- La alerta sanitaria vigente en el segundo trimestre de 2020 prácticamente paralizó la actividad judicial en todo el Estado
- El desalojo de viviendas por impago de hipotecas se redujo un 92% entre abril y junio en Canarias
- Los procesos instados por personas físicas que se declaran en concurso de acreedores se incrementaron un 84% en el Archipiélago
Las Palmas de Gran Canaria/Madrid, 25 de septiembre de 2020.-
Los lanzamientos (desalojo de inmuebles ejecutado por orden judicial) se redujeron en un 83% en Canarias durante el segundo trimestre del presente año en comparación con el mismo periodo de 2019, en la mayoría de los casos a causa de la virtual paralización de la actividad judicial durante la alerta sanitaria causada por la Covid-19.
El confinamiento de la población se inició el 15 de marzo y se mantuvo vigente hasta el 21 de junio. La necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los órganos judiciales, las vacaciones de verano y la persistencia de la incidencia de la pandemia hicieron que el segundo trimestre del año tuviera unas características de disminución de todos los indicadores tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan, por lo que se aconseja tomar con cautela las variaciones interanuales.
La Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha difundido hoy el primer informe que alude a los efectos de estado de alarma sobre la Justicia durante la crisis sanitaria. Según el análisis “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” referido al segundo trimestre de 2020, los lanzamientos derivados de ejecuciones por impago de la hipoteca disminuyeron un 92,1% en Canarias, la misma cifra que en el conjunto del territorio nacional.
En detalle, los órganos judiciales del archipiélago canario llevaron a cabo entre abril y junio de este año un total de 49 lanzamientos, un 83% menos que en el mismo periodo de 2019, trimestre en el que se habían desalojado en ejecución judicial por impago de hipoteca o deuda de alquiler 288 viviendas.
Específicamente en lo que se refiere a lanzamientos derivados del impago de cuotas hipotecarias, los juzgados isleños verificaron durante el confinamiento un total de 17 lanzamientos, frente a los 214 que habían llevado a fin en el segundo trimestre de 2019, lo que supone un descenso del 92,1%.
Por provincias, en Las Palmas se ejecutaron entre abril y junio de este año un total de 30 lanzamientos, lo que supone una disminución del 93,8% en comparación con el mismo periodo de 2019, cuando se verificaron 485 desalojos.
La disminución en la provincia de Santa Cruz de Tenerife referida a los lanzamientos fue del 91,4%: 36 en la pasada primavera, frente a los 419 del segundo trimestre del año anterior.
En Las Palmas, los lanzamientos ejecutados concretamente por impago de la hipoteca bajaron un 92% (8 frente a los 107 del periodo de estudio en 2019), y en Santa Cruz de Tenerife lo hicieron en un 91,6%, (9 frente a 107).
`Okupas´
Los juicios verbales por ocupación ilegítima de vivienda también experimentaron una reducción, si bien no tan notable como la de los casos de lanzamientos: de 49 plenarios en el segundo trimestre de 2019 en los juzgados canarios, se pasó a 35 en el mismo periodo del presente año.
Despidos
Entre abril y junio del presente año, los órganos judiciales de la jurisdicción social en el Archipiélago incoaron un total de 2.180 procesos por despido, lo que supone un 3,6% menos que en el mismo periodo de 2019, cuando se computaron 2.262 casos.
Por provincias, en Las Palmas se vieron 1.341 demandas (un 4,8% menos que en el segundo trimestre de 2019, 1.409 casos) y en Santa Cruz de Tenerife se incoaron 839 procesos, un 1,6% menos que en la primavera de 2019 (853).
Concursos de acreedores
La presentación de concursos de acreedores experimentó una bajada del 60% en las islas durante la vigencia de la suspensión de los plazos procesales por el estado de alarma: si en el segundo trimestre de 2019 se habían computado 45 en todas las Islas, en el mismo periodo de este año la incoación bajó a 18 casos. Cabe señalar que entre enero y marzo de 2020 estos procedimientos se habían incrementado en un 70,4%, de 27 a 46.
Por provincias, en Las Palmas la evolución fue del -73,3% (de 30 casos en el segundo trimestre de 2019 a 8 en el mismo periodo de este año), y en Santa Cruz de Tenerife la reducción se mantuvo en el 33,3%: 15 casos entre abril y junio de 2019 y 10 en el mismo periodo del presente año.
Más personas físicas en bancarrota
Por el contrario, el informe trimestral del servicio estadístico del gobierno de los jueces sí evidencia en lo referido a la actividad judicial en Canarias un sensible aumento de los casos en los que personas naturales (esto es, no empresas, sino particulares o cabezas de familia) se declararon en concurso durante el confinamiento: 70, frente a los 38 que lo habían hecho en el segundo trimestre de 2019, lo que implica un incremento de 84,2%
Desglosado por provincias, el dato indica que en Las Palmas se declararon en concurso o quiebra durante el segundo trimestre de este año 35 personas (un 59,1% más en comparación con los 22 que lo hicieron el segundo trimestre de 2019), mientras que en Santa Cruz de Tenerife lo hicieron 35, un 118% más que entre abril y junio de 2019, cuando acudieron a la concursal 16 personas físicas.
Expedientes de regulación de empleo
Siempre según las estadísticas oficiales de los juzgados, los órganos de la jurisdicción social de las islas incoaron durante el segundo trimestre de 2020 cuatro procesos por presentación de Expedientes de Regulación de Empleo (EREs), frente a un único proceso que se había abierto en el mismo periodo de 2019, todos ellos en la provincia de Las Palmas.
Datos nacionales
En todo el territorio nacional la actividad de los órganos judiciales sufrió un importantísimo descenso durante el segundo trimestre de 2020, el más afectado por la situación sanitaria causada por el COVID-19. La suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo supuso la completa paralización de la actividad jurisdiccional en toda España, a excepción de los servicios esenciales, y la desescalada se realizó en distintas fases, de forma paulatina y escalonada.
Las medidas asociadas al estado de alarma a consecuencia del COVID tuvieron un profundo efecto en la actividad de los órganos judiciales durante el segundo trimestre de 2020. El mayor impacto se observó en los lanzamientos. El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2020 (1.383) fue un 90,6% inferior al del mismo trimestre de 2019, siempre según los datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial.
El 73,2% de los lanzamientos (1.013) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que 300 (el 21,7%) se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 70 restantes obedecieron a otras causas.
La disminución interanual de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias fue del 92,1%, y ya van 20 trimestres consecutivos de disminuciones; los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos disminuyeron un 89,8%, siendo el quinto trimestre en el que se observan reducciones interanuales.
Andalucía (con 275, el 19,9% del total nacional) es la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el este trimestre, seguida por la Comunidad Valenciana (con 195), Cataluña (con 148) y Castilla y León (con 126).
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Andalucía, con 172, lo que equivale al 17% del total; le siguen la Comunidad Valenciana (131); Cataluña (119) y Castilla y León y Madrid (101 cada una). En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, Andalucía, con 91, encabeza el ranking, seguida de la Comunidad Valenciana, con 57, y de Cataluña, con 21.
El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.
Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2020 fue de 6.953, un 62,6% menos que en mismo trimestre de 2019. De ellos, 947 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un decremento interanual del 91,3%.
En el trimestre analizado se presentaron 3.387 ejecuciones hipotecarias, un 12,2% menos que en el segundo trimestre de 2019. El mayor número se dio en Cataluña, con 826 (el 24,4 por cien del total nacional), seguida de la Comunidad Valenciana, con 659; Andalucía, 588; y Murcia, 273.
El número de concursos presentados entre el 1 de abril y el 30 de junio, contabilizando los presentados en los juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción, fue de 2.305, de los que 1.176 correspondieron a personas físicas no empresarios. Es el primer trimestre en el que los concursos de personas físicas superan a los concursos presentados en los juzgados de lo Mercantil. El total de concursos ha mostrado una reducción del 22,7% respecto al segundo trimestre de 2019.
