- La Junta de Personal alerta de un posible delito de prevaricación que, de confirmarse, denunciarán en los tribunales
A pesar de los retirados desmentidos en todos los medios de comunicación del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, la Junta General del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha aprobado este lunes la privatización de dos de sus ocho parques de bomberos, sin informes que así lo avalen. El contrato, por importe de casi 2,5 millones de euros, se tramitará por el procedimiento de urgencia y para un periodo de doce meses.
Con los votos en contra de Telde, Mogán, Santa María de Guía y el Gobierno de Canarias, el resto de la Junta General compuesta por 19 municipios de Gran Canaria, han votado favorablemente para externalizar el servicio que prestan dos parques de Bomberos del Consorcio, concretamente los de La Aldea de San Nicolás y San Mateo, este último, además, cubre toda la zona de la cumbre, por estar Tejeda cerrado.
De esta manera quedará en manos de una empresa privada la prestación del servicio de bomberos de los municipios afectados que son, de manera directa, San Mateo, Santa Brígida, Tejeda, Artenera, La Aldea y por efectos de respuesta dual y apoyo, Valsequillo, Valleseco, Teror, Moya, Mogán, Gáldar y San Bartolomé.
Déficit de personal
La justificación para realizar tal privatización según el Cabildo de Gran Canaria, gobernado por Nueva Canarias, a través del presidente del Consorcio es, que, debido a las sentencias ganadas por los bomberos en materia de jornada, hay un déficit de personal que hay que resolver de manera urgente e inmediata.
Los bomberos por su parte, indican que no existe tal justificación, dado que las sentencias datan del año 2019, y además precisamente existe una oferta pública de empleo con 51 plazas de funcionarios aprobadas mediante pacto conjunto de 31 de octubre de 2023, pero cuya publicación en el Boletín Oficial se ha paralizado, para así poder justificar la medida de privatización que en realidad atiende a una actitud de represalias contra los bomberos por estar obteniendo la razón en el Tribunal Supremo.
Presunta prevaricación
La Junta de personal que representa a los bomberos, así como los sindicatos mayoritarios, han registrado antes de la votación en la sede electrónica de todos los ayuntamientos, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias y el propio Consorcio, un escrito informe de 50 páginas que contiene toda la información jurídica que impide acometer esta externalización y las consecuencias a las que estarían sujetos si así se produce.
Según dicho informe y las normas y jurisprudencia que en él se citan, los cuerpos de Bomberos deben estar integrados en la administración pública mediante una gestión directa y sus recursos humanos deben ostentar siempre la condición de funcionarios públicos. De hecho, los propios Estatutos y la relación de puestos de trabajo del Consorcio de Emergencias así lo establece y todo su personal es funcionario, por lo que su organización y la dirección del servicio debe ser prestada por personal funcionario y no personal de empresas privadas.
Destrucción del servicio público
Los bomberos iniciarán todas las acciones judiciales que resulten necesarias en todos los ámbitos, a medida que el Consorcio y el Cabildo inicien el proceso. Además, aseguran que ni al Cabildo de Gran Canaria gobernando por Antonio Morales, ni a quienes dirigen el Consorcio, les ha importado este servicio durante los últimos 10 años, y prueba de ello es la deterioro que están haciendo del mismo que atiende a un repliegue táctico de “tierra quemada” en el que viendo que lo están perdiendo todo, solo les queda dejar el servicio público destruido, como justificación para adoptar otras medidas.
También muestran su gran preocupación porque justamente hoy el Gobierno de Canarias declaró especial prealerta del Plan Canario de Protección Civil y Atención de Emergencias por incendios forestales (INFOCA), debido a el elevado riesgo de incendios que presentan los montes de las islas y en este sentido Gran Canaria es la que mayor zona de interfase forestal tiene, que es la zona que las viviendas se ven afectadas por este tipo de incendios y que son competencias de los Bomberos del Consorcio, siendo las zonas de cobertura de los parques que se privatizan las más afectadas, dejando en manos de empresas esta situación de alto riesgos para la ciudadanía.
Una vergüenza lo de estos señores políticos al frente de los bomberos, si los jueces les dan la razón ante ustedes poderosos que lleváis la sartén por el mango es porque la tienen, de eso no cabe duda, No estáis acostumbrados a que se les plante cara a estos políticos anacrónicos que no respetan ya ni el estado de derecho, alargando agónicamente la ejecución de las sentencias, hagan ustedes cuando moneo resto de administraciones pongan personal funcionario y pagen lo que corresponde a un servicio esencial que está gente salva vidas y nos protegen a todos, incluidos ustedes sínvergüenzas. Los ciudadanos de Gran Canaria pagamos los mismos impuestos que en el resto de islas, o no? Nueva canarias esto lo van a pagar,