-
La Diputación del Común abre una investigación de oficio para supervisar la actuación adecuada por parte de las distintas administraciones públicas
-
Recuerda las recomendaciones hechas el pasado mes de julio por el Defensor del Pueblo en su visita a dos centros canarios
Las Palmas de Gran Canaria a 19 de septiembre de 2024.- La Diputada del Común, Lola Padrón solicita a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, mediante una petición de oficio, gestionar la atención de los menores migrantes no acompañados, “número que supera nuestra capacidad, no solo respecto a su atención inmediata sino a su atención integral, dado que la situación de emergencia se ha prolongado en el tiempo, lo cual ha propiciado la necesidad de autorizar el uso de espacios residenciales, recursos excepcionales para la atención de necesidades básicas, pero es precisa la adopción de medidas que garanticen una adecuada atención”.
La Diputada del Común asegura que con esta medida “se hace necesario recordar los deberes legales establecidos en la normativa de aplicación, en materia de protección de menores, en orden al amparo que por ministerio de Ley se otorga a las personas menores en situación de desprotección, sin perjuicio de los protocolos que se puedan establecer en cuanto a una leal cooperación y colaboración entre las administraciones competentes, con el fin de garantizar la eficiencia en la gestión y la igualdad en el ejercicio de los derechos”.
Desde la Diputación del Común recuerda también a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias que con fecha 30 de julio de 2024 el Defensor del Pueblo tras su visita a los recursos de emergencia habilitados en Hoya Fría y La Orotava en la isla de Tenerife, en sus recomendaciones dirigidas al Ministerio del Interior, a la Secretaría de Estado de Migraciones, a la Fiscalía General del Estado y a la propia Consejería la comunidad autónoma, propuso medidas que implican, entre otras, “la necesaria coordinación entre las administraciones y la coherencia en sus intervenciones, tanto respecto a las personas menores con necesidades de protección internacional, como a menores que se encuentran bajo la tutela de la entidad pública de protección, sin documentar, próximos a cumplir la mayoría de edad”. Lola Padrón estima pertinente recordar la obligación “de todas aquellas actuaciones en las que debe primar siempre el interés superior del menor”.
Garantizar el enfoque de infancia
En atención a lo anterior, como defensorías del pueblo, “desde nuestra función de defensa de los derechos humanos, firmemente comprometidos con la Convención de los Derechos del Niño, debemos garantizar que las actuaciones de las distintas administraciones públicas, con responsabilidad en la atención a personas menores de edad, respondan a su interés superior, primando en todo caso el enfoque de infancia respecto a la condición de inmigrante, en cumplimiento de la normativa de aplicación en materia de protección de menores”.
Padrón señala en su escrito oficial que “preocupa a esta institución la salvaguarda de los derechos de las personas menores extranjeras no acompañadas y cómo se va articular la coordinación entre Administración General del Estado, la Fiscalía y la Comunidad Autónoma para el cumplimiento de sus respectivas competencias, a fin de garantizar la atención y la adopción de todas aquellas medidas que aseguren la protección y asistencia en situación de desprotección con enfoque de infancia, por lo que rogamos nos informe a este respecto, en concreto cómo se va a materializar la coordinación en cada una de las islas que conforman nuestro archipiélago, medios arbitrados a este respecto ajustados a la realidad de cada isla que garanticen la atención y protección con enfoque de infancia”.