- El consejero de Presidencia, Teodoro Sosa, y el alcalde de la Villa, Sergio Nuez Ramos, han formalizado el acuerdo de la cesión gratuita del inmueble
- El documento señala que la finalidad para la que se cede el mirador-restaurante deberá cumplirse en el plazo máximo de cinco años
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de septiembre de 2022.- El Gobierno de Gran Canaria ha formalizado la cesión gratuita en favor del Ayuntamiento de Teror del inmueble de su propiedad conocido como Mirador-Restaurante San Matías, situado en la carretera que une este municipio con Arucas, con el fin de que lo destine a albergar espacios formativos diversos, espacios de restauración, escuelas artísticas, centro de creación contemporánea, desarrollo de proyectos de arte social, aulas satélites para la Universidad Popular y Escuela Municipal de Música, así como a algún otro uso complementario de los anteriores.
El acuerdo de cesión, que ha sido formalizado por el consejero de Presidencia, Teodoro Sosa Monzón, y el alcalde de la Villa de Teror, Sergio Nuez Ramos, se refiere a un trozo de terreno, del que una faja de cinco metros de ancho y una superficie de 175 metros se destina a un camino que unirá la carretera de Arucas a Teror con una pista de enlace. Asimismo, dentro de su cabida y linderos, existe una casa destinada a pajar y una era, y también se ha construido un inmueble de forma semicircular, con una planta y semisótano, destinado a parador-mirador con restaurante que cuenta con 652 metros cuadrados de superficie construida.
El acuerdo inicial de esta cesión fue aprobado por el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria en su sesión ordinaria del 7 de junio de 2022. Así, una vez que el expediente fue sometido al período de información pública establecido por la normativa, sin que se presentara ninguna reclamación, y de que, el pasado 9 de agosto, el alcalde de Teror aceptara la cesión, la iniciativa se formalizó este 21 de septiembre.
El acuerdo estipula que la finalidad para la que se cede el inmueble deberá ser cumplida en el plazo máximo de cinco años y que no podrá ser alterada durante los 30 años siguientes, puesto que, si se incumple este requisito, el inmueble revertirá al Cabildo.