La pasada semana, conocíamos a través de los medios de comunicación, que el Gobierno de Canarias devolverá 5,8 millones de euros, aproximadamente el 97% de las partidas Estatales que provienen del fondo presupuestario del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, perteneciente al ejercicio 2018, habiendo ejecutado tan solo 175.000 euros, en torno al 3%, de la totalidad de las partidas anteriormente mencionadas.
Ese mismo año, el Gobierno Regional presidido por Coalición Canaria, concretamente el entonces Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Manuel Barragán, junto a la anterior Directora del Instituto Canario de Igualdad, adoptaron la decisión de invertir el 3% de los casi 6 millones de euros destinados anualmente a la lucha contra las violencias machistas.
Durante el año 2018, la Comunidad Autónoma de Canarias se sitúa como la quinta comunidad con mayor tasa de violencia de género del territorio nacional, al registrar 19.46 casos por cada 10.000 mujeres residentes en las islas. Situándose por delante Baleares (30), Murcia (22,94), Valencia (21,89) y Cantabria (20,49).
Tan sólo un año más tarde, Canarias registra la mayor tasa de España, con 22,6 mujeres denunciantes por cada 10.000, cuando la media estatal es de 16,2. En el segundo trimestre, 27,4 mujeres al día denunciaron en las islas haber sido agredidas, un 24% más que en el mismo período del año anterior.
Así lo reflejaba los datos de la memoria trimestral del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Órgano del Poder Judicial (CGPJ).
Coalición Canarias (CC), junto al Partido Nacionalista Canario (PNC), publica el 24 de noviembre de 2018 un manifiesto que se encuentra en la página oficial de la formación, en el que, entre otras aseveraciones, resaltan las “más de 14.000 llamadas al teléfono de atención a las víctimas en 2017 y las más de 4.000 denuncias registradas” así como prometían “debemos adoptar nuevas medidas para reforzar la lucha por la Igualdad y contra la Violencia de Género. Entre nuestras prioridades, está la lucha por la igualdad.”
Desde EQUAL LGTBI+ rechazamos la omisión de responsabilidad del anterior Gobierno Regional.
La Violencia Institucional, se conforma desde la irresponsabilidad hacia las problemáticas sociales que quedan en el limbo representativo de las realidades invisibilizadas, sin embargo, nos encontramos ante un tipo de Violencia Institucional que ha instrumentalizado ciertos discursos a través de manifiestos y declaraciones amplias en continente partidista aunque vacías de contenido político.
Declarar acciones frente a una lacra social que diariamente tiene lugar y se cobra la vida de numerosas víctimas, no es lo mismo que enfrentarse a dicho problema.
La omisión es agresión, y cuando proviene de la institución pública es Violencia Institucional.
Es por ello que Coalición Canarias debe pedir disculpas públicamente con la misma cobertura mediática con la que instrumentalizó los mensajes de un movimiento activo que es y será apartidista.
(CC – PNC 24