El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma le da la razón al Consistorio frente a los dos recursos que Urbaser y la Ute formada por Valoriza y Santana Cazorla le presentaron al acuerdo de adjudicación
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ya podrá formalizar la firma de la nueva contrata para el servicio municipal de recogida de residuos y de limpieza urbana y de playas del municipio, después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos (TACP) de la Comunidad Autónoma de Canarias haya resuelto a favor del Consistorio los dos recursos empresariales que la estaban paralizando.
La firma con la entidad que resultó adjudicataria de la contrata, la unión temporal de empresas formada por Fomento de Construcciones y Contratas SA, Lopesan Asfaltos y Construcciones SA y Bitumex SA, “es una buena noticia para el municipio”, dijo el alcalde Marco Aurelio Pérez, porque supondrá una renovación de la maquinaria y la mejora del servicio, y se acabarán los reconocimientos extrajudiciales de crédito que se llevaban a pleno para pagar a la antigua concesionaria, que tenía la contrata vencida desde hace casi una década.
El alcalde explicó al pleno que la continuidad del proceso de adjudicación del servicio de limpieza y recogida de basuras lo posibilitan en concreto dos resoluciones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos adoptados los pasados días 13 y 21 de julio, después de dar audiencia a todas las partes implicadas en el proceso.
En la primera resolución, el TACP inadmite “por falta de legitimación” el recurso especial presentado por la antigua concesionaria del servicio, la empresa Urbaser SA, contra la adjudicación a la unión temporal de empresas que ganó la licitación pública de la contrata.
En la segunda resolución, el TACP desestima el recurso especial interpuesto contra la misma adjudicación por las entidades Valoriza Servicios Medioambientales SA y Hermanos Santana Cazorla, SA, que también se presentaron a la licitación de este servicio como unión temporal de empresas. El Tribunal desestima su pretensión de paralizar la adjudicación porque en el proceso no se aprecia ninguna vulneración del principio de igualdad y no discriminación de las entidades concursantes.
12 años
La adjudicación del servicio municipal de recogida de basuras y limpieza de playas la aprobó el pleno de la Corporación el pasado 28 de abril, por un plazo total de 12 años y un máximo de tres años de prórroga, con un coste total de 129.535.438, 12 euros, a razón de un canon anual de 10.794.619,84 euros.
La nueva concesionaria pondrá en marcha el nuevo servicio asumiendo las actuales condiciones de funcionamiento de la plantilla laboral que venía desempeñándolo. En el pliego de condiciones para la adjudicación se recoge que la nueva concesionaria mantendrá la totalidad de la plantilla, sus salarios y sus categorías, y también la continuidad de su convenio colectivo.
Con esta adjudicación el Ayuntamiento logra reducir los costes del servicio en cerca de 1,6 millones de euros, ya que hasta ahora la limpieza de las playas y la recogida de basuras se estaban realizando por separado con un coste global de 12.364.000 euros mensuales.
Desde el 2013
El Ayuntamiento inicio el proceso licitatorio de la nueva contrata del servicio de basuras en el año 2013, porque ya venía vencido desde años anteriores. Se presentaron cuatro ofertas: Urbaser SA, la Cia Española de Servicio Públicos Auxiliares (Cepsa), la UTE formada por Hnos. Santana Cazorla SL y Valoriza Servicios Medioambientales, y la UTE finalmente ganadora, que superó con sus 405,38 puntos de valoración al resto de los participantes.
Como se recordará, Urbaser fue excluida durante el proceso licitatorio por incluir documentación concerniente a los criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes, que debían ir en el sobre nº 2 a la mesa de contratación, en el sobre nº 3, donde debió incluir los criterios de adjudicación dependientes de juicio de valor.
Dicha exclusión motivó un primer recurso de Urbaser, que sería desestimado por acuerdo plenario el 6 de febrero de 2015, y que el Ayuntamiento solicitara posteriormente un dictamen sobre este asunto al catedrático experto en Derecho Administrativo Tomás Ramón Fernández, que concluyó con que la actuación del Ayuntamiento había sido correcta y ajustada a derecho.