- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista insta a la Consejería de Derechos Sociales a impulsar las inspecciones y reglamentar las sanciones a los centros que no cumplan con las condiciones exigida
- “No hay soluciones mágicas que garanticen una vida plena para nuestros mayores, pero sí cinco palabras que deben ser prioridad: registro, autorización, acreditación, inspección y sanción”, ha dicho
Canarias, 14 de septiembre de 2021.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Teresa Cruz Oval ha manifestado este martes en la Comisión de Derechos Sociales que las deficiencias detectadas en determinados centros residenciales de mayores del Archipiélago responden a “un problema estructural que se ha ido gestando en las dos últimas décadas”, una “mala noticia para Canarias” por el que “no podemos pasar de puntillas”.
“No hay soluciones mágicas que garanticen una vida plena, saludable y satisfactoria para nuestros mayores, pero sí cinco palabras que la Consejería de Derechos Sociales debe poner entre sus prioridades: registro, autorización, acreditación, inspección y sanción”, ha dicho.
Cruz Oval considera que es necesario que el Diputado del Común, como responsable de la realización de dicha investigación, de inmediato traslado de las conclusiones de esta investigación a la Viceconsejería de Derechos Sociales, para que ésta “identifique con claridad las infracciones detectadas y se busquen responsabilidades, si las hubiera”.
El fin superior debe ser “articular mejoras en la respuesta a la atención residencial en Canarias” en vez de caer en el error de “poner en tela de juicio las 235 residencias que existen en el conjunto de nuestra comunidad autónoma”. “Hay muchas residencias, la mayoría me atrevo a decir, que funcionan conforme a la normativa que nos hemos dado”, ha subrayado.
La diputada socialista ha recordado que el informe a debate se llevó a cabo en el año 2019, tiempo antes de la pandemia y apenas unos meses después de la toma de posesión del actual Gobierno de Canarias. Es decir, “las deficiencias que en él se detallan no crecen como champiñones debajo de un árbol después de la lluvia, sino que se han generado a lo largo del tiempo”.
Por tanto, es tarea de todos trabajar con responsabilidad para “avanzar en soluciones que impulsen una vida plena, saludable y satisfactoria de nuestros mayores, que tengan visibilidad y, en definitiva, que sus derechos sociales y civiles sean una realidad”. Y esa tarea pasa, entre otras cosas, ha dicho, por “identificar la entidad pública que tiene las competencias de inspección”.
Teresa Cruz ha querido poner en valor todo “lo que ha realizado o está realizando el actual Gobierno de Canarias para garantizar la calidad asistencial”, desde la activación de un Plan de Choque en Dependencia, con una inyección financiera de 600 millones de euros para este año, al refuerzo del servicio de inspección de la Consejería de Derechos Sociales, “pasando de dos inspectores a cinco y ahora con un refuerzo de 11 profesionales más para el servicio”.
Aún así, estima que es necesario seguir profundizando en las medidas de mejoras, por lo que ha animado a la Consejería de Derechos Sociales a desarrollar un plan de inspecciones de Canarias y un reglamento de sanciones, dos tareas pendientes de gobiernos anteriores, así como a elaborar la estrategia de calidad, establecida en la Ley de Servicios Sociales y a diseñar una alternativa convivencial más cercana al hogar que a un hospital.