El Juzgado de Instrucción Número 2 de San Bartolomé de Tirajana investiga un presunto caso de trato de favor en la toma de posesión de un funcionario en Santa Lucía de Tirajana. La denuncia fue presentada por uno de los partidos que conforman la oposición, la agrupación política La Fortaleza, en concreto, por la concejala Ana Mayor y va dirigida contra el actual alcalde, Francisco García, la interventora, Noemí Naya y a Antonio López, trabajador supuestamente beneficiario y ex director insular de Empleo del Cabildo de Gran Canaria.
“Nosotros interponemos esta denuncia en el mes de noviembre cuando somos conocedores de la entrada de un funcionario, que consideramos que su expediente estaba cerrado. El proceso selectivo por el que ha entrado no es el adecuado”, explica Mayor. La concejala denunciante mantiene que desde la agrupación consideran que “hay un supuesto delito detrás de este nombramiento”, ya que fue un proceso selectivo convocado entre 2018 y 2019 y que se cerró en 2021.
Las bases de la convocatoria especificaba que para poder acceder al puesto de funcionario había que cumplir con unos aspectos generales y específicos, y en esos aspectos específicos se establecía un periodo de prácticas “El problema es que no culminó el procedimiento de la convocatoria para optar a la plaza porque no hizo las prácticas, alegando que era en aquel entonces, el director insular de Empleo del Cabildo de Gran Canaria”, asegura.
El procedimiento se cerró con un decreto en noviembre de 2021, donde se menciona que López fue nombrado en prácticas pero no se presentó, por lo que no fue incluido como opositor apto al no completar el peróxido de prueba: “Él presentó una alegación indicando que se le convalidase las prácticas con su plaza en otra institución y eso no lo contemplan las bases, por lo que se desestimó”. 2 años y medio después, el 31 agosto de 2023, Antonio López es cesado de su cargo en el Cabildo insular y apenas un día después comienza su periodo de prácticas en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
“Consideramos que era una convocatoria cerrada, donde se habían especificado que funcionarios habían optado a las plazas y habían aprobado el periodo de prueba y queda constancia de que este señor no se presentó a dicho periodo para realizar la última fase del procedimiento”, mantiene. El alcalde del municipio mantiene que esta denuncia es una venganza política por parte de la agrupación la Fortaleza, que formaba parte del grupo de gobierno durante la anterior legislatura: “Es una excusa bastante simple a una metedura de pata administrativa”.
Ana Mayor reconoce que el partido no está preocupado por estar fuera del gobierno, ya que realiza su labor de fiscalización en la oposición. “Si hubiésemos estado en el grupo de gobierno, lo hubiéramos parado porque consideramos que es una ilegalidad”, reconoce. El juez no ha desestimado ninguna de las propuestas en la denuncia presentada por Mayor. Actualmente se encuentra en un procedimiento de diligencias donde se tomará declaraciones a los denunciados y testigos, a la espera del dictamen del juez. El próximo día 16 de enero comparecerán en sede judicial.