El 13 de noviembre de 2002 se hundió el “Prestige”, un petrolero monocasco cargado con 77.000 toneladas de fuel pesado que se accidentó frente a la “Costa da Morte” de Galicia, después de haber sido paseado, mar adentro y sin rumbo fijo durante varios días, hasta que se partió por la mitad.
Nadie duda, 20 años después, en calificar aquel episodio como el accidente medioambiental más grave de nuestro país. Y nadie duda, tampoco, que la información y mensajes que trasladaban la Xunta de Galicia y el Gobierno de Aznar, eran totalmente opuestos a la realidad.
Por ese entonces no había redes sociales ni mensajería instantánea. No hacía falta. Por mucho que se empeñaran en asegurar que se trataba de “unos hilillos de plastilina”, como dijo, el entonces portavoz del Gobierno, Mariano Rajoy, o que “el fuel no tacaría la costa” como afirmó el que fuera Delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa, la realidad era tan dura como las imágenes que se emitían, en toda Europa, de aves muertas y costas teñidas de negro.
Luego llegaron las manifestaciones de una ciudadanía que quería soluciones y responsabilidades políticas, al mismo tiempo que las acusaciones de ser organizaciones izquierdistas radicales, al servicio del BNG, que utilizaban la tragedia como arma política contra el gobierno. Aquel gobierno pasó de aplaudir a los voluntarios que fueron a limpiar las playas, a ponerlos en la picota de sus críticas cuando se organizaron en un movimiento cívico.
20 años después, tras mucho tiempo de vaciarla de presupuestos y de medios técnicos y humanos, la sanidad pública madrileña se partió, como lo hizo el casco del “Prestige”, y a la luz salió, como si de unos hilillos de plastilina se trataran, una verdad muy incómoda: Que, según el Ministerio de Sanidad, Madrid es la segunda comunidad con menor ratio de médicos de atención primaria, con una ratio de 0,68 facultativos por cada 1.000 habitantes. Solo las Islas Baleares tienen una tasa más baja (0,58), si no contamos las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Que, según los indicadores clave del Sistema Nacional de Salud, Madrid es la comunidad autónoma de todo el país con menor personal de enfermería por cada 1.000 pacientes (0.5), en contraposición a La Rioja (0.91), Extremadura (0.89) o Castilla y León (0.88).
Que es la segunda comunidad con menor gasto sanitario público por habitante (1.521,86 euros al año), un bochornoso podio ocupado por Andalucía (1.459,43 euros). La región que menos porcentaje de esa inversión total dedica a atención primaria (10,66%), acompañada por Galicia (11,62%) y Baleares (12,05%),
Que en Madrid se invierte el 11% del presupuesto sanitario en atención primaria, cuando lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es el 25%, y que se está destinando a 78 centros, el personal que es para 40.
Así, cuando el despropósito en la gestión ha llegado a su culmen y el gobierno de Ayuso ha querido minimizar el problema, como ocurrió en Galicia hace 20 años, la ciudadanía ha salido a la calle a exigir soluciones y responsabilidades políticas.
Y como les ocurrió a las más de 150.000 personas que se manifestaron en Santiago de Compostela, las 200.000 personas que se manifestaron ayer en Madrid, también han sido acusadas de izquierdistas radicales que atacan a la Comunidad y de hacer política con la tragedia. El gobierno de Ayuso ha pasado de aplaudir a los sanitarios desde el balcón, a ponerlos en la picota de sus críticas cuando se han organizado en un movimiento cívico.
20 años después, el mismo Partido Popular, pero con diferentes caras, está tomando las mismas medidas y dando los mismos titulares que se dieron con la crisis del “Prestige”. A Ayuso se le empieza a poner cara de Manuel Fraga. Quizás su asesor, Miguel Ángel Rodríguez, debería recordarle que, tras aquella crisis, el PP gallego perdió la mayoría absoluta y también el gobierno.
Christopher Rodríguez.