- El objetivo es que estos terrenos pasen de ser alimento para las llamas a convertirse en aliados en la lucha contra los incendios forestales
- Los dueños serán localizados por teléfono o carta para ofrecerles ayudas para sufragar el coste del desbroce y roturación de los terrenos
- Las parcelas ocupan 273 hectáreas de Moya, Valleseco y San Mateo con acumulación de combustible vegetal
- La población afectada también puede contactar con el Cabildo a través del correo cortafuegosagricolas2020@grancanaria.com
- En una segunda fase se intervendrá en otras 263 hectáreas en los municipios de Teror, Guía, Gáldar y Firgas
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de junio 2020.- El Cabildo de Gran Canaria ha identificado a 1.200 propietarios de fincas agrícolas en desuso que ocupan 273 hectáreas en zonas de alto riesgo de incendios forestales de Moya, Valleseco y San Mateo para localizarlos, tanto por teléfono como por carta, para poner en marcha una línea de ayudas de 200.000 euros para sufragar la eliminación del combustible vegetal de sus terrenos y que sirvan así como cortafuegos ya que los últimos incendios transcurrieron en parte por fincas privadas abandonadas.
Así, estas parcelas dejarán de ser alimento para las llamas y se transformarán por el contrario en aliadas en la lucha contra el fuego porque impedirán que se propague y que salte de cuenca en cuenca y ponga además en riesgo núcleos de población y viviendas aisladas, entre otros bienes naturales y materiales.
La estrategia a medio y largo plazo del Cabildo en relación a los antiguos espacios agrarios que han caído presa del olvido va más allá y contempla estímulos para que los propietarios recuperen la actividad o inscriban las fincas en el banco de tierras para que otras personas puedan coger el testigo.
Lo más inmediato ahora es la inminente convocatoria de subvenciones para 2020, que va destinada únicamente a las fincas seleccionadas por el Servicio de Prevención de Incendios de Medio Ambiente dentro de las Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZARI), detalló el consejero de Sector Primario, Miguel Hidalgo.
En realidad, el mantenimiento de los terrenos privados abandonados corresponde legalmente a sus propietarios, en muchos casos herederos, circunstancia que no les exime de su responsabilidad. Además, las instituciones tropiezan con dificultades burocráticas y económicas para intervenir en ellos al no ser de titularidad pública.
No obstante, el Cabildo de Gran Canaria ha buscado una fórmula para abordar la situación ante los riesgos de perpetuarla de cara a la seguridad general, en especial en el norte de la Isla, uno de los lugares de Europa más difíciles de defender del fuego por el volumen de vegetación y la dispersión de la población que caracteriza a este entorno.
Esta iniciativa conjunta de las áreas de Medio Ambiente y Sector Primario prevé una segunda fase de cara al próximo año que abarcará en este caso a los propietarios de fincas que ocupan una superficie de 263 hectáreas en los municipios de Teror, Guía, Gáldar y Firgas. Se priorizaron Moya, Valleseco y San Mateo porque hoy por hoy albergan una carga mayor de maleza.
Trabajo de campo
Además de la identificación de los propietarios, un trabajo minucioso para su localización, ya que alrededor de una tercera parte son herederos, los técnicos de Sector Primario ya han inspeccionado las 702 fincas de Valleseco y las 263 de Moya, que suman 111 hectáreas, además de aproximadamente la mitad de las 1.494 fincas de San Mateo, para conocer su situación concreta y las características del terreno.
De las inspeccionadas, solo un 10 por ciento están ahora cultivadas, por lo que el 90 por ciento restante necesitarían ser desbrozadas antes de su roturación, es decir, su arado. Los interesados en saber si sus terrenos están incluidos en estas áreas estratégicas pueden enviar un correo electrónico a cortafuegosagricolas2020@grancanaria.com para realizar la consulta, también los que conozcan que están afectados para facilitar la labor del Cabildo.
El Cabildo asesorará a los propietarios sobre las distintas ayudas disponibles para poner en marcha cultivos o arrendar las tierras a terceros tras la limpieza para crear un paisaje mosaico beneficioso para la prevención de incendios y a la vez para promover la soberanía alimentaria. Entre esas ayudas, se articularán en el futuro una de 450.000 euros para la recuperación de tierras en desuso y otra de 210.000 euros para jóvenes agricultores y ganaderos.