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Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde: “La claridad en la Ley de 1995 debería frenar las multas sin sentido que se están imponiendo a los propietarios”
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La Plataforma propone que la Ley contemple la correcta definición de establecimiento turístico, apartamento turístico así como reformular el principio de Unidad de Explotación
El primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, acompañó a los representantes de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, encabezada por Maribe Doreste para solicitar que la nueva Ley del Turismo de Canarias “permita desarrollar un modelo socialmente sostenible desde todos los puntos de vista”. La reunión se desarrolló en el edificio del Parlamento de Canarias, y fue atendida por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez; y la diputada del grupo Coalición Canaria, Vidina Espino, quienes atendieron a los ejes que la PALT plantea como “primordiales” para que “el nuevo texto no provoque un desplazamiento poblacional forzoso que lleve al desconcierto a los miles de propietarios confiados en la seguridad jurídica, el respeto a la libertad de residencia, el derecho a una vivienda digna, el derecho de propiedad y la confianza legítima”, explicó Doreste.
Así, los representantes de la PALT plantearon que la Ley debe contemplar y eliminar toda la litigiosidad provocada por conceptos “que deben estar bien definidos”. Estos son, el concepto de Establecimiento Turístico, sobre el que indicaron que “será un establecimiento turístico aquel donde se desarrolle la actividad turística y lo conformarán aquellos apartamentos que estén dentro del establecimiento y desarrollen dicha actividad”. La definición de Apartamento Turístico y Apartamento No Turístico, diferenciando entre aquellos que desarrollan la actividad turística con habitualidad, de los que no. Y en tercer lugar, la reformulación del Principio de Unidad de Explotación, sobre el que Doreste aclaró que “no se trata de poner límite al número de unidades que puedan operar bajo este régimen, siempre y cuando se lleguen a acuerdos con todos los propietarios. Esto asegurará que quienes exploten un complejo lo hagan con capitalización y profesionalidad, mejorando la calidad del turismo en Canarias y promoviendo una empleabilidad sin precariedad y profesionalizada”, aclaraba Doreste.
La presidenta de la PALT enfatizó que la sostenibilidad social consiste en que el turismo “respete la identidad e idiosincrasia de la población, con nuestros usos y costumbres, evitando convertirnos en actores de un parque temático”. Maribe agradeció la ayuda de Alejandro Marichal, “quien sigue convencido de que el Turismo se debe desarrollar en ciudades del siglo XXI, su apoyo constante a la Plataforma de Afectados por la Ley Turística y por su dedicación a solucionar los problemas de los vecinos en San Bartolomé de Tirajana. Su enfoque inclusivo, que respeta tanto a quienes buscan explotar turísticamente sus propiedades como a quienes desean alquilar a largo plazo o residir, es fundamental para aprovechar la heterogeneidad y versatilidad de nuestro territorio como nuestra mayor riqueza”.
Marichal, por su parte, hizo hincapié en la “falta de sentido” que tienen las multas impuestas bajo la ley de 1995, ya que su artículo 42 indica que los establecimientos que no sigan el principio de explotación quedarán excluidos de la oferta turística de Canarias y sólo podrán ser alquilados o arrendados conforme a las disposiciones del Código Civil o a la Ley de Arrendamientos Urbanos. El primer teniente de alcalde argumentó que “esta claridad en la Ley debería frenar las multas sin sentido que se están produciendo”.