- Concluyen las XVI Jornadas de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, que les han reunido en Santander durante los últimos tres días
- Entre los temas que han abordado, los mecanismos de respuesta contra la violencia sobre la mujer o la seguridad de los datos en el expediente judicial electrónico
Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia reunidos estos días en Santander han dado hoy por concluido su encuentro anual con una declaración institucional en la que expresan su “más enérgica condena” a la violencia así como el respaldo a los miembros del Poder Judicial en Cataluña y a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
A lo largo de las jornadas, los presidentes de los TSJ han abordado distintos temas, como los mecanismos de respuesta judicial contra la violencia sobre la mujer o la seguridad de los datos en el expediente judicial electrónico.
También han trabajado sobre asuntos de organización interna en los Tribunales Superiores, tales como el rediseño de las Salas de Gobierno, las Secretarías de Gobierno y las propias Presidencias de los Tribunales Superiores, o sobre las medidas de refuerzo en los órganos judiciales.
Declaración institucional
La declaración institucional de los presidentes de TSJ comienza manifestando que “el Estado de Derecho es uno de los logros indudables en la evolución de nuestras formas de convivencia, y pasa, entre otras cosas, por el ineludible respeto a la ley: a su formulación y a la realización del orden jurídico que lleva a cabo el Poder Judicial”.
“Como hemos sostenido en tantas ocasiones anteriores –señalan-, las sentencias de los tribunales son susceptibles de crítica. Pero dentro de un orden constitucional, todos los ciudadanos y especialmente los poderes públicos, tienen no solo la obligación general de respeto al orden jurídico, sino de acatamiento y ejecución de las sentencias judiciales”.
Sobre este marco, y “ante los graves sucesos vividos” a raíz de la sentencia del procès, los presidentes expresan “su más enérgica condena de la violencia desplegada como cauce de protesta contra la decisión del Tribunal Supremo, fruto de un proceso ejemplar en su marco de garantías, que no puede ser objeto de semejante ataque e intento de deslegitimación, que no se ha transformado en otra cosa que en un absoluto desprecio al propio Estado de Derecho intolerable en una sociedad democrática”.
Asimismo, expresan su “respaldo a los miembros del Poder Judicial que desempeñan su función en la Comunidad Autónoma de Cataluña, tutelando los derechos e intereses legítimos de todos los ciudadanos en cumplimiento de lo encomendado por la Constitución”.
Junto a ello, muestran su “respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad que, en un desempeño ejemplar de su deber, han llevado a cabo la defensa de las instituciones con altas dosis de sacrificio”.
Finalmente, trasladan a la sociedad “la firme garantía de que la defensa del Estado de Derecho y del ordenamiento constitucional seguirá siendo una realidad por encima de cualquier ataque, que solamente encontrará respuesta desde la propia aplicación de la ley”.
Mecanismos contra la violencia de género
En sus conclusiones, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia se refieren a distintas medidas necesarias para dar una respuesta judicial adecuada a la violencia de género.
Destacan en este capítulo “la necesidad de racionalizar definitivamente la jurisdicción completando la especialización y comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer, de forma que todas las causas sean instruidas en órganos especializados y enjuiciadas ante juzgados penales también especializados”.
Proponen además el pleno desarrollo y la dotación efectiva de las Oficinas de Asistencia a Víctimas, con unos equipamientos en las dependencias judiciales “que incluyan espacios reservados para las víctimas, que les garanticen unas condiciones mínimas de seguridad y confort”.
Desde la perspectiva de la prevención proponen fortalecer la asistencia jurídica a las mujeres en situación de violencia de género, que se intensifiquen los protocolos –sanitarios, policiales y asistenciales- para la detección de estas situaciones, y el refuerzo de los medios que permiten el control de las medidas cautelares adoptadas una vez que el asunto se judicializa.
Trazabilidad en los accesos a resoluciones
Por último, los presidentes han dedicado tiempo a disertar sobre la seguridad de los datos en el expediente judicial electrónico.
En sus conclusiones, señalan que “aunque la implantación del expediente judicial electrónico proporciona una mejor accesibilidad al mismo”, “debe reforzarse la seguridad judicial electrónica garantizando en todo caso la custodia y reserva de los datos contenidos en el expediente judicial electrónico”.
En este sentido, manifiestan que “los accesos al expediente judicial y a las sedes judiciales electrónicas para verificar la autenticidad e integridad de las resoluciones judiciales a través del Código Seguro de Verificación (CSV) deben incorporar un control de trazabilidad que permita identificar al usuario y comprobar la legítima finalidad del acceso”.