- Mogán, San Bartolomé de Tirajana, la Confederación Canaria de Empresarios y la FETH abogan por recuperar la actividad turística de los establecimientos alojativos
- El Consistorio abrirá expedientes sancionadores a aquellos hoteleros que desarrollen una actividad diferente a la turística en sus instalaciones
- El 31 de diciembre será la fecha límite del alojamiento de personas migrantes en los establecimientos hoteleros de Mogán
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha anunciado este jueves 26 de noviembre las acciones que emprenderá el Consistorio para que los hoteles y complejos de apartamentos del municipio no continúen alojando más allá del 31 de diciembre a las personas migrantes que llegan a las costas de la isla y estos sean reubicados en instalaciones del Estado. La finalidad es recuperar la actividad turística de las recintos alojativos y por ende, de los núcleos en los que estos se encuentran.
La alcaldesa ha explicado que la Administración Local moganera podrá iniciar expedientes sancionadores a aquellos hoteleros que después del 31 de diciembre sigan desarrollando en sus establecimientos otras actividades no turísticas, como es el caso de los que realizan labores de custodia preventiva y cautelar de extranjeros, acogida y atención a menores extranjeros no acompañados, o en general, la acogida de inmigrantes con fines de atención social.
Bueno ha encontrado respaldo en esta decisión en el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CEE), Agustín Manrique de Lara, en el Secretario General de la misma entidad, José Cristóbal García, y en la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, representada en la rueda de presa por Nicolás Villalobos. Pero también en el municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana, donde desde hace meses, al igual que en Mogán, un gran número de plazas hoteleras las ocupan los migrantes al no haber dispuesto el Gobierno de España de instalaciones ya acondicionadas para dar cobijo a estas personas, un asunto que la propia alcaldesa moganera viene reivindicando desde que se instaló en el Muelle de Arguineguín el campamento de emergencia el pasado 20 de agosto.
El concejal de Turismo y Urbanismo de San Bartolomé de Tirajama, Alejandro Marichal, ha coincidido al expresar que los municipios turísticos del sur de la isla “no pueden seguir soportando esta situación y menos aún que se haya tomado la decisión de alojar a los migrantes en complejos turísticos”. Según el edil “es un error garrafal que dificulta la reactivación de nuestra economía”.
“Mogán pone como fecha límite el 31 de diciembre para que los migrantes de los hoteles sean reubicados en las instalaciones del Estado porque hasta esa fecha están en vigor los contratos que tienen firmados los 10 establecimientos hoteleros del municipio con el Ministerio de Migraciones”, ha señalado la alcaldesa. “Hemos sido pacientes ante esta situación dramática y hemos entendido el apoyo por parte de los hoteleros poniendo a disposición sus instalaciones pero esto tiene que tener un fin, el 31 de diciembre. El Estado tiene que asumir su competencias y abordar esta crisis migratoria en sus propias instalaciones, esas que aún esperamos se desplieguen con capacidad para 7.000 camas”, ha proseguido.
Más de 6.000 migrantes se encuentran en estos momentos repartidos en al menos 16 hoteles o complejos de apartamentos de los dos municipios turísticos del sur de Gran Canaria. Concretamente en el municipio de Mogán 496 migrantes menores de edad están en dos complejos turísticos de Puerto Rico y 90 migrantes positivos por COVID-19 en otro de la misma zona.
Respecto a este último asunto la edil moganera leyó la orden del consejero de sanidad por la que se dispone el aislamiento obligatorio de las personas migrantes irregulares que resulten positivos en COVID-19, que recoge en su apartado séptimo lo siguiente: “Según informe de la Dirección General de Salud Pública de 20 de noviembre de 2020, relativo a fuga de inmigrantes infectados por SARS-CoV-2 de los establecimientos de acogida, desde el pasado 11 de noviembre de 2020 dicho centro directivo ha tenido conocimiento, a través de información suministrada por organizaciones encargadas de asistir a los inmigrantes irregulares, que se ha producido un aumento en los abandonos de estas personas de los establecimientos de acogida de la isla de Gran Canaria, entre los que se incluyen un total de 35 personas que se encontraban en aislamiento por ser casos confirmados de Covid-19 que se encuentran en paradero desconocido, hecho del que se ha informado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, suponiendo un evidente riesgo para la salud pública de la población de Canarias que debe ser corregido a la mayor prontitud”.
En este escrito la Consejería de Sanidad afirma tener conocimiento de que no se está respetando el confinamiento por parte de inmigrantes positivos de COVID-19, existiendo algunos casos aislados en los que salen a la calle “poniendo en peligro al resto de la población”, e incluso llegando a ser localizados por las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en los “controles aleatorios rutinarios en los aeropuertos con tarjetas de embarque para viajar a la península”.
Para Bueno, lo relatado supone “un problema más añadido a las zonas turísticas y a la población de Gran Canaria”. Pero para la edil, es igualmente preocupante que ONGs de la península están en Gran Canaria buscando terrenos privados para levantar campamentos así como edificios vacíos para acoger migrantes, cuando el Estado asegura que hay terrenos disponibles de Defensa para esta actividad.
La alcaldesa moganera así como las entidades presentes quieren devolver a las zonas turísticas su actividad natural porque consideran la situación actual es “insostenible de cara a recibir al turismo a partir de 2021” y, por tanto, un impedimento a la recuperación del sector turístico que es el principal motor económico de estos territorios.
También se ha puesto sobre la mesa la percepción que de Canarias, y en particular de Gran Canaria, puede tener en este momento el principal país emisor de turistas, Reino Unido. Según Bueno, dos turopoeradores ya han traslado al alcalde de Santiago del Teide que al mercado británico está llegando la información de que los turistas de ese país tendrían que compartir los hoteles con las personas migrantes. “Esa imagen no la podemos mantener a partir del 31 de diciembre porque de lo contrario los turoperadores desviarán los turistas a otros destinos o directamente impedirán que el turismo venga a Canarias”, ha afirmado la alcaldesa moganera.
Bueno ha recalcado que “el Estado tiene que derivar a estar personas a la península porque Canarias se encuentra desbordada y no puede convertirse en una Lampedusa. Hasta 11 Comunidades Autónomas han ofrecido ya sus infraestructuras para recibirlos”, ha expresado.
La alcaldesa ha confirmado que a partir de la próxima semana se comunicará a los 10 establecimientos que en estos momentos alojan migrantes en Mogán de las actuaciones previas a llevar a cabo por el Consistorio, entre las que se incluye otorgar a los establecimientos turísticos un plazo de un plazo de diez días para que presenten las alegaciones y documentos de prueba que estimen pertinentes. La puesta en marcha de los expedientes sancionadores se encuentra amparada en varias leyes como la 2/2013, de 20 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias que en su artículo 23 reza: “Es deber de los titulares de los establecimientos turísticos destinarlos al ejercicio de la actividad turística, de alojamiento o complementaria, conforme a la calificación de uso asignada a la parcela por el planeamiento, y la del inmueble construido en ella según la licencia obtenida en el momento de su edificación”.
La Ley protege el deber de estos establecimientos de atenerse al uso turístico y su incumplimiento se encuentra tipificado como muy grave en el artículo 75.14 de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias. En este sentido se manifiesta también la legislación urbanística, cuya defensa es competencia de los ayuntamientos. El artículo 372.3.b) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias reconoce como infracción grave “La implantación y el desarrollo de usos no amparados por los títulos o requisitos de intervención administrativa habilitantes que correspondan e incompatibles con la ordenación aplicable”.