Esta semana tuve que comparecer en la Comisión de Cabildos del Parlamento de Canarias para expresar la posición del Cabildo de Gran Canaria sobre la Ley del Suelo promovida por el Gobierno de Canarias. Hace tiempo remitimos al Parlamento un documento titulado “Observaciones y aportaciones” donde trasladábamos al Gobierno de Fernando Clavijo el resultado de un intenso trabajo de análisis del Anteproyecto de Ley del Suelo realizado por el personal técnico del Cabildo, que contaba con el respaldo de la mayoría política a la que la ciudadanía encomendó en las elecciones de 2015 la honorable tarea de dirigir el gobierno de nuestra isla.
En la joven historia de nuestra autonomía, a pesar de los cambios de siglas de los gobiernos, siempre se han aplicado dos criterios en la legislación territorial y ambiental canaria: la sostenibilidad y el consenso. Esos acuerdos políticos en el Parlamento han permitido la aprobación de leyes progresistas con amplio respaldo social. Por esa razón hemos podido, hasta hoy, garantizar la protección de más del 40 por ciento de nuestro territorio, algo que ha permitido que Canarias siga formando parte del privilegiado espacio de la Macaronesia, uno de los lugares del planeta con mayor cantidad de endemismos de flora y fauna, con casi 20.000 especies diferentes, el 30% de ellas endémicas. Cuatro de las siete islas tienen Parques Nacionales. Contamos con 27 paisajes protegidos en las distintas islas (7 en Gran Canaria), 7 parques rurales, 11 parques naturales, 23 Áreas de Sensibilidad Ecológica, 52 Monumentos Naturales. Tenemos La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y la Gomera como reservas de la biosfera y también han recibido este reconocimiento de la UNESCO la mitad de la isla de Gran Canaria y el macizo de Anaga en Tenerife.
Estas declaraciones son producto del esfuerzo de varias generaciones y se han hecho en dictadura y en democracia. Se trata de una de las mejores herencias que tenemos, por eso en este momento histórico que vivimos debemos y queremos actuar con responsabilidad. Sería una gran torpeza promover leyes por las que podríamos ser recordados como los que facilitaron el deterioro de nuestro territorio por someternos al interés cortoplacista de una minoría. El territorio del archipiélago, por su carácter insular, escaso, hermoso y soporte de una extraordinaria biodiversidad, es nuestro recurso natural esencial y constituye, junto al coraje y capacidad de nuestra población, una de las dos grandes fortalezas que sustentan nuestro desarrollo. Nuestra gente, el territorio, el paisaje y el paisanaje son nuestra riqueza, por eso dividir a nuestra gente o deteriorar nuestro territorio son los mayores ataques que podemos hacer a nuestro progreso.
Llevamos al Parlamento esa petición de consenso, y fuimos con una propuesta que tenía el respaldo de la mayoría de los consejeros del Cabildo (18 de los 29 consejeros). A nivel del Parlamento canario, los partidos que respaldan nuestras críticas al Anteproyecto de Ley del Suelo (Nueva Canarias, PSOE y Podemos) tienen 10 de los 15 escaños de la circunscripción por Gran Canaria, un 75% de la representación, otra cosa es que el PSOE les imponga una disciplina de voto acorde con los intereses de una parte del Gobierno y no con el cuestionamiento de este proyecto que hacen desde la propia dirección del partido socialista. También la mayoría de los ayuntamientos de la isla de Gran Canaria han aprobado mociones o manifestaciones solicitando una modificación sustancial de la Ley.
La comparecencia en el Parlamento fue una oportunidad para recordar en la cámara legislativa canaria que para el Cabildo de Gran Canaria el desarrollo sostenible, desde sus componentes ambiental, social y económico, es un objetivo prioritario e irrenunciable. El Cabildo no legisla, por eso nuestro proyecto que concretamos en el concepto de ecoisla necesita de instrumentos como la Ley del Suelo, pero en su actual formulación en lugar de herramienta útil sería un obstáculo para lograr ese objetivo que deseamos para nuestra isla y para toda Canarias. Coincidimos con la Convención del Benelux de 1982 sobre la Conservación de la Naturaleza y la Protección del Paisaje (UNEP 1982), cuando plantea que “El paisaje puede ser considerado como el reflejo de la actitud de la comunidad con respecto a su medio natural y de la forma en que actúa sobre el mismo”.
