Casi medio año después de estallar la polémica, el Tripartito insular y la Consejería regional de Política Social siguen echando balones fuera para no perjudicar al presidente Antonio Morales por su responsabilidad como exalcalde del municipio grancanario
El Grupo Popular ha acusado hoy al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias de dejar dormir el escándalo de los cobros irregulares a varios usuarios de la Residencia de Mayores de Agüimes, una práctica que se venía produciendo desde la época en que el actual presidente de la Institución insular, Antonio Morales, era alcalde del municipio grancanario.
Casi medio año después de que los usuarios afectados denunciaran unos hechos calificados como “graves” por la propia vicepresidenta canaria Patricia Hernández, la Consejería de Política Social del Gobierno autonómico y el gobierno Tripartito insular siguen sin explicar lo sucedido con el único propósito de intentar proteger al exalcalde y actual presidente del Cabildo grancanario.
“Desde que se conocieron los hechos hemos insistido en la necesidad de que se depuren responsabilidades y se devuelva cuanto antes el dinero cobrado de más a los usuarios, pero siguen transcurriendo los meses y tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias, y el propio Ayuntamiento de Agüimes, no hacen más que pasarse la pelota y mirar hacia otro lado“, resume el portavoz popular Felipe Afonso El Jaber.
Cabe recordar que fue la propia vicepresidenta del Gobierno de Canarias quien ya en junio reconoció que el dinero abonado por al menos 14 usuarios no estaba siendo utilizado para pagar unas plazas ya subvencionadas por la Ley de Dependencia, y que existían “indicios claros de una mala práctica” por parte del Consistorio de Agüimes desde la época de Antonio Morales como primer edil.
Del mismo modo, Patricia Hernández manifestó a mediados de julio que “no es legal que ciudadanos con el derecho a la Dependencia reconocido estén pagando más de lo que les corresponde –casi 1.000 euros más al mes- , por lo que se les tendrá que devolver el dinero”.
Sin embargo, a día de hoy siguen sin conocerse las conclusiones de la investigación abierta por el Gobierno de Canarias, que debería aclarar si el Ayuntamiento de Agüimes estuvo durante años certificando cantidades muy inferiores a las que realmente pagaban estas familias, si el Consistorio incumplió la Ley de Dependencia y, lo más grave, a qué se destinó el dinero de las cuotas cobradas a los usuarios durante este tiempo pese a tener la plaza subvencionada.