Que las prisas no son buenas consejeras es una cuestión que casi nadie duda. Pero parece que el nuevo ministro de Fomento, Íñigo Gómez de la Serna, tiene excesiva premura por resolver el conflicto de los estibadores portuarios a base de decreto ley. Una fórmula con reminiscencias absolutistas, que en manos de gobiernos de PP recuerdan sus formas propias de hacer política laboral: sin negociación y aplicando rodillo.
La interpretación de la sentencia al antojo del ministro no habla de echar de sus puestos a los portuarios ni de un abaratamiento de la mano de obra, que llevaría a la contratación de manos inexpertas. Un sector cualificado que en la actualidad cuenta con una de las cifras más bajas por siniestralidad.
Sí es una realidad que la aprobación de este decretazo que impone el nuevo ministro supone el despido de 6.000 trabajadores indefinidos, muchos de ellos canarios, que llevarían al desempleo a miles de familias. Es una fórmula para llevar a cabo un despido generalizado y la apertura de un nuevo proceso de selección y contratación libre de todo el personal estibador portuario, que no se deriva de la sentencia de la Unión Europea.
Es decir, De la Serna ha interpretado la sentencia a su antojo siguiendo las políticas laborales a las que nos tiene acostumbrados el Partido Popular. En el texto y en el fallo, en la sentencia, no se dice que haya que echar a los estibadores, o haya que reducirles el sueldo a 800 euros. Nada de eso está, aunque sea eso la consecuencia del decretazo. El nuevo ministro ha decidido entrar como elefante en cacharrería en el conflicto de la estiba y no agotar las vías del diálogo ni negociar. Por coherencia con el trabajo realizado antes de llegar De la Serna hay cuestiones que son indiscutibles e inamovibles ya logradas , y entre ellas la de la ratificación por parte de la patronal (Anesco) del acuerdo alcanzado.
Pues ni eso.
Como la memoria, para el Partido Popular las prisas con selectivas. A De la Serna no le urge de la misma manera imponer su criterio ante la estiba que aportar el dinero necesario para poder licitar la carretera de Agaete a El Risco, imprescindible para el municipio de La Aldea y para la isla en su conjunto. Desde que tomó posesión tiene sobre la mesa la petición del Gobierno de Canarias, a través de la ex consejera Ornella Chacon, de reunión urgente para la firma del nuevo convenio de carreteras: eso, para el ministro, no corre prisa. Y mientras, toda Canarias esperando.
Evidencia de ese modo que lo que al Partido Popular no le interesa, lo relega en su orden de prioridades. Y le da igual que los trabajadores portuarios sufran una “condena a muerte de la profesión”. Lo que el ministro quizá no sepa, es que como Zapata, ellos, como tantos otros, preferirán, en la lucha, morir de pie que vivir arrodillados.
Para evitarlo, que dialogue. Es solo eso; algo que, para alguno, parece ser demasiado.