En octubre de 2017 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia decidió negar la autorización a Enagás, a través de su sociedad Gascan, para poner en marcha las obras de la regasificadora de Granadilla, en Tenerife. La CNMC indicaba entonces en su informe que “no se considera conveniente tomar, en estos momentos, la decisión de autorizar la construcción de la Planta de GNL de Granadilla (Tenerife), hasta que no se disponga de las mencionadas garantías de uso de la planta, y de los correspondientes estudios económicos que comprueben la sostenibilidad económica del sector del gas natural, tras la gasificación de las Islas Canarias”. El informe de la CNMC sostenía –aquí está la clave- por un lado, que no existe un compromiso de la compañía suministradora de energía a las islas (Endesa-Unelco) de que va a consumir el gas que produciría la gasificadora y, por otro, que no se dispone de un estudio económico real sobre la propuesta.
Por las mismas fechas, Juan Vila, presidente de GasINDUSTRIAL, publicaba en El Periódico de la Energía, un artículo absolutamente esclarecedor. Se oponía, coincidiendo con la CNMC, a la central de Granadilla básicamente con los mismos argumentos. En “En esta piedra, ya tropezamos”-así se titula su artículo- Juan Vila empieza haciéndose dos preguntas: “Primera cuestión: ¿Para quién se construyeron en España, en la última década, tres centrales de descarga de GNL (Gas Natural Licuado)? Respuesta: para las más de sesenta centrales de ciclo combinado también recientemente construidas para producir electricidad y, dicho sea de paso pero no menos cierto, para satisfacer “la vanidad” de algunas autonomías afanadas por contar “con todo de todo” en su territorio. Fue el pernicioso fenómeno del “yo también quiero una”… Segunda cuestión: ¿Y quién paga la amortización, mantenimiento y operación de estas plantas? Pues bien, debido a la crisis y al aumento desbocado de las renovables, hoy la mayoría de estas centrales no funcionan o funcionan muy poco. La producción de electricidad a partir de gas representa únicamente el 20 % del consumo de gas, mientras que la previsión contemplada en su momento era del doble -ya alcanzado en 2008-, o incluso del triple. Así es que quien paga todo esto no son los ciclos para los que se construyeron estas instalaciones. Estas infraestructuras las pagan en primer lugar los que no las necesitaban en absoluto, o sea la industria, cuyo consumo de gas supone el 60% del total del país. Tenemos seis centrales de Gas Natural Licuado cuando con dos o tres estaríamos sobradamente bien servidos hasta el año 2030. (…) Tanto técnicos como políticos cometieron el error de planear este asunto erróneamente. Decidieron construir muy por encima de las necesidades del país lo que está costando a la industria miles de millones de euros en costes y la subsiguientemente pérdida de competitividad. Decisión errónea de nefastas consecuencias para la industria. Quienes la tomaron, se han quedado tan anchos. La factura la pagan otros.”
El Gobierno Canario salió al paso inmediatamente, y justificando el despropósito, con afirmaciones cuando menos singulares: aseguraron entonces que el informe de la CNMC era pecata minuta, que se harían meras correcciones a los documentos presentados y que las aportarían de inmediato. Como si no hubiesen tenido tiempo durante los 20 años transcurridos desde la presentación del proyecto de penetración del gas en Canarias. Y sabían que no estaban diciendo la verdad. No puede haber documento que lo justifique porque producir energía con gas en nuestro archipiélago nos cuesta unos 190 euros el MW/h mientras con las renovables es de unos 80 euros el MW/h y no puede haber un compromiso de compra del gas producido porque sería de tontos comprometerse a comprar el gas de por vida cuando cada vez es más barata y mayor la producción de renovables. Gas Natural lo vio más claro y retiró los fondos destinados a comenzar las obras.
Un año justo después y “tras las correcciones presentadas de inmediato”, la CNMC ha vuelto a dar una bofetada al intento de implantar el gas en Canarias. El órgano regulador ha insistido una vez más en que es insostenible económicamente implantar el gas en esta tierra. Vuelve a repetir que genera más costes que ingresos, que no tiene clientes asegurados, que el sobrecoste lo terminaríamos pagando todos…
Es lo que vengo sosteniendo desde hace muchos años. Es lo que venimos afirmando los que apostamos por otro modelo energético. Pero el gobierno se mantiene en sus trece. Insisten en el gas como elemento de transición aunque después tengamos que cubrir entre todos los costes del despropósito. Como está pasando en el sistema peninsular: Gas Natural ha presentado una demanda contra el Estado español en la Audiencia Nacional reclamando nada más y nada menos que 400 millones de euros por responsabilidad patrimonial a causa, dicen, del impacto que ha tenido en su cuenta de resultados la paralización de sus centrales térmicas de gas desde el año 2009 debido a que se sobreincentivó a las renovables. Es algo parecido a lo que hizo Iberdrola cuando se le impidió que cerrara la planta de Arcos de la Frontera que pidió entonces una indemnización de 900 millones. O lo que ha sucedido con Castor, el cementerio de gas de Castellón, que fue paralizado al provocar 500 seísmos y por el que estamos pagando a Florentino Pérez 1.700 millones de euros. O lo que está sucediendo con las autopistas de peaje. Y es que los beneficios son para unos pocos, mientras que las pérdidas se socializan.