En los juzgados de lo Mercantil se han presentado 1.129 concursos, un 34,7% menos que en el segundo trimestre de 2019. Como en trimestres anteriores, Cataluña ha sido la comunidad donde se registraron más concursos en los juzgados de lo Mercantil: 417, lo que supone el 36,9% del total. Le siguieron Madrid, 163; la Comunidad Valenciana, 145; y Andalucía, con 110.
Los concursos presentados por personas físicas en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción (1.176) mostraron una disminución interanual del 6,2%. Cataluña fue el territorio con más concursos presentados (389, el 33,1% del total nacional). Le siguieron la Comunidad Valenciana y Madrid, con 143; y Andalucía, con 138.
El número de concursos declarados en el segundo trimestre de 2020 en los juzgados de lo Mercantil fue de 708, con una reducción del 31,5% respecto al mismo periodo de 2019. A esta cifra se añaden los 278 concursos declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal.
En el segundo trimestre de 2020 llegaron a la fase de convenio un total de 48 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 435, un 41,6% menos que en el mismo periodo de 2019.
Respecto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se han presentado 108 expedientes, un 14,3% menos que en el mismo trimestre del año anterior.
En los juzgados de lo Mercantil se han admitido a trámite 35 concursos consecutivos, 24 de ellos en Cataluña. Se han declarado 201 concursos consecutivos, 132 de ellos en Cataluña; y se han declarado y concluido por el art.176 bis un total de 22.
Las demandas por despido disminuyen un 2,6 por ciento
En el segundo trimestre de 2020 se presentaron 27.401 demandas por despido, un 2,6% menos que en igual trimestre de 2019. Madrid, con 5.982 (el 21,8 % del total nacional), ha sido la comunidad en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguen Cataluña, con 5.316; Andalucía, con 3.734, y la Comunidad Valenciana, con 3.273.
El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los juzgados de lo Social, 21.297, ha sido un 36,7% inferior a las presentadas en el segundo trimestre de 2019. De ellas, 4.212 se presentaron en Andalucía, el 19,8% del total; 3.693 en Madrid; 2.077 en Cataluña y 2.036 en la Comunidad Valenciana.
Los procedimientos monitorios disminuyen un 23 por ciento
En el segundo trimestre de 2020 se han presentado en los Juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción 133.351 procedimientos monitorios, lo que supone una disminución interanual del 23%. Como en trimestres anteriores, la mayor utilización de este tipo de procedimiento se ha dado en Andalucía, con 28.706: le han seguido la Comunidad Valenciana, 18.453; Cataluña, 16.727; y Madrid, 14.049.
Los monitorios europeos, que venían mostrando incrementos interanuales muy importantes desde 2018, han tenido una disminución del 78,8% en este trimestre. Se presentaron un total de 1.358, de los cuales 292 en la Comunidad Valenciana; 281 en Madrid; y 186 en Galicia.
El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
Acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (clausulas suelo)
En el segundo trimestre de 2020 han ingresado en los juzgados especializados 45.988 asuntos de esta naturaleza; se han resuelto 17.617, quedando en tramitación 262.527. Se han dictado 13.161 sentencias, el 97,8% de las cuales fueron estimatorias. El importante incremento en el ingreso, y en consecuencia en la pendencia, se debe a la Comunidad de Madrid, que ha reflejado el ingreso de 27.555 asuntos, correspondiendo la mayor parte de ellos a asuntos pendientes de registrar.
Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas
La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.
En el segundo trimestre de 2020 ingresaron 757, un 20,6 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2019, y se resolvieron 449. En Andalucía se ha presentado el mayor número de demandas (236, que representan el 31,2% del total nacional). Le siguen Cataluña, con 141; Comunidad Valenciana, con 88, y Madrid, con 80.