La diputada socialista Pino González recuerda que desde 2013, un total de 39 menores han sido asesinados en casos de violencia de género contra su madre y 310 niñas y niños han quedado huérfanos en España
“Es esencial garantizar y facilitar la protección, la atención y el acceso a todos los servicios y derechos que les reconoce la ley y que les correspondan, por lo que resulta necesario eliminar los obstáculos a los que se enfrentan”, subraya la parlamentaria socialista
Canarias, 9 de junio de 2021.- El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles [9] por unanimidad la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista por la que la Cámara regional solicita al Gobierno de Canarias la elaboración de un protocolo para garantizar la atención integral a los menores huérfanos y huérfanas víctimas de violencia de género, y establecer una coordinación entre administraciones.
La iniciativa fue defendida por la diputada Pino González, quien recordó que desde 2013, que es el primer año desde el que se dispone de información, 39 menores han sido asesinados en casos de violencia de género contra su madre y 310 niñas y niños han quedado huérfanos en España.
González añadió que, según la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019, casi el 90 por ciento de las mujeres que sufren violencia de género tienen hijos e hijas, “lo que supone que 1.678.959 niños y niñas viven en hogares con violencia”. Además subrayó que esta cifra se traduce en que el 18 por ciento de la población infantil en España sufre una situación que se ha agravado con la pandemia.
La diputada socialista indicó que 1.095 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España desde 2003, 16 de ellas este año y ocho en las últimas semanas. “Sin apartar la vista de esta terrible situación que padecen las mujeres víctimas de violencia de género, pongamos hoy el foco en sus hijos e hijas. Muchos de ellos también han perdido la vida o se han quedado sin madre viendo cómo su padre la asesina, pero fueron víctimas invisibles hasta que en 2004 fueron reconocidos por ley como víctimas”, expresó.
Por otra parte, señaló que estos menores son “utilizados en muchas ocasiones como instrumentos para ejercer violencia sobre sus madres, algo que ha podido ser visibilizado gracias a la lucha de los movimientos de mujeres, instando ante los poderes públicos a que se promulguen leyes encaminadas a la eliminación de este tipo de violencia”.
La diputada hizo hincapié en que la ley de 2004 contempla la protección y tutela de sus derechos. “El artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004 señala que las mujeres víctimas de violencia de género y los menores que se encuentren bajo su patria potestad o guarda y custodia tienen derecho a la asistencia social integral, a través de servicios sociales de atención, de emergencia, de acogida y de recuperación integral”, dijo.
Además precisó que, según esta norma, la organización de estos servicios por las comunidades autónomas y las corporaciones locales responderá a principios de atención permanente, actuación urgente y la especialización de prestaciones multidisciplinares.
Pino González insistió en la “situación de especial vulnerabilidad” en que se encuentran estos niños y niñas y en el “grave impacto psicológico y emocional” que supone perder a sus madres a manos de sus padres y a estos como consecuencia de sus penas de prisión. “Ven modificada drásticamente su forma de vida al tener que ser acogidos por familiares o, en, en los casos más extremos, por los servicios sociales y, al mismo tiempo, tanto ellos como quienes les dan acogida suelen verse desamparados al afrontar las consecuencias derivadas del crimen: el proceso penal, los trámites relativos a la guardia custodia o filiación por las familias que los acogen, entre otras”.
Asimismo, destacó “lo mucho que influyen” estas circunstancias y que inciden en la situación económica de estos menores y las familias que los acogen.
“El desarrollo de una vida plena en las mejores condiciones para estas huérfanas y huérfanos pasa necesariamente por que puedan superar y ver reparada, en la medida de lo posible, su situación de especial vulnerabilidad. Para ello, es esencial garantizar y facilitar la protección, la atención y el acceso a todos los servicios y derechos que les reconoce la ley y que les correspondan, por lo que resulta necesario eliminar los obstáculos a los que se enfrentan”, expresó.