Llevamos un año asistiendo a un debate intenso en el seno de Nueva Canarias. Durante todo este tiempo las posiciones, lejos de aproximarse, han alcanzado su cenit de desencuentro en las últimas semanas con el anuncio de una de las partes en conflicto de abandonar la organización tras la decisión de la dirección de no plantear acuerdos hasta el congreso de julio. Durante todo este tiempo he mantenido una posición prudente para no contaminar mi papel institucional como presidente del Cabildo de Gran Canaria y para priorizar la estabilidad del gobierno insular que tan buenos resultados está proporcionando al progreso de Gran Canaria. La voy a seguir manteniendo, pero la casi certeza de que las diferencias de posición entre las distintas partes en conflicto dentro de NC no van a acabar en un acuerdo y sí a generar una fractura en la organización que representa al nacionalismo progresista en Canarias me obliga a compartir públicamente una reflexión responsable sobre las consecuencias graves de esa división.
La necesidad de un proyecto nacionalista de progreso en Canarias se ha hecho patente durante todos los años de la democracia: cuando hemos tenido representación en el Parlamento español defendiendo los derechos olvidados de esta tierra, en los gobiernos municipales que han liderado la transformación social y económica de esta isla tras la dictadura de Franco, desde el Cabildo impulsando un modelo de desarrollo ecosocial integrador para Gran Canaria y desde el Gobierno o en el Parlamento canario promoviendo un modelo de bienestar social que garantizara la sanidad, la educación pública o la defensa del territorio.
Con estos antecedentes, me preocupa enormemente que una fuerza que está siendo útil para la vida de nuestra gente y para defender los derechos de Canarias se fracture. Y con más razón si analizamos el contexto estatal e internacional en el que estamos inmersos en el que constatamos el aumento de los totalitarismos y los populismos así como el crecimiento de los movimientos de extrema derecha y fascistas en Europa y en el planeta. Y no nos puede ser ajeno.
La democracia está en crisis en el mundo. Avanzan los totalitarismos y las posiciones excluyentes que expulsan a los sectores vulnerables del disfrute de los derechos fundamentales. La “internacional reaccionaria” se extiende por el mundo. El negacionismo climático, la destrucción de lo público, la quiebra del Estado de Bienestar, de los derechos universales y de los derechos alcanzados se convierten en objetivos estratégicos para la ultraderecha, el ultraliberalismo y la antidemocracia. Crecen la desigualdad y la pobreza mientras unos pocos se hacen cada vez más ricos. La sociedad se polariza con el debilitamiento o la desaparición de las clases medias y la desesperación genera desconcierto y miradas hacia las posiciones extremas que impiden una salida integradora. Y todo esto se nota muchísimo más en territorios frágiles y aislados como el nuestro.
También la guerra comercial que va a desatar la anunciada imposición de Trump de aranceles a las importaciones, incluidas las de sus socios comerciales, puede tener un fuerte impacto en Gran Canaria, ya que tenemos en el Puerto de La Luz y de Las Palmas unos de nuestros principales vectores de diversificación económica.
Tampoco podemos olvidarnos de la importancia que tiene para las islas la construcción de un marco internacional de paz y respeto a la legalidad internacional. Tenemos una posición geoestratégica clave, y la creciente militarización de las relaciones internacionales así como el imperialismo de algunas potencias (Rusia, Israel, EEUU, Marruecos, etc.) puede tener efectos desestabilizadores poniendo en riesgo nuestra seguridad.
En España comprobamos cómo se afianzan los enfrentamientos entre los distintos partidos, lo que genera desafecto y rechazo hacia la política y las instituciones. Vemos también cómo aumentan el desprecio colonial a la realidad canaria y las posiciones conservadoras en gobiernos autonómicos que debilitan los servicios públicos y aumentan el centralismo excluyente. Esto supone una clara amenaza al estado de las autonomías como podemos comprobar, por ejemplo, con el trato injusto e insolidario que se da a Canarias al rechazar de manera sistemática una redistribución solidaria de la acogida de los menores inmigrantes que llegan hasta aquí.
Solo los territorios más autocentrados, con nacionalismos de amplia trayectoria y mucho apoyo popular, están siendo capaces de resistir al avance del centralismo o las políticas reaccionarias, a las que hacen seguidismo en muchas ocasiones los que se llaman partidos de estado como el PP o el PSOE. Siempre hemos defendido, y ahora es más necesario que nunca, que Canarias necesita tener una voz propia y potente en el concierto estatal, con más razones incluso que otros territorios por sus singularidades y por el tradicional olvido que sufrimos de esos poderes centrales.
La crisis de Nueva Canarias coincide con esa deriva totalitaria, geoestratégica y colonial que sufrimos a nivel estatal, continental y planetario. Sustraernos a esta realidad supone una enorme irresponsabilidad. Ahora, más que nunca, tenemos la obligación de apurar todas las iniciativas que se precisen para encontrar una solución racional al conflicto que amenaza terminar en una ruptura y, por lo tanto, en la división y el debilitamiento del nacionalismo progresista en Canarias.
En este contexto es fundamental contar en Canarias con un movimiento político nacionalista progresista, una voz que represente nuestras necesidades en un contexto de cambio de época. Y digo movimiento y no solo partido, porque tiene que ir mucho más allá de lo partidista-institucional y dar la batalla cultural y social en un momento de profunda derechización social y económica. Y lo cierto es que, hoy por hoy, Nueva Canarias es imprescindible para construir ese movimiento.
Dinamitar la fuerza actual del nacionalismo progresista y poner en riesgo las alianzas de izquierdas para los próximos años en las principales instituciones de Canarias es una enorme irresponsabilidad. La división fragmenta este espacio político, lo debilita de manera exponencial y quiebra, por tanto, la posibilidad de conformar gobiernos de progreso en ayuntamientos, cabildos y en la propia comunidad autónoma por mucho tiempo. Rompe la posibilidad de asumir el reto de combatir los efectos del calentamiento global, la carencia de viviendas, las disfunciones del modelo turístico o la desigualdad. Se abre paso al escenario que ya vimos hace unos años cuando Coalición Canaria gobernaba a su antojo utilizando los comodines del PP o del PSOE, según las circunstancias.
Con la ruptura con los grupos independientes, NC se debilita en Gran Canaria de manera notable. Perderá significativamente poder municipal, insular y autonómico. La posibilidad de sumar con grupos minoritarios en distintos municipios no es suficiente.
El conglomerado de grupos independientes, hasta ahora baluarte municipal de NC, se conforma, como todos sabemos, con una importante diversidad ideológica y corre el riesgo de volver a dividirse como en momentos no muy lejanos: la última alianza de NC con Sumar es una buena muestra de ello. Solos no podrán sino afianzar su poder local y, a lo sumo, tener presencia escasa en el Cabildo. La tentación que se podría plantear en esta amalgama independiente de caminar hacia alianzas antinatura provocaría una nueva división, una nueva fragmentación, una menor capacidad de decisión en las políticas insulares y autonómicas.
Estamos ante un momento crucial y solo la generosidad y la altura de miras de todas y de todos puede lograr un acuerdo digno. Diariamente se dirigen a mí ciudadanos y ciudadanas con la esperanza de una respuesta que les asegure la continuidad de una fuerza que está siendo útil para Gran Canaria y para el conjunto de Canarias. Lo que se está debatiendo es mucho más que una reorganización interna y que una discrepancia en una organización de tantas. La trascendencia que el debate está teniendo en la sociedad así lo demuestra.
Creo que es a la actual dirección de NC a la que corresponde una mayor responsabilidad para hacer frente a esta situación: es preciso que se afronte con altura de miras y sin personalismos. No se pueden sustentar las decisiones en mayorías orgánicas con muchísima menos representación institucional y muchísimo menos número de votos que la que representan quienes han planteado el conflicto. No se puede encontrar una salida sembrando bulos (yo entiendo bastante de esto puesto que lo he vivido en mis carnes) o generando inestabilidades. No se puede dar la espalda a lo que plantea el 80% de los cargos orgánicos o públicos de Gran Canaria. No se puede sustituir el debate político por lealtades personales.
Por parte del sector crítico no se deben plantear alternativas de la mano de la improvisación y la precipitación al comprobar que las vías del diálogo se agotan. Sin estrategias, con ambigüedades ante futuros pactos. Una huida hacia adelante para luego ver qué va a pasar es de una fragilidad peligrosa. El pragmatismo no puede sustituir a una determinación ideológica clara.
Reconozco que se ha perdido demasiado tiempo para alcanzar un acuerdo que considero factible y posible. Pero nunca es tarde si el objetivo lo merece. En el nacionalismo progresista no puede sobrar nadie. Estoy convencido de que la mayoría de nuestra sociedad, incluso de quienes no nos votaron, reconoce que un nacionalismo como el de NC es necesario para defender derechos fundamentales de nuestra gente. Es inexcusable responder a esa demanda. En la responsabilidad de todas y de todos está. Insisto: el auge de los totalitarismos, la antidemocracia, el iliberalismo, la ultraderecha, los neofascismos, el negacionismo climático o el desprecio a la realidad de Canarias aumenta la urgencia de buscar un acuerdo. Es una obligación histórica.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria