Artículo conjunto. Javier Senent García, presidente de Cruz Roja Española; y Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial
Los ataques al personal e instalaciones de Salud se están convirtiendo en algo habitual en diferentes países en conflicto. Es más, el ataque sistemático a la asistencia sanitaria es un arma de guerra utilizada cada vez con más frecuencia.
Así, entre 2012 y 2014, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) documentó más de 2.400 ataques contra miembros del personal de salud, pacientes, instalaciones y medios de transporte sanitarios. Sólo en 11 países.
En 2015, 65 hospitales gestionados por Médicos sin Fronteras (MSF) o apoyados por esta institución sufrieron 106 bombardeos y ataques con morteros. Se perdieron incontables vidas y material médico.
En septiembre de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que 654 trabajadores de la salud habían muerto desde el comienzo del conflicto en Siria y que casi el 60% de los hospitales funcionaba parcialmente o estaba fuera de servicio.
No. No se trata de daños colaterales. A veces son ataques planificados o deliberados. E ilegales, pues se trata de ataques contra objetivos protegidos por el derecho humanitario.
Los efectos directos de estos ataques para las comunidades son devastadores. Las poblaciones, castigadas ya por la guerra, se quedan completamente desamparadas y desatendidas.
Estos actos de violencia exacerban el impacto de la guerra en las personas, generan más muertes y discapacidades, dan lugar a índices de enfermedades más altos, así como a mayor sufrimiento físico y mental. Las consecuencias de estos actos se sentirán por décadas. Es momento de reafirmar que las guerras tienen límites.
Esta situación de inseguridad afecta también a otros contextos, no ya de conflicto armado, pero sí de violencia generalizada que impide el desempeño y la asistencia de los profesionales de la salud.
Pero hay reglas para los tiempos de guerra y no podemos acostumbrarnos a que se bombardeen hospitales y se ataque a su personal de Salud. No son daños colaterales. Muy a menudo se trata de una violación al derecho internacional.
Por estos motivos, Cruz Roja Española y la Organización Médica Colegial de España, a través de su Fundación para la Cooperación Internacional, damos la enhorabuena a la Resolución 2286 aprobada el pasado 3 de mayo por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Protección de las Misiones Médicas, que fue promovida, entre otros, por el Estado español, siguiendo una de las prioridades del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Esta resolución condena enérgicamente los actos de violencia, ataques y amenazas contra los heridos y enfermos, el personal sanitario y el personal humanitario dedicado exclusivamente a misiones médicas, sus medios de transporte y equipo, los hospitales y otros establecimientos sanitarios.
Además, exige que todas las partes en los conflictos armados cumplan plenamente las obligaciones dimanantes del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, a fin de asegurar el respeto y la protección de todo el personal sanitario y las instalaciones de salud.
Cierto. La resolución supone una señal importante y contundente. Pero el trabajo real debe hacerse en el terreno y justo acaba de comenzar.
Hay muchas soluciones prácticas que se tienen que aplicar ya. Por ejemplo, respetar el derecho internacional humanitario (DIH); alinear la legislación local al DIH; entrenar al personal militar; apoyar a las organizaciones sanitarias locales; mejorar la protección legal para los pacientes, personal sanitario, emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; o transferir armas sólo bajo la garantía del respeto del DIH y del personal médico.
Por estas razones, Cruz Roja Española y la Organización Médica Colegial, a través de su Fundación para la Cooperación Internacional, instamos al Gobierno español a que junto con todos los Estados Miembros de la ONU reafirmen, con soluciones concretas, su inquebrantable determinación de acabar con la violencia contra la asistencia de salud. Los ataques contra el personal de salud suponen una tragedia inaceptable para las comunidades más vulnerables, las afectadas por un conflicto armado.
Los Estados tienen la responsabilidad moral y jurídica de actuar y proteger a las personas atrapadas en conflictos. Hay y debe haber un lugar para la humanidad, aun en tiempo de guerra. Las guerras sin límite son guerras sin fin.