El Muelle de Arguineguín vuelve a verse afectado por el hacinamiento de cayucos. Un total de 26 permanecen ahora mismo en la instalación portuaria, 7 de estos hundidos en el mar. El Ayuntamiento de Mogán exige a la Delegación del Gobierno en Canarias que retire de forma inmediata estas embarcaciones, que suponen un riesgo potencial para la seguridad de las personas y bienes que las rodean por la cantidad de residuos e incluso combustible que todavía portan.
Esta problemática no es nueva. En septiembre de 2019 ya se produjo una acumulación de este tipo embarcaciones y en 2020, con la intensificación de la crisis migratoria, la situación empeoró considerablemente. Entonces, tras reiteradas solicitudes formales –cuatro– remitidas por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, a la Delegación del Gobierno en Canarias, Salvamento Marítimo llegó a realizar la retirada. Hasta en tres ocasiones más fue el Ayuntamiento de Mogán quien favoreció la actuación de retirada así como posterior limpieza y desinfección de las instalaciones en coordinación con la entidad que ostenta la competencia del muelle.
Ahora el hacinamiento vuelve a repetirse en Arguineguín por la incesante llegada de personas migrantes a las costas del archipiélago, lo que podría derivar en un grave problema de salud pública porque los cayucos están repletos de enseres, residuos e incluso combustible, siendo parte de este último vertido al mar. En el fondo del muelle hay gran cantidad de restos, ya que siete cayucos se han terminado hundiendo en el lugar con el paso del tiempo.
A lo descrito hay que añadir que esta acumulación obstaculiza la maniobra de los barcos en el puerto y genera una la imagen perjudicial en una zona de gran atracción turística.
En este tema debería de intervenir el Gobierno de España.
Los municipios costeros, y en especial Mogán, se ven afectados de lleno por el tema de la migración, fallecidos a los que hay que enterrar, cayucos a los que hay que sacar del agua…
Si, los migrantes no llegan en pateras a Tejada, pero tampoco llegan a Madrid.
Que el Gobierno de la nación asuma toda la responsabilidad.