas. Desde vulneración de derechos a las personas migrantes, situaciones de exclusión en los países de llegada, conflictos sociales por la ausencia de políticas de integración y gestión de la pluralidad religiosa y cultural, etc. No obstante, una política migratoria adecuada puede suponer un gran beneficio tanto para las personas migrantes como para sus países de origen y para quienes las recibimos.
Los inmigrantes ingresan a las arcas públicas más de lo que gastan. Según datos de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, a través de un informe de La Caixa, publicado por la Cadena Ser, el 30% del crecimiento del PIB entre mediados de los años noventa y la primera década de este siglo fue consecuencia de la llegada de inmigrantes. Un efecto positivo que se elevó hasta el 50% en el período 2000-2005. Sobre los beneficios para los países emisores baste señalar que en 2018 las remesas (el dinero que las personas migrantes envían a sus familias en los países de origen) multiplicaron por dos toda la ayuda destinada por los países ricos al África subsahariana.
Otra de las ideas que se ha repetido insistentemente en estos días es que hay que apostar por la cooperación al desarrollo con los países de origen para “evitar que emigren”. La cooperación al desarrollo es conveniente y necesaria por razones de justicia y para afrontar retos globales como la pobreza o la lucha contra el cambio climático, pero no solo no va a evitar las migraciones sino que a corto plazo hasta puede contribuir a aumentarlas. Porque la evidencia de las investigaciones en esta materia nos dice que no emigra quien quiere, sino quien puede, porque es un proceso caro que implica un cierto nivel de acceso a la información, ambas cosas inalcanzables para personas en extrema pobreza. El investigador holandés Hein de Haas ha demostrado que los países en los que la diferencia entre inmigrantes y emigrantes es más alta (es decir aquellos en los que emigran muchas más personas de las que llegan al país) son los países con un índice de desarrollo humano medio, en los que el porcentaje de la población que sale del país es del 13%. Obviamente hay circunstancias sobrevenidas por conflictos bélicos, étnicos, políticos, etc, que pueden forzar otra realidad.
Si vemos la procedencia de los inmigrantes que residen en España comprobaremos que las 5 primeras nacionalidades son Marruecos, Rumanía, Ecuador, Colombia y Venezuela. Es decir, son todos países de renta media en lugar de países más pobres como Sudán, Chad, Níger o Haití por poner algunos ejemplos. Lo que vendría a reafirmar esta idea: no son las personas en pobreza extrema las que migran. Porque además otra de las evidencias de la investigación en esta materia es que hay tantas razones y estrategias para migrar como personas que lo hacen y que se trata de un fenómeno muy complejo que no se puede reducir exclusivamente a la variante económica. Lo peor es que entre 2014 y 2016 la Unión Europea se ha gastado 15.300 millones de euros en este tipo de políticas fallidas que solo incrementan la inmigración irregular.
El propio Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmaba en 2018 que “las autoridades que levantan grandes obstáculos a la migración o imponen graves restricciones a las oportunidades de trabajo de los migrantes, infligen un daño económico innecesario a sus propios intereses, ya que imponen barreras que impiden que sus necesidades laborales se cubran de forma legal y ordenada. Lo que es aún peor, esas autoridades involuntariamente alientan la migración ilegal”.
Pero no sólo es que los migrantes contribuyan al desarrollo tanto de sus países de origen como de acogida, sino que además, por cuestiones demográficas, Europa y España (el segundo país más envejecido del mundo solo por detrás de Japón) necesitarán de un flujo constante de personas migrantes. Y para comprobarlo no hay que recurrir a los datos de ninguna ONG, sino a un informe elaborado en 2019 por el actual ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, cuando era presidente de Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). Dicho informe prevé un flujo de entradas netas para el promedio de 2018-50 de 270.000 personas por año lo que significaría que la población migrante alcanzaría en 2050 entre el 13,2% y 16,7% de la población, en línea con el nivel actual en países de nuestro entorno. Una evolución, a juicio de la AIREF que sería coherente con las tendencias a nivel mundial, puesto que se espera un flujo creciente de trabajadores de los países más jóvenes a los más envejecidos así como de los más pobres a los más ricos. La AIREF recalca asimismo que estos flujos migratorios pueden tener un impacto económico positivo más allá de la sostenibilidad del sistema de pensiones.
