La Coordinadora de Acción Social de Canarias compuesta por entidades sociales y ONG’s de Canarias denunciamos del desamparo y el desmantelamiento de muchos de los servicios que se prestan a gran parte de la población vulnerable de Canarias en diversos sectores como dependencia, diversidad funcional, diversidad psicosocial, colectivos de mujeres, LGTBI, menores y demás áreas, que persiste por parte de la consejería de Derechos Sociales del Gobierno Canario.
Esta problemática que se arrastraba ya desde el año 2018 y venía también en esta legislatura denunciándose desde comienzos de año, en atención a la gestión de la convocatoria al 0,7% social del IRPF, donde encontramos completa desigualdad en el equilibrio de concesión presupuestaria fruto de unas bases y criterios que no solo dificultan la garantía del principio de concurrencia competitiva entre entidades locales y entidades de ámbito nacional e internacional sino que además el grueso del presupuesto, aproximadamente el 65%, viene siendo concedido a estas últimas, tal y como encontramos en la convocatoria gestionada el presente año. Convocatoria en la que además, múltiples de entidades quedaron sin presupuesto habiendo sido puntuadas positivamente y aceptados sus proyectos y otras muchas quedaron incluso sin evaluar debido a problemas en las plataformas de recepción de proyectos de la Consejería de Derechos Sociales sin posibilidad de ejercer su derecho a la concurrencia competitiva efectiva, disponiendo aún así resolución provisional.
Por otra parte, desde la presente Coordinadora debemos manifestar, que en la pasada semana recibíamos por parte de la Dirección General de Derechos Sociales del Gobierno Autónomo, una información que ya ha sido trasladada a medios de comunicación, por la que la decisión de la Consejería de Derechos Sociales para la gestión de la próxima convocatoria anual del 0.7% social del IRPF se realizará a través de concesiones presupuestarias de carácter nominal. Las implicaciones de esta decisión van incrementar problemáticas que ya son objeto de reivindicación y manifestación por parte de la presente Coordinadora, además de contradecir lo que durante meses se nos ha trasladado por parte de la Consejería de Derechos Sociales , y es que las nominales no eran en absoluto una medida que la actual consejera fuera a adoptar.
Además encontramos enormes dificultades en las convocatorias ordinarias en régimen de subvenciones para la dotación de proyectos que prestan servicios diariamente a los diversos sectores vulnerables. Donde se producen continuos retrasos en la publicación de las bases de las propias convocatorias, se ofrece un margen temporal para el registro de proyectos completamente inadecuado, a veces de hasta cinco días hábiles, para las entidades sociales mientras que la administración pública mantiene un periodo para la evaluación de los mismos de hasta seis meses, el tiempo hasta la concesión del presupuesto es inviable y el tiempo del que disponemos las entidades para justificar la ejecución del proyecto es inasumible.
Esta situación, nos conduce a una encrucijada de suma gravedad entendiendo el contexto económico, social, sanitario y político actual, donde numerosas entidades podrán encontrarse en la tesitura de desmantelar servicios de atención de primera necesidad, no pudiendo afrontar el pago de los mismos.
La presente Coordinadora de Acción Social de Canarias, ha mantenido desde el comienzo de su reivindicación un continuo tono de conciliación, negociación y acercamiento con la administración competente, refiriendo numerosos registros de escritos al gobierno autónomo, manteniendo varias reuniones para comunicar la situación que atravesamos con el anterior y con el actual Director General de Derechos Sociales, con la Viceconsejera de Derechos Sociales, con la Consejera de Derechos Sociales, hemos referido comunicado a todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Canarias, hemos referido propuestas para una mejor gestión de los problemas antes señalados, hemos referido comunicación el representante de la Plataforma del Tercer Sector, hemos solicitado en varias ocasiones reunión con la presidencia del Gobierno de Canarias. Sin embargo, no se han implementado hasta el día de hoy medida alguna que permita descongestionar las convocatorias o solventar el problema que venimos afrontando desde la Coordinadora de Acción Social de Canarias.
Entre las medidas solicitadas y presentadas desde la Coordinadora se han dispuesto regulaciones como la limitación de registro del número de proyectos , así como ña limitación de presupuesto por entidad, permitiendo de esta manera un reparto justo y equilibrado que permita una concesión homogénea en la habilitación y permanencia de proyectos de primera necesidad para las diversas entidades que se encargan de prestar servicios que tendrían que ser ofertados por parte de la administración pública y no se encuentran ofertados. Hemos de recordar que la Ley del Tercer Sector, se generó bajo una demanda social que expresaba el testigo de las entidades sociales frente a las carencias de la administración pública en la oferta y prestación de servicios para los sectores más vulnerables de nuestro tejido social. Ante esta, las ONG’s y entidades sociales recogimos el testigo y realizamos nuestra labor en muchas ocasiones con mejor calidad del servicio que del presupuesto con el que contamos. Sin embargo, es potestad y facultad de la administración pública y en este caso de la Consejería de Derechos Sociales gestionar en la manera en que sus resultados sean justos y con respeto a la igualdad de trato de todas las entidades sociales del territorio autonómico.