El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, se pronunció sobre la continuidad de las subvenciones otorgadas a Rafael Hernández, presidente de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), en medio de la polémica en torno a una investigación judicial en la que se encuentra involucrado Hernández. Ante la pregunta de si el Cabildo continuará brindando apoyo económico a COAG, Morales subrayó que el presidente de la organización no ha sido condenado y, por tanto, sigue siendo merecedor de los mismos derechos que cualquier ciudadano.
Morales defendió con firmeza el principio de presunción de inocencia, recordando que “en un Estado de Derecho, la presunción de inocencia es fundamental para todos”. Según sus palabras, retirar el acceso a subvenciones basándose en una acusación, sin una sentencia condenatoria, supondría una vulneración de los derechos de Hernández y un precedente peligroso para la justicia en la administración pública. “Mientras no se produzca una condena, el Cabildo no tiene derecho a decirle a Hernández que no puede optar a una subvención; puede presentarse como cualquier hijo de vecino”, afirmó el presidente.
El líder insular insistió en que, de existir una condena en el futuro, el acceso a las ayudas públicas quedaría automáticamente restringido para Hernández, como ocurriría en cualquier caso similar. “El día que la justicia le retire sus derechos, no podrá acceder a las subvenciones. Mientras tanto, atacarlo sería irresponsable”, señaló Morales. También destacó que, al igual que COAG, numerosas asociaciones y personas en la isla dependen de subvenciones para llevar a cabo proyectos esenciales, y cuestionar este sistema sin bases sólidas es tanto irresponsable como perjudicial para el desarrollo de los sectores que se benefician de estas ayudas.
En cuanto al uso de las subvenciones otorgadas previamente, Morales aseguró que, salvo una excepción de 2020 en la que faltaba documentación justificativa, COAG ha cumplido con los requisitos de transparencia y justificación. Según el presidente del Cabildo, “como ocurre con cualquier asociación o persona que recibe subvenciones, se le ha requerido que aporte la documentación pendiente para esa ayuda de 2020”, aclarando que se trata de un procedimiento administrativo común y que no implica ninguna irregularidad grave.
Morales también aprovechó la ocasión para responder a las críticas de la oposición, a la que calificó de “irresponsable” por cuestionar el acceso a las subvenciones y “quebrar la democracia en el país, generando polarización y enfrentamiento”. El presidente criticó a quienes, según él, intentan implicar al Cabildo y a otras instituciones en “situaciones sin sentido” y recordó que la justicia será la que decida finalmente sobre el caso de Rafael Hernández.