Son los autores de la ley los responsables de su paralización por parte del TSJC. El gobierno de CC-PP elaboró una ley sin tener en cuenta los errores de forma, desoyendo y rechazando las alegaciones y propuestas de mejoras a la ley planteadas por Nueva Canarias.
Tal y como establece el auto de 25 de julio de 2016 la paralización de la norma por parte de la sala se debe a las deficiencias en la elaboración del documento:
- Falta de informe de costas perceptivo y vinculante en la aprobación definitiva del documento.
- Falta de estudio económico, en la que se debe mostrar la viabilidad económica.
- Falta de informe o memoria de sostenibilidad económica para garantizar que puedan ser sustentadas por las Administraciones Públicas.
La presentación del recurso, presentando en la pasada legislatura, fue una decisión de la asamblea local de Nueva Canarias San Bartolomé de Tirajana ya que entendía que no respondía al interés general del municipio, haciéndose valer de su capacidad de decisión en los asuntos de carácter municipal. La presentación de la demanda fue el último recurso después de que se rechazaran las alegaciones presentadas y de que se negara la participación en la elaboración y tramitación de la ley a los concejales de Nueva Canarias.
El objetivo de los planes de modernización era rehabilitar y regenerar tejido turístico obsoleto, sin embargo varias de las decisiones se dirigían a habilitar inversiones nuevas a concretos y determinados agentes económicos, hurtándose ese mismo derecho a otros en igual posición. Se olvidan de los Centros Comerciales envejecidos y los pequeños empresarios, negándoles la posibilidad y el beneficio de la Ley. Ello sin olvidar el atentado que supone esta Ley a la autonomía local.
La Sala en su auto no ha entrado a valorar los argumentos por los que NC San Bartolomé presentó en su demanda: Cuestión de Inconstitucionalidad, apartados 1, 3 y 5 del art. 15 de la ley canaria 6/2009, de 6 de mayo, medidas urgentes, ámbito de los intereses municipales. De esos argumentos sí que estamos dispuestos a responsabilizarnos pero de las negligencias del Gobierno que generan inseguridad jurídica a los inversores e indemnizaciones millonarias a las administraciones públicas que se responsabilicen los que los sustentaron o defendieron (Coalición Canaria – Partido Popular- Agrupación de Vecinos).