Los Ayuntamientos de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, la Confederación Canaria de Empresarios y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas han dicho el pasado 26 de noviembre que quieren que el Estado expulse a los inmigrantes de los 16 hoteles y complejos turísticos del Sur de Gran Canaria “para poder reactivar la economía de las islas”. Que, por cierto, se basan en la ley 2/2013 que es la misma ley que se utilizó (y se sigue utilizando) para intentar expulsar a las personas y familias residentes en suelo potencialmente turístico en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y que lo paró la unión y la organización de dichas familias que interpusieron más de 16.000 alegaciones al PGOU.
Hasta el momento no hemos escuchado a estas instituciones públicas y a estas organizaciones empresariales exigir que este sector turístico, que ha venido trayendo a Canarias hasta 16 millones de turistas el año anterior a la pandemia, respete nuestro entorno, que no siga destrozando nuestro litoral y nuestra tierra, que no bajen nuestro nivel de agua, que no deterioren las condiciones de trabajo de nuestra gente, que no nos hagan más y más dependientes del exterior, que no sigan enriqueciendo a unos pocos a costa del esfuerzo de la mayoría, etc.
Últimamente ha tenido que ser un tribunal de justicia el que ha impedido (de momento) que el Conde de la Vega Grande pueda seguir deteriorando nuestras costas y nuestro territorio con el proyecto de construir más de 4.800 camas y un campo de golf de 9 hoyos porque el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana reclasificó de forma arbitraria dos millones de metros cuadrados de suelo rústico en el Sur de Gran Canaria.
Pagamos con el dinero de todos los sueldos de los responsables públicos de los Ayuntamientos de Mogán y de San Bartolomé de Tirajana. Miles de millones de dinero público (de todos) se han ido enterrando en beneficio de los empresarios turísticos a lo largo de más de 50 años de un supuesto desarrollo en las distintas islas. Y ahora, tanto estos responsables públicos como esos empresarios exigen al Estado que saquen a los inmigrantes de los hoteles donde se alojan para “reactivar la economía de las islas”, léase sus economías.
Estamos hablando de 16 millones de turistas frente a 3.000 inmigrantes, cifras que ninguna persona seria se atrevería a comparar. Y estamos hablando de una Europa que ha saqueado la riqueza de África (y lo sigue haciendo) sin ningún pudor y que ahora pone el grito en el cielo por 3000 inmigrantes mientras nos ha enviado 12, 13 y hasta 16 millones de turistas cada año.
Estos representantes públicos son los que se dedican a organizar manifestaciones sin informar seriamente a la ciudadanía de lo que realmente está sucediendo. Y estos empresarios son los que se están enriqueciendo a costa de nuestros recursos naturales y del trabajo esclavo de nuestras trabajadoras y trabajadores.
Es hora de que los responsables públicos empleen su tiempo (que pagamos todos) en informar con claridad y verdad a la ciudadanía de los derechos de las personas, de todas las personas, de cualquier país, que llegan a nuestra tierra. Es hora de que los partidos no sean partidistas, no se aprovechen del miedo de la gente ni lo utilicen como arma de propaganda política. Es hora de que la dignidad sea la protagonista y no el odio, el enfrentamiento y el rechazo visceral. Es hora de que los poderes públicos diseñen un plan de diversificación de la economía de Canarias y no continuar eternamente con el mismo sistema basado en el monocultivo que nos ha llevado a esta catastrófica situación.
Nuestro pueblo siempre ha sido un pueblo acogedor y agradecido. Tenemos que ser, además, un pueblo que recuerde su historia y que no se deje engañar por los discursos amañados de unos cuantos que sólo buscan seguir disfrutando de sus beneficios a costa del sacrificio y de la muerte. Seguir creciendo en conciencia crítica y solidaria es el camino para no caer en el engaño y la manipulación.
Maspalomas, noviembre de 2020
Asociación TIRAHANAC