El sindicato afirma que los cabildos de Tenerife y Gran Canaria pretenden sustituir con militares los recursos propios a los que están obligados por ley
La Agrupación de Bomberos y Bomberas de Comisiones Obreras Canarias denunció este jueves la pretensión de los cabildos de Gran Canaria y Tenerife de instar a un cambio normativo que permita recurrir a la Unidad Militar de Emergencia (UME) desde los primeros compases de un incendio forestal.
Los profesionales de la extinción de incendios recuerdan que los cabildos y las diputaciones tienen competencias en el nivel 1 de intervención ante un incendio forestal, conforme la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Pero el Cabildo de Tenerife y el de Gran Canaria han solicitado al Gobierno de Canarias que inste al Estado a modificar el protocolo de activación de la UME, aprobado por el Real Decreto 1097/2011, el cual establece que son las comunidades autónomas, con competencias en nivel 2 de emergencias, las que podrán solicitar al Ministerio del Interior la activación de la UME.
Colaborar, no sustituir
Este real decreto establece que la Unidad Militar de Emergencias está llamada a actuar en colaboración con otros cuerpos de emergencias, pero nunca en sustitución de los dispositivos y recursos que, conforme a sus competencias, debe disponer cada administración local y autonómica. Por consiguiente, señalan los trabajadores, la pretensión de los cabildos no es otra que camuflar su déficit de personal en la prevención y extinción de los incendios forestales, una obligación que emana de la ley 8/2001 y sus posteriores regulaciones mediante los decretos 111/2002 y 183/2002.
Los protocolos de activación de la UME deben cumplir con los principios de complementariedad y subsidiariedad, lo que conlleva que no pueden ser usados para cubrir un déficit de recursos que en cumplimiento de leyes transferidas deben tener los cabildos en el caso de Canarias y las diputaciones en el resto del estado español.
Las consecuencias de estas pretensiones por parte de los cabildos de Gran Canaria y Tenerife, que son además las islas que cuentan con destacamento de la UME de manera presencial, conllevaría directamente que en los niveles competenciales de esta administración se haga una activación de personal militar en detrimento de los recursos propios, que deben tener los cabildos insulares y, por consiguiente, una mayor precariedad laboral, la usurpación de funciones y, obviamente, la supresión de las labores de prevención en la gestión de los incendios forestales.
Por el contrario, la Agrupación de Bomberos y Bomberas de CCOO consideran que lo que deben hacer los cabildos es una apuesta real de despliegue de recursos materiales y humanos propios, por sus competencias en la materia, y que debe tener como objetivo prioritario reforzar sus plantillas de bomberos forestales, a través de una gestión propia, con personal de la corporación, sin subcontratas y con el reconocimiento de la categoría de bomberas y bomberos forestales. Todo este personal debe tener una estabilidad laboral de doce meses al año para actuar en la extinción de los incendios y realizar a lo largo del año tareas serviagrícolas.
Tras los últimos incendios sufridos en las islas no se ha visto ni una sola medida por parte de los cabildos en esta dirección, sino la pretensión de quitarse de encima sus responsabilidades y transferirlas al Ministerio de Defensa, algo que contará con el rechazo de CCOO, que está dispuesta a llegar a las instancias que sean necesarias para evitar este disparate.