No estoy proponiendo, como suele manipular la derecha y la ultraderecha, una política de fronteras abiertas e inmigración sin control. Más bien al contrario, lo que provoca una emigración descontrolada, causante de sufrimiento humano, y que dificulta que sea beneficiosa para todos, son las actuales políticas y la construcción de una “Europa fortaleza” a la que hoy por hoy, es muy difícil migrar de manera legal. Es más, una alianza global para gestionar las migraciones de otra manera ayudará a los gobiernos a predecir los flujos por lo que podrán tomar decisiones sobre las cuotas adaptándolas a las necesidades del mercado de trabajo mejorando los beneficios para la economía y pudiendo implementar políticas de acogida e integración.
En lo que respecta a Canarias, a pesar de que hace casi 26 años que llegó la primera patera a nuestras costas, aún no contamos con un sistema de primera acogida y buena parte de los dispositivos dependen de ONG. Pero también es cierto que Canarias, al ser una de las puertas de entrada a Europa necesita de fondos estructurales por parte de la UE y del Estado para poder atender en condiciones a las personas que llegan, que no son ni una invasión ni una avalancha. Aunque en 2019 se produjo un repunte y llegaron por vía marítima 2.000 personas, en 2016 fueron 671, en 2017, 421 y en 2018, 1.307, un número gestionable si existieran recursos y un sistema de acogida.
La única competencia sobre inmigración que tiene el Cabildo de Gran Canaria es la tutela y acogida de los menores no acompañados. En estos momentos la institución insular tiene acogida 175 menores en sus centros, más 83 en otros tres centros gestionados por el Gobierno de Canarias, 258 en total cuando el compromiso adquirido por la FECAI fue el de acoger a 140. Además, el retraso en la realización de las pruebas óseas para determinar la edad implica que hay 61 menores pendientes de resolución, lo que supone saturación de los centros, además del riesgo de que compartan un mismo espacio personas menores de edad, que gozan de una protección determinada, con otras personas mayores. Es necesario, por lo tanto, abrir un dispositivo de emergencia para solucionar la acogida inmediata. Pero estos centros son transitorios y solo se puede estar en ellos un tiempo limitado. Después de ello tienen que entrar en la red insular, en un hogar. El Cabildo ha abierto 4 hogares por la situación actual pero ya están saturados y un informe técnico dice que son necesarios 12 más, algo inasumible con fondos propios. Necesitamos por lo tanto más financiación estatal y europea, más dispositivos y recursos y más movilidad en el Estado para evitar la concentración de estos menores en determinadas zonas, lo que a la larga es perjudicial para todas las partes.
En 2018 todos los Estados miembros de la ONU menos EE.UU. acordaron el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que debe ser el documento que guíe las políticas migratorias a nivel mundial y que marque una senda contraria a la que están siguiendo España y la UE. El primer paso para conseguir una migración que beneficie a todos es abandonar los mitos e ideas preconcebidas sobre las migraciones que está llevando a la UE a malgastar ingentes cantidades de dinero (15.300 millones en dos años en países de origen para frenar las salidas y 17.000 millones en control de fronteras) sin obtener ningún resultado.
Canarias es un pueblo que históricamente ha sido migrante y que gracias a ello ha prosperado y tejido vínculos de amistad con otras naciones. Por eso debemos abogar por una política migratoria que fomente los derechos humanos, el bienestar y el beneficio mutuo. Yo quiero acabar el artículo remitiéndome nuevamente a las palabras del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres: “La migración no debería significar sufrimiento. Debemos tratar de lograr un mundo en el que podamos celebrar la contribución de la migración a la prosperidad, el desarrollo y la unidad internacional. En nuestro poder está alcanzar este objetivo colectivamente. (…) El Pacto Mundial puede ser un hito en el camino para conseguir que la migración realmente beneficie a todos”.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria