- Davinia Ramírez, concejala de Urbanismo: “La suspensión será hasta que la empresa aplique de forma contundente y definitiva las medidas”
- Alejandro Marichal: “El objetivo de Urbanismo es apostar por la renovables pero defendiendo los derechos y el bienestar de los vecinos”
La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha dictado una orden de ejecución para ordenar, a la entidad Yerbabuena, que adopte medidas correctivas que permitan minimizar el levantamiento de polvo que se está produciendo a causa de las obras de instalación del parque fotovoltaico en Juan Grande. La concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez (CC) explica que las medidas que deben llevarse a cabo para “velar por la seguridad y salud de los vecinos afectados por las obras” son además de regar y compactar el terreno sobre el que se trabaje, deberán verter y extender picón en las zonas de tránsito de los vehículos; se añade la obligación de contar con un retén que se ocupe los días festivos y no laborales de empapar los terrenos a fin de evitar la emisión de polvo en suspensión los días de inactividad.
La concejalía de Urbanismo ha notificado la orden a la compañía indicándole que la paralización de las obras será “hasta que la empresa aplique de forma contundente y definitiva las medidas s”, destaca Ramírez.
De esta manera, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana endurece las medidas que deben aplicar las empresas obrantes dado que, tal y como recuerda el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, a pesar de que el pasado 20 de julio el servicio de Disciplina Urbanística emitió una orden de ejecución para que las empresas aplicasen todas las medidas correctoras y de seguridad necesarias para evitar el levantamiento de polvo, “éstas son insuficientes”. Marichal destaca que si bien el objetivo de la concejalía de Urbanismo es “tender la mano para la implantación de energías renovables en el municipio, es también prioritario defender los derechos y el bienestar de los vecinos”.
Cabe recordar que durante el pasado mes de agosto, también se ordenó la paralización de las obras permitiéndose sólo los trabajos de vallado de la zona. Urbanismo exigió a las empresas que a partir de septiembre, fecha en la que se podían retomar los trabajos, se debía “empapar con más frecuencia las parcelas sobre las que se trabajase para hacerlo sobre terreno mojado y debía crear caminos de gravilla para que los camiones y maquinaria pesada circulasen por ellos”. Si bien las empresas han mostrado su total predisposición a adoptar dichas soluciones se “ha vuelto a generar malestar en los vecinos, motivo por lo que se desde el área se procede a endurecer las medidas correctoras”, concluye Marichal.