- El presidente del Cabildo grancanario pide en el Parlamento una modificación significativa del proyecto de Ley del Suelo
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, defendió hoy la autonomía local e insular y alertó de que el territorio no puede quedar a merced del libre juego del mercado, por lo que solicitó en el Parlamento canario una modificación significativa del proyecto de Ley del Suelo.
El presidente compareció en la Comisión de Cabildos de la Cámara regional para exponer la posición del Gobierno de Gran Canaria ante uno de los grandes temas que debe preocupar a los responsables públicos, ya que la gestión y preservación del territorio es un elemento estructurante de la convivencia y el desarrollo económico.
“El Cabildo de Gran Canaria reconoce la ineludible necesidad de formular una ley sobre el territorio”, pero siembre bajo la premisa de mantener dos criterios históricamente aplicados en la legislación territorial y ambiental canaria: la sostenibilidad y el consenso.
Además, “no podemos desarticular Canarias en 88 planeamientos inconexos que rompan la necesaria coordinación general, es un error creer que lo que planificamos en Gran Canaria no tiene incidencia en el resto de las islas. Hemos realizado grandes esfuerzos que articulan un mismo país desde Órzola hasta Maspalomas, desde Las Canteras hasta Valverde. Este proyecto de Ley rompe la idea de país canario”, sentenció Morales, quien defendió la imperiosa necesidad de no derogar la Directrices Generales de Ordenación, sino impulsar su revisión.
Antonio Morales subrayó que la defensa de la autonomía local, compatible con la aprobación de los planes insulares por los órganos autonómicos y de los planes municipales por los insulares, fue una de las propuestas remitidas al Gobierno canario, pero “incomprensiblemente no fue aceptada”.
La isla, prosiguió, debe ser la unidad básica de ordenación territorial y de sus recursos naturales, pero el proyecto de Ley reduce “drásticamente” el contenido de los instrumentos insulares y de su capacidad de intervención, limitada a meros informes sectoriales. “Los informes supramunicipales deben ser preceptivos y vinculantes”.
Lo previsto para el suelo rústico, aún más alarmante
El suelo rústico tiene alto valor productivo y en el horizonte de la soberanía alimentaria –apostilló-, aún más, pero con la actual redacción aumenta el peligro de su ocupación con actuaciones y usos ajenos a la actividad agraria”.
Asimismo, morales se opuso al planteamiento del texto que da prioridad al ‘desarrollo económico’ sobre el desarrollo sostenible en los tiempos de crisis. “Nuestro suelo es un valor estratégico que no puede vincularse a intereses cortoplacistas de algunos sectores”.
Máxime, prosiguió, cuando por mucho que la especulación urbanística incremente el precio del suelo, el valor estratégico del paisaje siempre será muy superior. “Ya lo decía Juan de Mairena, el profesor ficticio creado por Antonio Machado: Todo necio confunde valor y precio”, declamó.
Antonio Morales consideró que Canarias está ante el debate de quienes apuestan, como el Cabildo de Gran Canaria, por un desarrollo respetuoso con el medio ambiente y quienes, por otra parte, consideran que el desarrollo económico justifica una ocupación del suelo que modifica los valores medioambientales de Canarias. Sin embargo, considera que ello no puede saldarse con el debate habido en la tramitación de la norma. “Son cuestiones demasiado trascendentes para resolverlas en este clima y con estas diferencias”.
Las propuestas
- Necesidad de establecer controles de legalidad administrativos, previos a la tutela judicial porque de lo contrario se traslada toda la litigiosidad a los tribunales de justicia. Puede darse la paradoja de que la ley que se presenta para agilizar, acabe colapsando los procedimientos en los tribunales de justicia.
- Los informes que las administraciones afectadas deben emitir, según la ley, deben ser vinculantes y en todo caso los cabildos deben emitir informes vinculantes en relación con los PGO y PPO y PEO, así como establecer su emisión con carácter previo a la aprobación definitiva de los planes y de cualquier otro instrumento que desarrolle determinaciones no adaptadas a los PIO.
- Es imprescindible el mantenimiento de las Directrices de Ordenación General y su memoria. Estas Directrices han sido el instrumento más coherente y eficaz para garantizar un desarrollo sostenible de Canarias, resulta incongruente la derogación.
- Debe mantenerse un órgano de coordinación regional e insular de las políticas sobre el territorio y el urbanismo que garantice el control de legalidad previo a la aprobación definitiva del planeamiento. El proyecto propone la sustitución de la COTMAC por tantos órganos ambientales como administraciones públicas existen. De esta forma, cada una podrá ostentar simultáneamente las competencias para la aprobación definitiva y la evaluación ambiental de su propio planeamiento.
- Los Cabildos deben recuperar competencias y atribuciones que tienen con la legislación en vigor. El proyecto de ley merma sus competencias y limita su capacidad integradora y de ordenación territorial inherentes a la visión insular. El planeamiento insular sufre un importante recorte que pone en peligro el equilibrio territorial.
- El suelo rústico debe mantener los niveles actuales de protección. Con la excusa de incrementar la rentabilidad del sector primario se tipifican nuevos usos ordinarios, se flexibiliza la autorización de usos complementarios y se prevén nuevas figuras de tramitación abreviada capaces de dar respuesta a expectativas empresariales sobrevenidas o a la cambiante coyuntura económica para dar viabilidad a usos sin cobertura en el planeamiento y en cualquier clase de suelo.
- Los valores de protección de los recursos naturales y medioambientales no pueden tener una consideración relativista según el ciclo económico. Tales valores deberían ser objeto de una protección universal.
Garantes de un patrimonio milenario
La mayoría de parlamentarios que representan a Gran Canaria, resaltó, mantiene importantes discrepancias con esta ley. La amplia mayoría de los ayuntamientos grancanarios han aprobado mociones o manifestaciones solicitando su modificación sustancial y la mayoría de gobierno del Cabildo de Gran Canaria, también.
El Cabildo de Gran Canaria quiere estar en la vanguardia del respeto medioambiental y del desarrollo sostenible. “Nos sabemos gestores de un patrimonio milenario que nos identifica y deseamos conservarlo tanto como lo apreciamos”.
“No ha sido casualidad que las leyes territoriales se hayan aprobado, hasta hace bien poco, por unanimidad. Ha sido expresión de un sentido de estado, de estado de sensibilidad y responsabilidad. Es tiempo y hay tiempo para acercar posturas y corregir criterios que pueden deteriorar irreversiblemente un patrimonio único”, sentenció.