- La aprobación de la Renta Ciudadana, cuya entrada en el Parlamento está prevista proximamente, permitirá dotar de un escudo social a la población más desfavorecida mejorando sus condiciones de vida
- Según la consejera del área, Noemí Santana, esta prestación económica “será la herramienta definitiva de inclusión social que nos permitirá que nadie se quede atrás”
El Consejo General de Servicios Sociales aprobó este viernes por mayoría el anteproyecto de la Renta Ciudadana de Canarias, requisito previo para su traslado al Consejo de Gobierno y su posterior remisión al Parlamento de Canarias para su debate y posterior aprobación. Esta herramienta diseñada por el área de Derechos Sociales, en colaboración constante con todos los actores sociales, es una de las grandes apuestas del Ejecutivo para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad del archipiélago.
La aprobación del anteproyecto reafirma el compromiso del Gobierno de Canarias con el que comenzó la legislatura, que pretende reforzar el escudo social de las islas especialmente en este momento de reconstrucción económica y social impuesto por la actual pandemia.
Según explica la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, “la renta de ciudadanía no será solo de este Gobierno, ni de esta consejería, ni del Parlamento, ni de nadie. Será un logro de toda Canarias que será de utilidad para toda Canarias porque será la herramienta definitiva de inclusión social que nos permitirá que nadie se quede atrás. Que nos permitirá avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria, donde nadie esté en situaciones de pobreza”.
La renta ciudadana es una prestación de carácter personal, nominativa e intransferible, con carácter subsidiario y complementario de las pensiones y de otras prestaciones económicas que pudieran corresponder a los miembros integrantes de la unidad de convivencia de la persona solicitante, sean del sistema de la Seguridad Social, o de cualquier otro régimen público de protección social.
Para poder acceder a esta prestación, la persona solicitante tendrá que ser integrante de una unidad de convivencia en los términos establecidos en la ley; estar empadronado durante un mínimo de doce meses, de manera continuada o que tenga residencia efectiva de cinco años, de manera continuada o interrumpida; acreditar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital; estar inscrita como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo; no residir de forma permanente en centros o establecimientos de titularidad pública donde se encuentran cubiertas las necesidades básicas de subsistencia; ser mayor de 23 y menor de 65 años y carecer de recursos económicos suficientes.
Este paso adelante concretado por el Consejo General de Servicios Sociales se une al reciente dictamen del Consejo Económico y Social, que apoyaba la creación de esta prestación, al entender y reflejar en el mismo que “supone un avance considerable con respecto a la Prestación Canaria de Inserción, siendo esperable de la misma una contribución más efectiva al afrontamiento de situaciones de emprobrecimiento sobrevenido o precariedad laboral”.