En su escrito al Fiscal Anticorrupción señala que el sistema se ha mantenido durante años y cita a Marco Aurelio Pérez cuando en el 2004 anunciaba medidas dirigidas a evitar esa práctica y a “exigir responsabilidades a ediles y trabajadores”. En el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se aplica el siguiente sistema para eludir los controles y requisitos legales en la contratación: se celebran contratos violando requisitos o trámites legales esenciales, esto da lugar a que esos contratos posteriormente sean declarados nulos, no obstante, como, entre tanto, la empresa ilegalmente contratada ya ha prestado sus servicios emite las correspondientes facturas, y entonces el Ayuntamiento como ya recibió los servicios o bienes proporcionados por la empresa, le paga las facturas. De modo que el resultado práctico para el Ayuntamiento y la empresa beneficiada es el mismo que si se hubiese contratado correctamente, pero habiéndose en realidad eludido el procedimiento legalmente establecido. Cronológicamente el sistema consiste en:
1.- Se contrata ilegalmente porque se realiza una mera adjudicación verbal a una empresa, y
no existe previsión en el presupuesto para el pago de ese contrato.
2.- El contrato se cumple por la empresa, que presta sus servicios, y libra las correspondientes
facturas.
3.- La Intervención formula un informe de reparo suspensivo señalando que el contrato es nulo.
4.- La empresa tiene derecho a que se le pague por los servicios o bienes que proporcionó al Ayuntamiento de buena fe. Y el Ayuntamiento le paga las facturas. Esta práctica se repite una y otra vez, sin que jamás se hayan derivado responsabilidades para los políticos y funcionarios involucrados.Pese a que ya en el 2004 Marco Aurelio Pérez como Alcalde manifestaba al respecto: “Y, precisamente, como la deuda extrapresupuestaria existía, la Alcaldía adoptó en seguida una serie de medidas dirigidas a cortarla, e incluso tendentes a exigir responsabilidades a ediles y trabajadores que en lo sucesivo la produjeran. En ese sentido, la Presidencia elaboró un escrito que se dirigió a los responsables técnicos y políticos de las distintas Áreas, recordándoles el procedimiento del gasto, la necesidad de ajustarse a los créditos del presupuesto, y las responsabilidades que podían reclamarse por su incumplimiento, y otro que se mandó a los distintos proveedores del Ayuntamiento, señalándoles que no suministraran bienes, ni servicios sin que a la concreta petición se acompañara la oportuna reserva de crédito.
El Alcalde lo sabe, al menos desde el 2004 lo sabe. Que cumpla sus palabras de entonces y exija las responsabilidades de ediles, trabajadores y proveedores implicados; y por supuesto que asuma la suya propia como máximo responsable del Ayuntamiento