Gran Canaria no ha estado sola en sus propuestas. Buena parte de las alegaciones que planteamos (y a las que hasta ahora no han hecho caso) coinciden con las formuladas por la Comisión de Ordenación del Territorio de la FECAI. También apoyamos algunas críticas del Consejo Consultivo. Nuestra aportación se fundamenta en tres consideraciones:
La planificación del territorio tiene que hacerse desde una visión integral e integradora, favoreciendo y garantizando la cohesión regional e insular. La isla es la unidad básica de ordenación territorial y los instrumentos insulares deben mantener la fuerza reguladora que han tenido desde 1987. El suelo rústico debe tener una consideración máxima, al tratarse de la parte más sensible, frágil, valiosa, presionada y estratégica del territorio.
Este Proyecto de Ley, en su actual formulación, rompe la idea de país canario. Traslada a los ayuntamientos la libertad absoluta sobre sus planeamientos; de la visión global planteada por la conocida como moratoria turística se quiere pasar a 88 planeamientos inconexos que rompen la necesaria coordinación general. Formamos un ecosistema canario y avanzamos, afortunadamente, hacia la unidad de mercado archipielágico. Lo que se aprueba en una isla influye en el resto. Hemos realizado grandes esfuerzos en infraestructuras que articulan un mismo país desde Órzola hasta Maspalomas, desde Las Canteras hasta Valverde.
La derogación de las Directrices de Ordenación General que se aprobaron por unanimidad es algo a lo que no se atrevieron los gobiernos autonómicos más conservadores que hemos tenido. Entendemos que se impulse su revisión, sin dejar peligrosos vacíos, jurídicamente inseguros. Así lo aconseja el Consejo Consultivo y lo apoyamos desde el Cabildo de Gran Canaria. También creemos que la autonomía municipal e insular es compatible con la aprobación y evaluación ambiental de los PIO por los órganos de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los PGO por los cabildos insulares. La isla debe considerarse la unidad básica de ordenación territorial y de los recursos naturales.
Con la actual redacción de este Proyecto de Ley aumenta el peligro de la ocupación de suelo rústico con actuaciones y usos ajenos a la actividad agraria. También rechazamos el planteamiento recogido en el proyecto de ley que da prioridad al “desarrollo económico” sobre el desarrollo sostenible en los tiempos de crisis. Nuestro suelo, nuestro ecosistema y nuestro paisaje son un valor estratégico que no puede vincularse a intereses cortoplacistas de algunos sectores.
En mi intervención en el Parlamento además de criticar el anteproyecto de Ley, expuse nuestras propuestas para mejorarlo. Todas van en la línea de defender la necesidad de establecer controles de legalidad administrativos (autonómicos y cabildicios) previos a la tutela judicial porque de lo contrario se traslada toda la litigiosidad a los tribunales de justicia. Y podemos encontrarnos con una paradoja, la ley que se presenta para agilizar, acaba colapsando los procedimientos en los juzgados…
En definitiva, esta semana en el Parlamento el mensaje que transmití en nombre del Cabildo de Gran Canaria fue que debemos ser coherentes con nuestra historia democrática y no romper la tradición del consenso político y social que hemos logrado en las últimas tres décadas cuando se ha legislado sobre el territorio y sobre el Régimen Económico y Fiscal. Frente a las prisas del Gobierno canario, nuestro mensaje es que todavía estamos a tiempo de mantener los principios de la sostenibilidad, porque estamos obligados a legar a las próximas generaciones un territorio en las mismas o mejores condiciones con las que nosotros lo recibimos. Roque Calero comienza su libro “Los cimientos de un mundo sostenible” con una cita de Unamuno que conviene tener presente: “Debemos pensar más en que somos más padres de nuestro futuro que hijos de nuestro pasado”. Se trata de poner en valor la hermosa herencia que nos dejaron nuestros padres y de que nuestros hijos no se avergüencen del legado que les vamos a dejar.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria