Este jueves el magistrado de la Instancia Nº8 del Juzgado de Las Palmas con competencias en el CIE de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, acompañado de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha regresado por tercera vez al campamento de emergencia donde permanecen 2.108 personas migrantes hacinadas. Tejera continúa denunciando que estas reciben un “trato inhumano y degradante” y que además se está vulnerando su derecho a recibir una adecuada asistencia letrada, lo que les impide conocer que pueden solicitar asilo por proceder de regiones en conflicto.
“Mantener esta crueldad sádica es absolutamente innecesario”, ha señalado el magistrado que ha pisado nuevamente este campamento para, según ha informado “comprobar si los letrados están atendiendo debidamente a los y las migrantes”, algo que teme no sea así. Díaz Tejera ha explicado que para una óptima asistencia jurídica las personas migrantes deben mantener conversación privada con un abogado y en presencia de un intérprete, fundamentalmente de su idioma materno. Solo de esta forma las personas migrantes podrán saber si hay o no razones para presentar la solicitud de asilo, o para elaborar los recursos contenciosos contra las órdenes de expulsión.
El magistrado insiste en que a pesar de los meses trascurridos “sigue habiendo un silencio atronador por parte de los representantes públicos que han prometido o jurado defender la Constitución y los Derechos Humanos, ya que siguen sin decir absolutamente nada para que el muelle sea desalojado” y se ponga fin al “trato inhumano y degradante” a las personas migrantes.
Díaz Tejera, al igual que la alcaldesa Bueno, sostiene que en 400 metros no se pueden hacinar 2.000 personas “porque no son ganado, son seres humanos”. “No hay condiciones de salubridad ni de higiene para atenderlos debidamente. Tampoco hay condiciones de seguridad para tutelar la integridad física de todos ellos ya que ante cualquier trifulca pueden caer al agua y no saben nadar”, ha explicado.
Asimismo, ha advertido que tampoco son idóneas las condiciones para los empleados y voluntarios de Cruz Roja o para los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía. “No hay condiciones objetivas para que el campamento pueda seguir estando aquí”, ha recalcado. Para el magistrado “es una crueldad seguir esperando a que instalen campamentos cuando en 2006 los militares los levantaban en pocas horas, como se hizo en la zona alta de La Isleta donde se pudieron atender a 3.500 migrantes”.
La alcaldesa, que ha presenciado la llegada de 57 personas migrantes durante su visita, ha apuntado que el campamento “se vuelve a situar en unas cifras que no se pueden tolerar bajo ningún concepto”. “Se están llevando a cabo pocas actuaciones por parte del Gobierno de España pero no las necesarias para desmantelar de una vez por todas este dispositivo en el que no se respeta para nada la dignidad de las personas”, ha expresado.
Bueno coincide con Díaz Tejera en la necesidad de disponer de las instalaciones militares para acoger a las miles de personas que están llegando a las costas de Canarias. “Lo hemos reivindicado al Estado desde el minuto uno, es decir, desde que se levantó el campamento el 20 de agosto”. La regidora moganera advierte que para este fin de semana se espera “una gran oleada de pateras y cayucos” y si el muelle “no se descongestiona de manera urgente no sabemos lo que puede pasar, sobre todo porque ya de forma interna se están produciendo pequeños conatos de trifulca entre las personas migrantes hacinadas”.