El dirigente de NC cree que el resultado no es extrapolable al conjunto de la conectividad y exige a Madrid el cumplimiento de los compromisos adquiridos
El dirigente de Nueva Canarias (NC) y diputado en el Congreso hasta mediados de la actual Legislatura de las Cortes Generales, Pedro Quevedo, advirtió hoy de que el establecimiento de una experiencia piloto de la Obligación de Servicio Público (OSP) en un trayecto aéreo entre Canarias y la Península tiene un inconveniente. Avisó de que un resultado parcial no es extrapolable al conjunto de las rutas del Archipiélago con el resto del Estado. Quevedo exigió al Gobierno estatal que cumpla los compromisos adquiridos para gestionar, en la Unión Europea (UE), la fijación de las OSP para el conjunto de la conectividad en base a la consideración de las islas como Región Ultraperiférica (RUP).
El dirigente de NC valoró como bueno que “ahora se empiece a hablar” de las obligaciones de servicio público. Era, recordó Quevedo, un “anatema” desde que, en 2018, los canaristas progresistas comprometieron al Ejecutivo estatal y a dos ministros del gabinete de Pedro Sánchez para llevar a cabo las gestiones ante las autoridades comunitarias.
La existencia de, al menos, 160 rutas declaradas como OSP en el espacio de la Unión. Entre ellas, las conexiones entre Almería y Madrid, Menorca y la capital del Estado y todas las conexiones interinsulares de Canarias, según Quevedo, son la constatación de que “funcionan” y existe cobertura legal para su establecimiento.
En opinión del dirigente de NC, la puesta en marcha de una experiencia piloto tiene un “inconveniente”. Advirtió de que un resultado parcial “no va a ser extrapolable” al conjunto de la conectividad de Canarias con la Península, que es el “compromiso adquirido por el Gobierno estatal”.
“¿Puede alguien estar pensando que, con la experiencia piloto, se sustituye el fondo, que es que las OSP se tienen que establecer para el conjunto de la conectividad entre Canarias y el resto del Estado?”, preguntó. Los resultados de una sola experiencia tienen un “sesgo enorme y son de dudosa eficacia”, alertó.
Con los antecedentes que existen en Europa y el Estado español, defendió que la solución pasa por “cumplir con lo acordado en su momento y lo comprometido” por dos ministros, José Luis Ábalos y Raquel Sánchez, para vigilar la evolución de los precios e instar en Bruselas al establecimiento de las obligaciones de servicio público, que permiten fijar precios de referencia, para controlar los incrementos abusivos.