La semana pasada anunciamos en rueda de prensa que desde el Cabildo ibamos a flexibilizar los requisitos para acceder a la gratuidad del bono residente de transportes. De esta manera, a partir del 1 de febrero, en lugar de 15 viajes mensuales solo será necesario realizar 30 trayectos al trimestre para que el bono de transporte sea gratuito.
Aunque es cierto que esta medida se financia en parte con fondos que el Gobierno de España ha habilitado para este fin, se enmarca dentro de una decidida política de mejora y fomento del transporte público llevada a cabo por el Cabildo de Gran Canaria dentro de su estrategia de ecoísla. Una decidida política que, como veremos más adelante, está dando sus frutos.
Pero, antes de entrar a detallar las medidas adoptadas para alcanzar este objetivo, creo que es necesario que hagamos hincapié en la importancia del transporte público. En primer lugar, es fundamental desde el punto de vista socioeconómico ya que vertebra y cohesiona el territorio, facilita la movilidad laboral y formativa e influye en la oferta cultural y de ocio, ya que permite acceder a ella a muchas personas que sin transporte público no podrían, etc. Es también una forma de luchar contra el cambio climático ya que el transporte terrestre es la principal causa de emisiones contaminantes en Gran Canaria: el 26% de las 5.150 kilo-toneladas de dióxido de carbono equivalentes generadas en la isla proviene del transporte.
Por todos estos motivos fuimos la primera administración pública de Canarias que abogó por una semigratuidad real del transporte público, con una política de bonos dirigida a los jóvenes, a los mayores y al conjunto de la ciudadanía que apuesta por el uso de las guaguas. De esta manera el precio del bono residente era, antes de la gratuidad total, de 14 euros para el público general y de 10 para jóvenes y mayores. Estamos hablando de un bono que permitía hacer viajes ilimitados tanto urbanos como interurbanos en toda la isla y con todos los operadores.
Los datos son elocuentes ya que el número de viajeros y viajeras en el transporte público en la isla alcanzó en 2022 los 66 millones y en 2023 se acercó a los 91 millones. Es decir, 24,5 millones más, lo que significa un 37% de aumento. Y hay 400.000 bonos residentes activos, lo que quiere decir que casi la mitad de la población de Gran Canaria usa el transporte público con cierta regularidad (ya que los viajeros ocasionales utilizan otros títulos de transporte o pagan en efectivo).
Otro de los proyectos estrella para la modernización del transporte es el Centro de Control de la Movilidad en Gran Canaria, previsto en el intercambiador de Tamaraceite, que cuenta con más de 23 millones de presupuesto y que va a estar operativo en 2025. Se trata de un centro de alta tecnología para regular el transporte público de la isla, que sabrá en cada momento y en tiempo real dónde está cada guagua y cuántos pasajeros lleva y podrá incluso abrir o cerrar semáforos. De esta manera se contará con una gran herramienta para reaccionar rapidamente a las diversas incidencias y poder adaptar el servicio, además de dotarlo de seguridad y mayor puntualidad. Gracias a él contaremos con una enorme cantidad de datos que, gestionados adecuadamente, nos ayudarán a planificar nuevas infraestructuras viarias y nuevas líneas o adaptaciones de líneas ya existentes.
Las obras de la metroguagua, proyecto que cuenta con el apoyo del Cabildo, están muy avanzadas y cuando se ponga en marcha va a transformar la movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, la urbe que concentra un mayor número de desplazamientos. Se mejorará en rapidez, puntualidad, comodidad, frecuencias e interconexión entre la zona baja y otras zonas de la ciudad. Además, como la mayoría de los vehículos que van a prestar el servicio serán eléctricos, va a contribuir de manera decisiva a la reducción de emisiones.
Por supuesto también tenemos que hablar del tren. Desde el Cabildo hemos hecho los deberes y lo tenemos todo listo para poder licitar la obra desde que garanticemos los fondos para su construcción. Estamos hablando de una infraestructura que permitirá descongestionar la GC-1, que se alimentará exclusivamente de energía renovable y que permitirá conectar con rapidez y puntualidad el principal eje económico y poblacional en el que se concentra la inmensa mayoría de los viajes de la isla. Tendrá un impacto ambiental muy moderado ya que gran parte del trayecto discurre soterrado. Se trata de un proyecto cuya inversión y envergadura sin duda marcarán un antes y un después en la sociedad y economía de la isla.
No podemos olvidarnos tampoco de otras iniciativas para la descarbonización de la movilidad, como la red de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Aunque la prioridad tiene que ser el fomento del transporte público, la realidad es que hay algunos trayectos que por diversos motivos (dispersión poblacional, actividades profesionales, etc.) solo pueden ser cubiertos por el vehículo privado, por lo que el coche eléctrico también juega un papel clave en la movilidad sostenible.
Pero la movilidad también es territorio para el I+D+i. Estamos colaborando con el ITC, que recientemente abrió la primera refinería de hidrógeno alimentada por energías renovables de España y Europa, con un sistema de producción totalmente aislado de la red eléctrica general. El hidrógeno refinado en esa planta va a servir, por ejemplo, para alimentar las primeras guaguas de Global movidas por hidrógeno que prestarán servicios en los municipios del sureste. De esta manera nos posicionamos a la vanguardia del que se espera que sea el combustible del futuro.
Como vemos, Gran Canaria está avanzando con paso firme y decidido hacia un modelo de movilidad sostenible, que articule y cohesione los municipios de nuestra isla, que reduzca las emisiones, que contemple todas las modalidades de transporte para adaptarse al máximo número de demandas posible, que sea accesible para toda la población y que sea un vector de diversificación económica e innovación. En definitiva, insisto, una movilidad sostenible que sea uno de los pilares de la ecoísla.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria