Esther González mantiene, como los operadores, la advertencia sobre los problemas logísticos para la implantación de la gratuidad de guaguas y tranvía
Nueva Canarias (NC) ha apoyado hoy, en el pleno extraordinario del Parlamento, los dos informes favorables a las últimas modificaciones del Régimen Económico y Fiscal (REF) en la ley de los presupuestos del Estado para 2023 y una segunda para el establecimiento de gravámenes temporales energético, a los bancos y a las grandes fortunas. La portavoz económica de NC, Esther González, mantuvo, como los operadores, la advertencia sobre los problemas logísticos para la implantación de la gratuidad de las guaguas y el tranvía a partir del 1 de enero de 2023.
Con respecto al Proyecto de ley de los Presupuestos del Estado para 2023, la parlamentaria de NC analizó las tres modificaciones del REF contenidas en la norma con importantes observaciones sobre las consecuencias y dificultades de las mismas. Pero, “en aras del consenso y la unidad en la defensa del fuero y los derechos de Canarias, como siempre hemos defendido y defendemos”, Nueva Canarias apoyó los informes favorables.
Sobre la gratuidad de las guaguas y el tranvía, y tras ratificar que es una “muy buena” medida, mantuvo, como también han avisado las tres operadoras de Tenerife y Gran Canaria (Titsa, Guaguas Municipales y Global); que “no es posible” poner en práctica “con los medios disponibles o, por lo menos, no sin que se deteriore” la calidad del servicio por el previsible incremento de los usuarios y la falta de vehículos para atender el aumento de la demanda.
Esther González observó que la “buena” medida se queda en un “anuncio porque no es válida”. Consideró que genera “falsas” expectativas entre la gente que, en unos cuantos meses, podrían convertirse “en pura y dura frustración”.
Con respecto a la compensación de los costes del transporte de mercancías, aseguró que, “lejos de beneficiar” a Canarias, “debilita” lo contemplado en el REF. Recordó que el artículo 7 de norma del Régimen Económico y Fiscal, determina la “obligatoriedad” de que el Gobierno estatal financie, a través de los PGE, el “100% del coste efectivo” del transporte aéreo y marítimo de mercancías.
También, añadió la parlamentaria, que el sistema garantice su “incidencia directa sobre el conjunto” del coste del transporte, incluidos los correspondientes a la utilización de las infraestructuras y los servicios portuarios y aeroportuarios. Además de que los costes tipo se realicen anualmente por el Estado mediante un procedimiento transparente y donde una Comisión Mixta efectúe el seguimiento y evaluación.
La modificación aprobada por el Congreso de los Diputados ahora establece que, en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de los presupuestos, se reunirá la Comisión Mixta para “analizar la posibilidad” de alinear el coste subvencionable con el coste efectivo y real abonado por los beneficiarios de las compensaciones. Insistió en el significado del concepto “posibilidad”.
En relación a la regulación de los “anticipos” en las ayudas al transporte, “lo único que se consigue es disminuir alguito el retraso con el que se está pagando”, mantuvo la portavoz sectorial de NC. Pero “no nos llevemos a engaños, esto en ningún caso, significará anticipar las compensaciones”, previno.
De los cambios en la proposición de ley sobre los gravámenes temporales, recordó González que, en septiembre de 2021, el Gobierno canario y la labor del diputado de NC en el Congreso, Pedro Quevedo; permitió llegar a un acuerdo para eliminar el “funesto” límite numérico para las inversiones en las producciones cinematográficas para fijar el porcentaje del 80%.
Una “dura” negociación, que además implicó el establecimiento de dos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte del Parlamento de Canarias, que “se podían haber evitado”, aseguró Esther González. A partir de ese momento, “y para siempre, cualquier alteración” en la regulación de la ley supone la “adaptación automática”, tal y como precisó. En este caso, significa un incremento, “ipso facto” del límite de la deducción de 18 millones de euros a 36 millones de euros.
De la modificación del artículo 50 del REF, que regula las tasas aplicables a las entidades de la Zona Especial Canaria (ZEC), dijo que el modo utilizado para regular el incremento de la cuantía de la tasa “nos parece, cuanto mínimo, rocambolesco”.
“Entendemos que lo lógico, y lo práctico”, tal y como defendió, hubiera sido reformular el artículo 50.2.d) del REF. En lugar de decir que la cuantía de la tasa de inscripción será de 850 euros, para Esther González, la cantidad se debe determinar cada año en los PGE.
El importe de las tasas por la prestación de un servicio no puede exceder, en su conjunto, del coste real del servicio, mantuvo González. Salvo que, en el ministerio, dispongan de una “bola mágica o alguien que haya regresado del futuro”, tal y como ironizó. Por ello se preguntó que “cómo es posible que, en 2022 y con la incertidumbre que nos rodea, se pueda saber, que el coste real del servicio, va a incrementarse de 2023 a 2025 en un 76%, pasando la tasa de 850 euros a 1.500 euros. Porqué un 76%”. “Como poco, asombroso, sí resulta”, criticó Esther González.