Corporate Europe Observatory es un ente que viene denunciando desde hace muchos años las prácticas ligadas a los trust político-económicos para imponer el gas. Según este observatorio, el lobby del gas europeo cuenta con más de 1.000 grupos de presión en sus nóminas y han empleado para obtener sus fines más de 100 millones de euros solo el año pasado. Afirman que algunos de los que más gastan son Shell o ExxonMobil. Tiene que ver eso exactamente con los continuos mensajes del gas como elemento de transición a las renovables (¿les suena?), el gas como combustible más limpio o el gas más barato que el fuel… cuando según la modelización de la propia UE, Europa ya tiene suficiente capacidad para cubrir la demanda de gas hasta 2040 sin construir nuevas infraestructuras.
Lo he repetido mil veces y lo vuelvo a repetir: las grandes productoras de petróleo y gas no escatiman esfuerzos una y otra vez para impedir que se incentive la producción de renovables y el aumento de la eficiencia energética. Y es en España donde mejor apoyo han encontrado sin ninguna duda. Y eso a pesar de que su implantación está siendo ruinosa. Desde 2002 hasta 2011 en España se instalaron 67 plantas de ciclo combinado con una inversión de más de 13.000 millones de euros. En los últimos años su producción ha caído en un 72%. En la actualidad distintas plantas instaladas por toda la geografía peninsular se han tenido que parar (Huelva, Castellón,… ). Red Eléctrica plantea que se deberían cerrar al menos diez ciclos combinados nuevos. Que sobran 6.000 MW de gas. La planta regasificadora de El Musel, en Gijón, se inauguró y ni siquiera se ha puesto en funcionamiento… Según la CNMC se deberían cerrar distintas plantas de ciclo combinado porque muchas de ellas no han funcionado ni al 10% de su capacidad y porque sería más rentable sustituirlas por renovables. Según un informe de UBS, Europa podría cerrar en los próximos dos o tres años un total de 127 gigavatios de carbón y gas. Y mientras se están pidiendo al Estado más de 1.400 millones de indemnización por el cierre de plantas… La gran burbuja del gas se inicia en la época de Felipe González y avanza a piñón fijo durante los mandatos de Aznar, Zapatero y Rajoy. Las inversiones y las plantas e infraestructuras construidas o por instalar en España son tres veces superiores a las necesarias y España tiene en estos momentos una tercera parte de la capacidad de regasificación de toda Europa.
Miren lo que está pasando estos días con la rebelión del sector energético ante los planes de transición energética que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho públicos días atrás. Le insisten en que los pasos a dar sean “inteligentes, graduales y sin ansiedad”. Es decir: déjese ir, cristiano, que nos puede hacer un descosido, que primero el negocio y después el interés de la ciudadanía y el planeta. Como apuntaba Jesús Mota en El País el pasado 17 de noviembre: “mientras toda España asimila el severo impacto de las condiciones de transición energética-el mercado de los motores de combustión debe esfumarse en 32 años y el 100% de la electricidad debe ser renovable en 2050-, el mercado mayorista de electricidad sigue triturando los recibos de luz de los ciudadanos. Con viento o sin viento, con lluvia o en régimen de secano, a pleno sol o entre tenebrosos nublados, con impuestos o sin ellos, el precio de la electricidad en el mercado sube de forma persistente…”
Insisto, lo he escrito otras veces. Tenemos que hacer posible otra política energética. Tenemos que obligar a que se implante un nuevo modelo energético. En Canarias es factible y necesario. Solo hay que ponerse. Haciendo lo que nos corresponde y exigiéndolo a los gobiernos de turno. De la mano de la ciudadanía, como con el petróleo. Porque dependemos en un 92% del exterior y de lugares inseguros, porque tenemos recursos naturales suficientes, porque nos sale muchísimo más barato producir energía con renovables que con fósiles, porque nos amenaza el cambio climático… Y no es tan difícil. Solo hay que aplicarse a trabajar -con firmeza, sin circunloquios y sin condicionantes externos- por la eficiencia y el ahorro, por favorecer el autoconsumo en los comercios, industrias y hogares, por despejar todos los obstáculos que atenazan a la energía eólica, por implantar millones de metros cuadrados de fotovoltaicas en edificios públicos e industriales, por potenciar la geotermia como energía limpia e inagotable, por forjar un mix de biomasa endógena, aerotermia, energía mareomotriz…, por sustituir las grandes centrales térmicas por plantas de generación más cercanas y permeables, por favorecer la implantación de las hidroeléctricas donde fuera necesario, por establecer industrias, por fomentar la I+D+i, por crear miles de empleos verdes alrededor de las energías limpias… Ese y no otro es el camino a transitar.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria