- El portavoz de Coalición Canaria en el municipio, Alejandro Marichal, celebró una mesa de trabajo con Elite Taxi Canarias para abordar problemas y principales demandas de profesionales del taxi en Gran Canaria
- Los directivos de Elite Taxi exigen más control e inspección a las actividades denominadas de ocio y recreo
- Control de microbuses, VTCs y taxis que cometen mala praxis (pago individual, espera y captación ilegal)
- Instalación ya de la barrera electrónica en el Aeropuerto de Gran Canaria para verificar el cumplimiento de la correcta recepción de pasajeros
El portavoz de Coalición Canaria en San Bartoloméde Tirajana, Alejandro Marichal, se ha comprometido a trabajar de la mano con el sector del taxi en el municipio, por tal razón se ha marcado una agenda de reuniones con las diferentes asociaciones del sector, a fin de conocer de primera mano sus necesidades y reivindicaciones.
La primera de sus reuniones la mantuvo hace dos semanas con la Directiva de Elite Taxi Canarias y profesionales del taxi para abordar los principales problemas y demandas de autónomos y asalariados del sector en la isla.
La principal reivindicación de los directivos de Elite Taxi ha sido la falta de inspección por parte del Cabildo de Gran Canaria en materia de transporte. Según la asociación están operando ilegalmente en Gran Canaria más VTCs de los permitidos, sin que el Cabildo haga nada al respecto. Concretamente, apuntan que hay 625 titulares de licencia VTCs autorizadas en Canarias, cuando en realidad están operando 1.640 licencias.
Por otro lado, demandan que se forme a los policías municipales para que puedan colaborar adecuadamente en las labores de inspección en materia de transporte urbano. Consideran que las sanciones relativas al Transporte se deberían hacer efectivas a través de una empresa de recaudación como “Valora”, al considerar que la policía local no está formada para gestionar este tipo de sanciones, ya que se archivan sin trámite hasta que prescriben, y el Cabildo de Gran Canaria alega al respecto ‘falta de personal y de presupuesto’.
Según denuncian, no está clara la vigencia de la declaración de “área sensible”, la única isla donde las autoridades no controlan ni aplican la legislación es Gran Canaria, y no se conoce quién está operando “legal o ilegalmente”. Además, afirman que “el taxi está funcionando como tapadera de otros negocios relacionados con el transporte e incurriendo así en una competencia desleal”, pues se permite que haya titulares de taxis, que a su vez pueden ser titulares de micros y VTCs. Por tal razón, solicitan que la concesión de la licencia administrativa conlleve la dedicación plena y exclusiva para la explotación del taxi, entendiendo que cabría la compatibilidad con otros sectores diferentes al transporte.
De igual forma, hacen alusión al incumplimiento, por parte del Cabildo de Gran Canaria, de la instalación de una barrera electrónica en el aeropuerto que tenga como finalidad evitar que vehículos no autorizados capten ilegalmente a usuarios, que incluso, ofrecen tarifas más bajas a las establecidas legalmente.
Por último, respecto a la aplicación telemática para la gestión de transfers los profesionales han pedido a CC que insten al Cabildo a que haya un cotejo de las solicitudes realizadas por las empresas o profesionales que hacen uso de la misma, pues se han detectados fraudes en el uso de la misma. Además, proponen que los micros y VTCs deberían hacer uso de dicha plataforma.
En el marco de la reunión, el portavoz de CC en San Bartolomé de Tirajana se comprometió a sumarse a las reivindicaciones que son competencia del Cabildo de Gran Canaria, y a trasladárselas al consejero del Cabildo por Coalición Canaria, Fernando Bañolas, para que presente una moción al respecto.
Asimismo, se comprometió a trabajar de la mano del sector para mejorar la situación del sector del taxi en el municipio, pactándose diversos puntos estratégicos al respecto, como es una mejor interpretación de la ley en Gran Canaria; la regulación de las áreas sensibles en la isla y la modificación puntual del artículo 86 de la declaración de áreas sensibles, clarificando puntos y actuando contra la aplicación del artículo por la no concurrencia de la ratio.
Por último, Alejandro Marichal coincide sobre el daño que genera la modalidad del ‘todo incluido’ en la economía local y en los transportes. Si bien es cierto, puntualizó, que la normativa europea favorece la economía de libre mercado, y por tanto, no cabe una prohibición específica, destacó la resolución de 2004 del Parlamento europeo sobre Turismo y Desarrollo ((2004/2212(INI)), que solicitaba a los operadores turísticos que revisaran sus paquetes “todo incluido”, pues impiden que los beneficios indirectos recaigan en la comunidad local. Igualmente, les animaba a que, en la medida de lo posible, se proveyeran localmente de material y de personal.