Europa ha diseñado una estrategia para impedir el acceso al continente europeo de las personas que emigran desde el continente africano. Lo que está sucediendo en Lesbos, Lampedusa, Ceuta, Melilla y Canarias no es fruto de la casualidad. Y el Gobierno de España no está alzando la voz contra esta estrategia.
He repetido en distintas ocasiones que Gran Canaria no puede convertirse en una isla-cárcel para las miles de personas que intentan llegar al continente europeo desde el continente africano. Nos negamos tajantemente a que nos convirtamos en una gran Moria que reproduzca el modelo de hacinamiento y de quiebra de los derechos humanos de Lesbos o Lampedusa.
He insistido en reclamar derivaciones inmediatas a la Península para que otras comunidades que no son receptoras de personas migrantes asuman solidariamente una parte de los flujos. El estado dispone en estos momentos de miles de plazas libres en la península en condiciones de poder hacerlo. Más de un 60% de las plazas disponibles en territorio peninsular se encuentran desocupadas.
Exijo con rotundidad que se ponga fin a la situación inhumana que padecen en el muelle de Arguineguín las personas llegadas hasta nuestra isla. Y me aterra que nos acostumbremos a vivir con esa tragedia. Alzábamos la voz alarmados cuando veíamos hacinadas a 400 personas en ese espacio, sin que se respetaran, además, las 72 horas que establece la legislación para la filiación, el cribado, la realización de test… y hoy permanecen en ese puerto más de 600 personas en condiciones infrahumanas. Y ya ha dejado de ser noticia.
La utilización de las instalaciones militares en desuso para proporcionar una primera acogida digna a las personas que llegan es urgente y prioritaria. Es inaceptable que se produzcan improvisaciones continuas para procurar alojamientos circunstanciales, disponiéndose de instalaciones adecuadas en Gran Canaria y en el resto de las islas por parte del ejército. Desde la primera gran crisis migratoria al inicio del siglo XXI ningún gobierno de España ha hecho posible la creación de centros de primera acogida dignos en Canarias.
Hay que mejorar asimismo el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) para detectar las embarcaciones en alta mar, salvar vidas y evitar las imágenes de personas exhaustas y desorientadas llegando a nuestras costas. En Gran Canaria seguimos teniendo zonas de sombra preocupantes.
Europa y el Gobierno de España deben activar los mecanismos diplomáticos y económicos necesarios para actuar de manera inmediata en los países de origen con políticas activas de codesarrollo que generen actividades económicas productivas y que permitan disminuir sus altas tasas de pobreza y desigualdad.
Es de una urgencia clamorosa la necesidad de una dirección única por parte del Gobierno de España ante los cuatro ministerios implicados ( Migraciones, Interior, Defensa y Política Exterior). La última visita del Ministro de Migraciones dejó meridianamente claro que los ministerios que tienen que ver con esta crisis no se coordinan y que, más allá de ello, mantienen desencuentros evidentes que dificultan la búsqueda de soluciones.
Es imprescindible la transparencia y la comunicación fluida entre todas las administraciones implicadas y que se activen instrumentos de formación, información y sensibilización de la ciudadanía, para frenar la instrumentalización de la extrema derecha del fenómeno de la migración con la intención desestabilizadora de generar alarma social, miedo, odio, rechazo, racismo y xenofobia. Están reproduciendo con nosotros el modelo de Lampedusa. Solo nos faltaría que apareciera un Salvini de turno. Es muy fácil azuzar el miedo y el odio.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria