El 22 de febrero se publica en España la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (C-59/22, C- 110/22 y C-159/22,) en respuesta a varias cuestiones prejudiciales planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación con los abusos de contratación y las medidas procedentes en aplicación de la Directiva 1999/70/CE Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada.
Posteriormente, el 13 de junio llega la esperada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) en los asuntos C-331/22 y c-332/22 que tenían por objeto las decisiones prejudiciales planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 17 de Barcelona, mediante autos de 12 de mayo de 2022 y de 6 de mayo de 2022.
En ésta última se establece una vez más que la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público no solo no cumple con la Cláusula 5 del Acuerdo Marco al no garantizar que las personas afectadas permanezcan en sus puestos de trabajo sino que los procesos de estabilización no son sanción para la Administración, como tampoco la indemnización que establece resarce al trabajador/a en situación de fraude de ley al percibir ésta, solo en caso de cese y además con un tope.
Por ello el Ministro de Función Pública, Escrivá, ha convocado hoy lunes 17 de junio a través de la Comisión de Coordinación de Empleo Público a las CCAA para analizar el alcance de ésta última sentencia, aunque tras la del 22 de febrero delegó en el poder judicial la responsabilidad para resolver la situación de casi un millar de empleados públicos en todo el territorio español.
Cabe recordar que el TS rechazó en mayo aplicar esta misma sentencia que lanzó el TJUE en febrero de 2024, justificando que los interinos y los fijos son trabajadores distintos ya que los últimos han pasado una oposición con mérito y capacidades y no se puede equiparar su puesto (de ahí que pidiera una aclaración a la justicia europea).
Desde Intersindical Canaria celebramos que la justicia Europa avale nuestra lucha, nuestro discurso y nuestros argumentos en la defensa del colectivo y queremos recordarles a nuestros dirigentes políticos, que los Estados miembros, incluidas las comunidades autónomas, están obligados a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la plena aplicación y efectividad del derecho de la UE en su territorio por lo que es hora de dar un paso al frente contundente y defender los intereses (como hicieron cuando estaban en la oposición) del colectivo de todos los sectores y de todas las Administraciones Públicas de nuestra Comunidad Autónoma.