- El líder de Coalición Canaria, Alejandro Marichal, señala que los denunciados eran conscientes de que “el dispendio del dinero realizado era innecesario, caprichoso y no reportaba un bien a la colectividad”
- Marichal pone en conocimiento de la Fiscalía el empleo de caudales públicos “en beneficio propio, para un grupo reducido de personas, siendo éste torcido e injustificado”
- El portavoz de Coalición Canaria sospecha que el dinero despilfarrado es superior al medio millón de euros, dado que el Patronato de Turismo y el propio Cabildo Insular pudieron colaborar en la celebración
- Marichal solicita que se llame como testigos, entre otros, a Carlos Álamo y a Antonio Morales para esclarecer si los organismos que representan realizaron alguna aportación económica a las jornadas formativas
- Marichal: “Es evidente y hecho notorio, que en tres días no se hacen todas las contrataciones. La tramitación fue un paripé”
El portavoz de Coalición Canaria San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, ha presentado una denuncia penal contra la alcaldesa del municipio, Concepción Narváez; Francisco José García, alcalde de Santa Lucía de Tirajana; y las hermanas interventoras de los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y de Santa Lucía de Tirajana, (respectivamente), Tania y Noemí Naya; así como a “aquellas otras personas que puedan aparecer como responsables penales de hechos que indiciariamente constituyan delito en la preparación, adjudicación y ejecución del I Congreso Administración Local y Funcionarios con Habilitación Maspalomas- Santa lucía 2022”, tal y como señala Marichal en el escrito presentado.
El líder de Coalición Canaria expone en su denuncia que las interventoras decidieron organizar unas jornadas formativas pagadas con “el dinero que ellas tienen en custodia en sus ayuntamientos, y donde sólo acudirían las personas elegidas por ellas, tanto para las ponencias como para la general asistencia”. Para ello, explica Marichal, obviaron las posibilidades que en materia de formación ofrece -en el caso de los funcionarios con habilitación nacional- el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local y sus Colegios Territoriales, los cauces de formación de la Federación Española de Municipios y Provincias, o el propio Instituto Nacional de Administraciones Públicas
Así, los hechos que se ponen en conocimiento de la Fiscalía es el empleo de caudales públicos por los responsables políticos y funcionarias denunciados en beneficio propio, y que supuso el “despilfarro, derroche, dispendio, gasto excesivo y superfluo” para la celebración de las denominadas jornadas de administración local, celebrada del 16 al 19 noviembre, en el Hotel Riu Palace Maspalomas. “Para tener una imagen clara del gasto, sólo hay que compararlo con la organización y desarrollo de la Conferencia Ministerial de la OCDE, donde Maspalomas fue sede del mundo digital del 13 y el 16 de diciembre, aquí acudieron 50 delegaciones oficiales y 20 ministros y costó 70.000 euros, de ahí hasta 500.000 euros, hay mucho dinero de diferencia”.
Los hechos constatados para la organización, desarrollo y celebración del denominado ‘Congreso del Lujo’, expone Marichal, se entienden son legalmente constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos de los artículos 432 1 en relación con el artículo 252 del Código Penal, que sanciona la Administración desleal que comete quien “teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado al producirse un menoscabo al patrimonio público provocado por un ejercicio exorbitado de las funciones encomendadas”. En este sentido, explica el líder de Coalición Canaria, “la actividad desplegada por los denunciados consistió en destinar el dinero de todos los ciudadanos a la finalidad privada de conciertos privados de los mejores artistas a nivel nacional, almuerzo de lujo con degustación de exquisiteces, exhibiciones de danzas privadas de la reina del carnaval de Maspalomas año 2021 y un largo sin fin de extravagancias ante el asombro de los españoles de bien”.
También, continúa Marichal en su denuncia, “se estima que los hechos puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal, son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa del 404 del Código Penal que castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo por cuanto los denunciados han obviado por completo el procedimiento establecido, actuando con desviación de poder, acordando de manera previa el resultado de la adjudicación, y haciendo que el papel y la presentación formal de la oferta por la empresa adjudicataria fuera una actuación ficticia sin contenido real, y todo ello a conciencia de que su actuación era desviada”.
El portavoz de Coalición Canaria, Alejandro Marichal, señala que las conductas de los denunciados suponen “una merma para el bienestar de los ciudadanos de los municipios implicados, y las resoluciones dictadas lo han sido a sabiendas de su injusticia, ya que los denunciados eran conscientes de que el dispendio del dinero realizado era innecesario, caprichoso y no reportaba un bien a la colectividad, sino a un grupo reducido de personas, siendo el mismo torcido e injustificado”.
Marichal señala que se da traslado al Ministerio Fiscal de aquellos hechos a los que se ha tenido acceso dado el “absoluto hermetismo” al que han sometido los denunciados todo aquello relacionado con el evento de las jornadas. Así, no se conoce el número de traslados en avión que se realizaron a cargo de la organización, los coches de alta gama utilizados para los desplazamientos en la isla, el régimen y motivo por los que fueron trasladados los acompañantes de los asistentes, el número de artistas contratados y el caché de cada uno de ellos, y así una larga lista de detalles que hacen que su determinación a lo largo de la investigación vean como se colman más de un tipo penal de los que protegen el bien jurídico del correcto funcionamiento de la administración pública. “Es evidente y hecho notorio, que adjudicado el contrato el día 14 de noviembre para su ejecución en tres días, resulta imposible proceder a la contratación de artistas como Dani Martín (con entradas agotadas para todos sus conciertos en la península con meses de antelación), bloquear más de 20 habitaciones en temporada alta en el Hotel Riu Palace Meloneras, así como los traslados de los ponentes en los escasos días. Todo fue un paripé”.
También se tiene la sospecha de que el dinero despilfarrado sea superior al de medio millón de euros, dado que el Patronato de Turismo y el propio Cabildo Insular podrían haber participado económicamente en su desarrollo, según se comprueba en el propio folleto de las jornadas. Por este motivo, señala Marichal, y “al amparo de las facultades que ostenta el Ministerio Fiscal, y sin perjuicio de aquellas indagaciones de las conductas que puedan ser constitutivas de infracción criminal, deberán ser llamados como testigos, algunos de los técnicos que pudieron estar implicados en el proceso de licitación y adjudicación, así como Carlos Álamo, en su condición de presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria para que, además de aquellas cuestiones que el Ministerio Fiscal estime oportunas, señale la aportación económica del mencionado patronato a las jornadas, en las que figura el logo organismo como patrocinador. También, Antonio Morales, en su condición de presidente del Cabildo de Gran Canaria, a los efectos de que, además de aquellas cuestiones que el Ministerio Fiscal estime oportunas, señale la aportación económica del Cabildo dado que figura el logo del organismo como patrocinador.
Por todo ello, Marichal solicita al Ministerio Fiscal que “con el escrito presentado quede formulada la denuncia penal contra las personas reseñadas, y que formule acusación (previa la práctica de las diligencias de investigación que se estimen necesarias) por la constatada existencia de indicios de delito contra las personas denunciadas y aquellas otras que puedan aparecer como responsables penales de hechos que indiciariamente constituyen delito en la preparación, adjudicación y ejecución del I congreso administración local y funcionarios con habilitación Maspalomas- Santa lucía.