Pere Granados, alcalde de Salou y presidente de la Asociación Turística de Municipios de Sol y Playa ha sido uno de los participantes del XI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas Costa Canaria, donde ha intervenido como moderador en la ponencia de ‘La Turismofobia’, donde han estado presentes, Jéssica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias; Jafar Jafari, director fundador de Annals of Tourism Research y Pilar Crespo, directora regional para España y Portugal en Booking.com.
El alcalde de Salou mantiene que cuando se habla de turismofobia es muy importante centrar el foco donde esta se genera: “Se genera en ciudades donde de repente vienen muchos turistas a visitarlo y no estaban preparados”. Granados mantiene que Salou se ha hecho grande como municipio gracias al turismo. “Somos producto del turismo, no podemos tener turismofobia”, ha explicado.
Asimismo, resaltó que además de los servicios de cada municipio de cara al turista, tiene que haber acciones políticas que ayuden a paliar los posibles efectos negativos que pueda tener el turismo como cualquier otra industria. Sin embargo, el desconocimiento de los beneficios de este sector es uno de los factores determinantes para que se produzca este rechazo. “Los beneficios del turismo no solo son en términos económicos o en creación de puestos de trabajo, también hay un aspecto de transmisión de valores y cultura que hace que las sociedades donde hay turismo seamos más tolerantes y mucho más integradoras”, aseveró.
En este sentido, también expresó la importancia de conocer quién fomenta este rechazo, pues si bien es cierto que parte tiene origen en los efectos negativos que produce en la sociedad como el ruido o las molestias, otra parte se origina en los grupos políticos antisistemas. “Han cogido el turismo como algo malo cuando en realidad tiene toda una serie de cuestiones positivas irrenunciables”, destacó.
Finalmente, Granados habló de los datos que recoge Salou, con 30.000 unidades de viviendas registradas, 11.000 suponen primeras residencias, mientras que en las 19.000 restantes no vive nadie. De estas, 7 mil cuentan con licencia, según la normativa catalana, para poderlas explotar como turísticas y ahora la Generalitat de Catalunya ha dictado un decreto para la regularización de los usos de los apartamentos turísticos regulados por actividades, teniendo que reducir de 7.000 a 4.100. “Esto supondría perder 600.000 pernoctaciones al mes, perdiendo generación de economía, vida del comercio y la restauración y sobre todo, puestos de trabajo”, manifestó.
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