- En el pleno celebrado esta mañana en las Casas Consistoriales se rindió cuenta al respecto de esta resolución que conlleva una sanción que supone la retención del dos por ciento de los pagos con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
Santa Lucía a 24 de septiembre de 2020.- Entre otras cuestiones este pleno sirvió para debatir sobre la revisión de precios del agua a la empresa encargada de este servicio. La concejala socialista, Verónica Suárez, le recordó al grupo de gobierno que desde el año pasado se le advirtió de un error en la aplicación de la fórmula con la que se calcula el precio. En ese momento el grupo de gobierno se comprometió a revisarlo, pero para sorpresa del grupo socialista el mismo error aparece en la propuesta debatida hoy, que a pesar de todo fue aprobada por el tripartito. La concejala socialista le sugirió al gobierno municipal que “hay que ser escrupulosos con la gestión del dinero público, cada céntimo hay que tenerlo en cuenta”.
Uno de los reconocimientos extrajudiciales de crédito sirvió para ampliar la partida destinada a saldar la deuda del ayuntamiento con la Autoridad Única del Transporte desde el año 2016, que supera los doscientos mil euros. Y que no fueron contemplados en los actuales presupuestos municipales, cuestión que el portavoz socialista advirtió durante el debate de aprobación de los presupuestos municipales en el mes de junio. “El tiempo nuevamente nos da la razón”, aseveró Ojeda dirigiéndose al concejal de hacienda. Así mismo, denunció la falta de interés de los gobernantes del municipio en poner en marcha una política de transporte real y efectiva como elemento potenciador del desarrollo y la cohesión social de Santa Lucía.
Con respecto a la cesión de suelo para la construcción de vivienda pública el portavoz socialista, Julio Ojeda, manifestó su satisfacción por el cambio de actitud del grupo de gobierno en este asunto, a raíz de la denuncia en los medios de comunicación de la pasividad con la que el consistorio atendía la demanda realizada al respecto por el Instituto Canario de Vivienda. Además, lamentó que tan solo puedan construirse una treintena de viviendas por el escaso suelo cedido, teniendo en cuenta que son cerca de mil personas las personas inscritas en el registro de demanda de vivienda pública del Gobierno de Canarias, algo que calificó de “poco valiente”.
En el transcurso de la sesión plenaria el alcalde comunicó, a instancia de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre su acuerdo plenario del pasado treinta de julio, en el que se acordó sancionar, entre otros, al Ayuntamiento de Santa Lucía por “incumplimiento del requerimiento conminatorio,…, con motivo de la no remisión de la documentación/ información a que se refiere la < Instrucción reguladora de la remisión telemática a la Audiencia de Canarias de Convenios y de relaciones anuales de los celebrados por las Entidades Locales de Canarias>, correspondiente al ejercicio 2019”.
Esta resolución conlleva la retención de un dos por ciento de todos los pagos con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, mientras no se subsane este requerimiento. “En estos tiempos, es imperdonable que los fondos destinados al municipio tengan que sortear obstáculos creados por el propio ayuntamiento. Esta documentación tendría que haber sido presentada en el mes de febrero de este año. Se podía haber evitado, haciendo las cosas bien”, aseguró el portavoz socialista Julio Ojeda.
Se da la circunstancia que la propia certificación emitida por la Audiencia de Cuentas de Canarias, insta “a la Dirección General competente en materia de Tesoro la retención del 2% a las Entidades incumplidoras…”, siendo en este caso la anterior alcaldesa de Santa Lucía la que ostenta esta titularidad.