- Además se pudo constatar mediante los datos obtenidos en el tacógrafo, que durante los tres meses anteriores este había ejercido la conducción de forma ininterrumpida en el tiempo de la condena de privación del derecho a conducir
08 de junio 2023.- La Guardia Civil investigó a una persona el pasado día 24 de mayo de 33 años de edad por un delito continuado contra la Seguridad Vial, al conducir un vehículo a motor de forma reincidente tras haber sido privado del permiso de conducir por sentencia judicial en la isla de Gran Canaria.
La Guardia Civil realizó un control específico de transportes por carretera, a la altura del P Km 24.000 de la autopista GC-1, en el que procedieron a dar el alto a un vehículo camión, inspeccionaron la mercancía que transportaba y comprobaron el cumplimiento de las condiciones administrativas del vehículo y de su conductor, al que se le solicitó el permiso de conducción del conductor comunicando el mismo que no lo portaba en ese momento.
Por tanto, los agentes llevaron a cabo las gestiones pertinentes y efectuaron la consulta correspondiente en la Base de Datos de la DGT, arrojando un resultado de que al mismo le consta una pérdida temporal de la vigencia del permiso de conducir por resolución judicial, por lo que se solicitó al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, las gestiones oportunas para el esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, de las investigaciones realizadas con la Jefatura Provincial de Tráfico, y tras el estudio y análisis de los datos referidos a los tres meses anteriores descargados de la Tarjeta del conductor, los cuales constaban en la Unidad de control del dispositivo tacógrafo instalado en el vehículo, se pudo constatar que dicho conductor había ejercido la conducción de forma ininterrumpida durante el tiempo de la condena de privación del derecho a conducir.
Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Telde (Las Palmas).
Conforme a lo establecido en el vigente Código Penal, el delito de conducir vehículo a motor o ciclomotor de forma continuada tras haber sido privado cautelarmente de la autorización administrativa para conducir por decisión judicial, se encuentra castigado con pena de prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficios a la comunidad de treinta y uno a noventa días.