La sección sindical de UGT en el ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, exige al Alcalde Francisco García, que tome cartas ante el presunto acoso y derribo que está sufriendo un funcionario que fue despedido ilegalmente el 15 de diciembre del 2023 y de las órdenes oportunas para que no se recurran las dos sentencias que condenan al ayuntamiento a restituir en el puesto de trabajo al funcionario cesado. Cese, cuya ilegalidad había sido advertido por la mayoría de los técnicos y abogados del ayuntamiento.
UGT lamenta que el Alcalde no haya exigido a la Concejala de RRHH, Ofelia Alvarado la ejecución inmediata y en los términos dispuestos en la medida cautelar dictada por la juez en febrero pasado, y por el contrario, no se haya restituido a este trabajador al puesto ocupado antes de su cese.
En las dos sentencias dictadas por la Juez de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Las Palmas, este pasado 2 de mayo, declara la no conformidad a derecho de las actuaciones administrativas realizadas por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana frente al citado funcionario y además condena en costas al ayuntamiento.
Era tal flagrante y temeraria la ilegalidad del despido, que muchos técnicos y letrados del ayuntamiento advertían de la violación del derecho administrativo al Alcalde, pero éste con el asesoramiento especial del Secretario General del Ayuntamiento, procedió al despido de este funcionario ignorando las advertencias de otros altos funcionarios a los que estas dos sentencias viene a dar la razón.
Esta situación también fue advertida de inmediato por la Junta de Personal, máximo órgano de representación del personal funcionario en el Ayuntamiento, mediante escrito dirigido al Alcalde y al Secretario; resultando obviado y continuándose en el empeño de despedir a este funcionario.
Un mes y medio después del despido, la Jueza dictó medidas cautelares y urgentes en las que se ordenaba al Ayuntamiento a restituir de inmediato al funcionario en su puesto de origen, pero la Administración, nuevamente, decide ignorar el estricto cumplimiento del auto judicial, acordando el traslado del funcionario a otro servicio y ubicándolo en un despacho que inicialmente servía como archivo.
A pesar de estas dos sentencias que vienen a demostrar la anomalía democrática y de la interpretación retorcida del derecho administrativo en el Ayuntamiento para justificar un despido a todas luces improcedente, se une ahora otra denuncia interpuesta por este mismo funcionario, ante el manifiesto incumplimiento a la orden dada por la Jueza en el mes de febrero, donde el Alcalde, nuevamente, y ante el enfado por este revés judicial, no ejecuta escrupulosamente el auto de su señoría.
El Ayuntamiento de Santa Lucía contrato un despacho de abogados externos para que defendiera la posición de la Administración y del Secretario General, con un coste de casi 15 mil euros para las arcas municipales.
La apelación de estas sentencias para no tener que ejecutar la sentencia de forma inmediata y restituir a este funcionario a su puesto de trabajo, supondría una duplicidad en el coste de esta sinrazón que se sostiene con dinero de todos los ciudadanos.
Desde UGT Santa Lucía, exigimos al Alcalde de Santa Lucía, que evite continuar gastando dinero público, en este tipo de actuaciones contra los funcionarios públicos, y restituya al funcionario afectado de forma inmediata a su puesto de origen dando cumplimiento escrupulosamente al fallo judicial y no seguir desplazando a este trabajador.
La actitud del grupo de gobierno de Nueva Canarias y Partido Socialista en Santa Lucía está consiguiendo una fuga máxima de técnicos, pues en menos de cuatro meses, 4 técnicos de administración general del ayuntamiento han solicitado el cese voluntario en sus puestos para irse a trabajar a otras administraciones públicas, y posiblemente en las próximas semanas otros dos técnicos pidan también su cese voluntario, todo ello por la presión insostenible, el caos administrativo, el cúmulo de trabajo por la escasez de personal y las retribuciones más bajas de los ayuntamiento de Canarias, ostentando la misma o superior población.
UGT exige al Alcalde, Francisco García que asuma personalmente las negociaciones para mejorar, de inmediato, el funcionamiento interno de la administración, dado que la conflictividad en el último año crece de forma exponencial cada día.
Es lamentable para UGT que dos partidos que se vanaglorian de ser progresistas, tengan a su personal sin acometer mejoras sociales y laborales, manteniendo derechos que tienen más de 20 años sin modificarse, situación que no pasa en la mayoría de las empresas privadas de este país.
Completamente de acuerdo, aunque sería conveniente resaltar que el despacho que ha defendido los intereses del funcionario y ha obtenido los pronunciamientos favorables en la pieza de medidas cautelares y en los dos procedimientos, ha sido el despacho Milicua Ramos Asesoría Jurídica, y no ningún sindicato.